La organización Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos. Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU) Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes y en el encuestro destacó la necesidad de la Ley General de desaparecidos.
Ciudad de México, 21 de Septiembre (SinEmbargo).- A cinco días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso, y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos.
“La cínica respuesta del Presidente a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”, dijo.
“La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del Presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”, añadió.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de Septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.
Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio de 19 años, fueron identificados, pero aún se desconoce el paradero y la suerte de los otros 42.
Las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por la banda de “Los rojos” y que sus restos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.
Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso.
LA ONU SE REÚNE CON PADRES
En tanto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes. En el encuentro se pidió el respaldo para impulsar la Ley General de Desaparecidos.
Familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, entre ellos el abogado Vidulfo Rosales, recibieron el Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab.
“Aún no sabemos la realidad del paradero y compartimos la frustración de las familias”, pronunció al finalizar la reunión en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Jan Jaran aseguró que la ONU refrenda su respaldo y apoyo para encontrar la verdad y justicia: “nuestra presencia hoy es un signo de apoyo y de que estamos comprometidos a que este caso emblemático se resuelva”.
Durante la reunión se señaló que México necesita una Ley General contra desapariciones para que no vuelva a ocurrir un acontecimiento similar, por lo que familiares pidieron el respaldo al Alto Comisionado. “Este caso no se puede quedar en la impunidad y deben de garantizarse la no repetición de este tipo de hechos”.
A casi dos años de la desaparición de los normalistas, dos personas distintas han encabezado la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que conduce las investigaciones; más de 110 personas se encuentran sujetas a prisión preventiva acusadas por su participación en el caso y ninguna de ellas ha sido declarada penalmente responsable, es decir, condenada por un juez.
El dato más relevante de los días previos al segundo aniversario de este caso es la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, quien ocupaba el cargo de Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
Zerón se encontraba en la mira de los familiares de los estudiantes y del grupo internacional de expertos que coadyuva en la indagatoria y que fue designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos grupos han basado sus denuncias en los hechos difundidos por un video en el que se ve a Zerón deambulando por el lugar en el que, según la versión oficial, fueron calcinados los restos de los estudiantes. También se cree que Zerón “sembró” indicios intencionalmente para que fueran encontrados por los peritos que trabajaban en el área.
La renuncia de Zerón había sido exigida por los familiares de los desaparecidos.
