En vez de disminuir la brecha de la desigualdad social y económica entre los ciudadanos, el Gobierno federal hace todo lo contrario: perdona impuestos y multas a los que más tienen, lo cual no sólo es injusto sino que afecta a la economía en su conjunto, plantearon expertos en políticas públicas consultados por SinEmbargo en torno al perdón de miles de millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria hizo a un puñado de empresas.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La economía de mercado es “desigualadora”. Tiende a premiar a quienes poseen capital, tierra, conocimiento o mano de obra y a castigar a quienes carecen de estos activos, por lo que el Estado debe encargarse de redistribuir la riqueza.
Un instrumento para lograr esta redistribución es el servicio tributario, que puede cargar progresivamente de impuestos a quienes obtienen más ganancias con el fin de disminuir la brecha de la desigualdad.
En México, sin embargo, el Gobierno hace lo contrario: tiende a perdonar a los contribuyentes más grandes y cargar al resto con impuestos sobre los servicios y el consumo, afectando sobre todo a quienes menos tienen.
Así lo explicaron expertos en políticas públicas consultados luego de que este medio reportó que, de acuerdo con una base de datos obtenida por el centro de investigación Fundar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condonó adeudos por más de 48 mil 421 millones de pesos a 607 empresas tan sólo en 2015.
“Eso genera una brecha aún mayor entre la clase baja y media, que sí paga impuestos y tiene retención del Impuesto Sobre la Renta, y las grandes ganancias del capital”, explicó Javier Garduño Arredondo, coordinador del área de Presupuestos y Política Pública de la organización Fundar Centro de Investigación y Análisis.
“Porque si uno ve los informes tributarios, lo que dicen es que México y América Latina tienen porcentajes sumamente bajos de estos impuestos al capital, más progresivos o que sí permiten recaudar entre quienes más tienen, y que nos basamos en impuestos a los servicios o el consumo, o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que no responden a cargar a quienes tienen una mayor capacidad de pago y lo que hacen es seguir aumentando la brecha, la desigualdad”, agregó.
De acuerdo con el investigador, la política de cancelación de adeudos existe en otros países con el fin de ahorrarle a Hacienda recursos humanos en deudas difíciles de cobrar, pero en México se practica sin criterios claros de qué beneficios habrá para el erario o de qué capacidad de pago tiene el contribuyente.
Y así, agregó, si bien cualquier ciudadano podría solicitar alguna condonación por contingencia, problemas de inseguridad u otros motivos, la decisión final de aplicarlas queda en el Servicio de Administración Tributaria que, como muestra la investigación de Fundar y SinEmbargo, tiende a beneficiar a quienes más capital tienen.
“Es el caso de los créditos controvertidos, como las deudas que se litigan para decir que no son justas y que también son muchísimas, y la mayor parte de ellas también son de los grandes contribuyentes, con acceso a despachos jurídicos que tienen experiencia y que hacen la tarea de litigar y hallar recovecos en la legislación para reducir la carga tributaria”, dijo.
"MEXICO NO ES POBRE, SINO DESIGUAL"
Por separado, José del Tronco Paganelli, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para temas de políticas públicas y representación, planteó que la información reportada por este medio muestra cómo, en lugar de que el Estado sea un agente redistribuidor de las ganancias, lo que hace es concentrarla en aún menos personas.
“En una democracia, uno de los principales instrumentos por medio de los que los Gobiernos pueden reducir la desigualdad o redistribuir el ingreso son los servicios tributarios y, en principio, esta primera fotografía, esta noticia, lo que nos dice es que lejos de redistribuir la riqueza, la política tributaria de este Gobierno lo que hace es concentrarla más, porque dejamos de cobrar impuestos a quienes se benefician de negocios millonarios, y la carga impositiva se aplica sobre los pequeños contribuyentes”, dijo el académico.
En entrevista, explicó que, debido a que la lógica de la economía de mercado no es “equiparar” sino, por el contrario, “premiar” a quienes más tienen, la responsabilidad del Estado es intervenir para mitigar estas diferencias.
“¿Cómo? Con la política social y con el sistema tributario. Pero, en México, ninguno de estos dos instrumentos actúa de manera que pueda compensar la desigualdad que genera el mercado”, dijo.
“Es decir, el Estado no está ejerciendo el papel redistributivo que toda democracia de mercado necesita, porque esto no es un apunte contra la economía de mercado (…) México y Suecia son los mismos antes de los impuestos, pero después de éstos, Suecia es Suecia y México es el mismo. ¿México es pobre? No, pero es desigual. ¿Qué se tiene que hacer? Contribuir a una mejor distribución de la riqueza, pero eso no está ocurriendo, por lo menos no a través del sistema tributario”, agregó.
Desde ayer por la noche, SinEmbargo difunde una serie de reportajes que muestran cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentró la condonación de adeudos en un ocho por ciento del total de deudores.
“El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país”, reportó este medio.
“Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año, agregó el reporte.
Otros beneficiados son Casas Geo, a la cual se le condonaron más de cuatro mil 437 millones de pesos, o Servicios Financieros DC, en cuya creación participó la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y a la cual se le perdonó el pago de 66 millones 668 millones de pesos.
De acuerdo con Garduño Arredondo, que desde Fundar participó en la construcción de las bases de datos con la información de Hacienda, la investigación es parte del “Programa de justicia fiscal y desigualdad” de la organización, que busca, precisamente, establecer cuáles son los mecanismos del gasto público y de la recaudación que permiten que sólo una minoría vea beneficios del actual sistema económico.
“Y sabemos que esto es uno de estos mecanismos, las condonaciones”, explicó.
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