Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció este lunes que las instalaciones del sistema comunitario de agua potable fue saboteado para impedir la distribución del líquido a los cerca de 50 mil habitantes del municipio de Coyotepec, en el Estado de México.
El director de la organización civil, José Antonio Lara Duque, señaló como supuestos responsables a personas cercanas al municipio, quienes apoyan la municipalización del servicio de suministro de agua.
La municipalización implicaría que sea la Alcaldía la que gestione el servicio, en una demarcación que tradicionalmente ha mantenido esta actividad en manos de sus habitantes. De acuerdo con Lara Duque, el sistema de agua fue construido por la comunidad y se gestiona a través de la Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec (AAPCOY). La municipalización del servicio implicaría no sólo que pasara a manos de la presidencia municipal, sino el riesgo de que ésta sea usada para abastecer a otros municipios, particularmente Huehuetoca, donde escasea el agua, según ha advertido el Centro de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones.
De acuerdo con Lara Duque, a las 11 de la mañana de este lunes una decena de personas atacó las instalaciones del sistema comunitario de agua, rompiendo el cable con el que la bomba recibe la energía eléctrica necesaria para funcionar. Agregó que la Comisión Federal de Electricidad no suministra actualmente energía eléctrica a los pozos del municipio, por lo que la comunidad adquirió dos generadores eléctricos. Éstos también fueron destruidos, dijo.
Lara Duque afirmó que los supuestos responsables son personas que le han hecho el “trabajo sucio” a las autoridades municipales para asediar a la comunidad, que se resiste a la municipalización del servicio de agua potable.
El sabotaje denunciado ocurrió en el contexto de la renovación del sistema comunitario de agua en Coyotepec. En un comunicado, la AAPCOY acusó que la intención del sabotaje “es claramente mantener y elevar el asedio al agua de Coyotepec iniciado públicamente desde junio de 2013, el cual ha costado vidas y decenas de lesionados en este municipio del norte del estado de México”.
La organización defensora de derechos humanos que acompaña a la comunidad señaló que el antecedente inmediato del ataque de este día ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando se llevaron a cabo las elecciones donde los usuarios del sistema autónomo de agua potable decidieron quienes serían las nuevas personas responsables del funcionamiento de la AAPCOY y la prestación del servicio de agua potable.
La jornada electoral inició en un contexto tenso, señaló en el comunicado, pues días anteriores varias personas habían sido amenazadas y se presumía que el proceso organizado por el Consejo Electoral Ciudadano de Coyotepec (CECC) podría ser boicoteado.
“Al principio de la jornada electoral un grupo de personas trataron de impedir que las y los usuarios votaran formando una cadena humana para cubrir el kiosco donde se encontraban las urnas, sin embargo la ciudadanía los repelió argumentando que todas y todos los usuarios responsables tenían el derecho de votar, por lo que finalmente la elección se realizó sin mayor problema, resultando ganadora la planilla dos formada por integrantes del ‘Frente 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec’, quienes se han caracterizado por encabezar el proceso de defensa del agua dentro del municipio, evitando que se municipalice y posteriormente se privatice”, agrega el escrito.
Para el Centro de Derechos Humanos, estos antecedentes evidencian que quienes pretenden la municipalización o supuesta privatización del agua potable, al ver frustrados sus intentos anteriores por impedir el desarrollo del proceso autonómico “han elevado la agresividad y han echado a andar acciones, además de ilegales, que pueden elevar el conflicto de nueva cuenta a niveles de confrontación de ninguna manera deseable”.
Lara Duque advirtió del riesgo de que se eleve la confrontación entre quienes desean mantener el servicio en manos de la población y los que apoyan su municipalización, al decir que “ante la acción del boicot, va a haber respuesta de la comunidad”.
