Los padres y las madres migrantes que fueron separados de sus hijos durante la presidencia de Donald Trump le pidieron al Gobierno actual de Estados Unidos que les otorgue la residencia legal en el país. Al menos tres mil 900 menores de edad fueron separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos en la administración pasada.
Por Claudia Torrens
NUEVA YORK (AP).— Un grupo de padres y madres latinoamericanos que fueron separados de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump hablaron el viernes con el Secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y le pidieron que les otorgue la residencia legal en el país y compensación financiera, dijo una madre hondureña que fue separada de sus dos hijos.
Keldy Mabel Gonzales Brebe, quien sufrió la separación en 2017, dijo que el grupo de padres y madres hicieron los pedidos durante una reunión virtual con Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. La mujer explicó su historia al funcionario y le dijo que teme que su estatus migratorio termine un día y su familia sea separada de nuevo.
“No queremos que nos vuelvan a desunir, a separar de nuestros hijos, después que tanto hemos luchado por estar juntos. Hemos sufrido mucho,” dijo a The Associated Press la mujer de 37 años, que ahora vive con sus hijos en Filadelfia. El Gobierno estadounidense le ha otorgado un permiso humanitario que le permite permanecer en Estados Unidos tres años.
La directora de la Junta de Reunificación de Familias de la administración del Presidente Joe Biden dijo a la AP después de la reunión que el Gobierno estudiará “todas las opciones” hasta encontrar una solución para estas familias migrantes.
“El Secretario fue claro cuando expresó a las familias (en la reunión) que tenemos una obligación de apoyarlas y que estamos haciendo todo lo que podemos para otorgar ese apoyo, para estudiar formas de ofrecerles el estatus permanente. Es posible que necesitemos apoyo legislativo para eso,” dijo Michelle Brané.
La reunión fue organizada por The Asylum Seeker Advocacy Project, una organización que ayuda a solicitantes de asilo.
Durante su administración, el Presidente Trump impuso medidas extraordinarias para limitar el asilo, acusando de criminalidad a cualquiera que entrara a Estados Unidos de manera indocumentada desde México, lo cual se traducía en la separación de miles de niños de sus padres.
La administración Biden dijo en junio que había identificado más de tres mil 900 niños separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de Trump en cruces ilegales de la frontera. La cifra, exacta, sin embargo, cambia a menudo, ya que aparecen nuevos casos u otros son considerados erróneos.
Desde el Gobierno de Trump muchos niños han sido reunificados con un padre o madre y el Gobierno de Biden ha prometido reunificar a los padres que siguen separados de sus hijos. Según datos oficiales, hasta la fecha, la Junta de Reunificación ha juntado de nuevo a 47 familias en Estados Unidos.
Gonzales Brebe abandonó Honduras escapando de las pandillas, que la habían amenazado. Cruzó la frontera con su hijo menor Erick, de ahora 17 años, y su hijo mediano Mino, de ahora 19 años, en otoño de 2017.
Madre e hijos fueron separados en la frontera en Nuevo México y ambos jóvenes fueron enviados a un centro de menores.
Después fueron llevados a Filadelfia para reunirse con familiares allí. Gonzales Brebe quedó detenida en Texas durante año y medio y después fue deportada a Honduras en enero de 2019. De inmediato la hondureña regresó a México para sentirse más cerca de sus hijos. En mayo el Gobierno estadounidense la reunió con ellos.
El viernes la inmigrante dijo que sentía “animada” tras la reunión con Mayorkas. “Cada padre y cada madre hablaron, se desahogaron un poco y pues él, el Secretario, prometió que estaba por cumplirse algo mejor para nosotros. Estamos por verlo, y confiarlo. Sé que lo vamos a lograr”.
La reunión ocurrió semanas después de que el Departamento de Seguridad Interna dijera que reiniciaba vuelos de deportación a Guatemala, Honduras y El Salvador para familias que califican para “deportaciones rápidas”, un proceso a través del cual inmigrantes pueden ser expulsados sin ver a un Juez de inmigración.
El Gobierno estadounidense, además, renovó hace poco poderes de emergencia para expulsar a familias que esperan en la frontera durante la pandemia del coronavirus.
El Departamento de Seguridad Interna dijo después de la reunión del viernes que Mayorkas y Brané “reconocieron el dolor y el trauma” que familias separadas bajo la política de “tolerancia cero” sufrieron.
“El Secretario fue claro en reconocer nuestra responsabilidad,” dijo Brané. “Pidió perdón a las familias por lo que hizo el Gobierno y está dedicado a apoyarlas a medida que éstas avanzan con sus vidas, reconociendo que el daño no puede ser borrado y que algunas de las heridas emocionales permanecerán. (El Secretario) las animó a seguir avanzando y se comprometió a ayudarlas a lograr eso”.
