Una mujer lleva veinte horas con la piel ardiendo, tres niños vomitan sin que su madre sepa qué hacer y en el Seguro Social le dijeron que les dé suero, cuatro hombres que metieron los pies para refrescarlos mientras caminaban al lado del río sienten que las ámpulas se les revientan y no pueden caminar, la madre que preparó la mamila del bebé hirviendo agua de la llave, no puede detener el vómito de su niño. Todos ellos ven el noticiero de Televisa, donde el periodista miente descaradamente asegurando que no hay un solo caso de problemas de salud en Sonora. Los responsables de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México de Larrea violaron las leyes sistemáticamente hasta que sucedió el accidente cuyas verdaderas consecuencias aun no se conocen.
Cuarenta mil litros de ácido sulfúrico y otros metales pesados como mercurio, magnesio, cianuro, cadmio y cobre, han puesto en riesgo la vida de miles de habitantes de Sonora. Esta puede ser una de las mayores crisis sanitarias causadas por la minera en México, porque además del claro desastre ambiental causado por la contaminación y del proceso penal en que las autoridades exigen ya una multa de al menos 3 millones de dólares, nadie está hablando de la emergencia de salud pública. Ni Sonora, y para el caso ningún otro estado minero del país, está preparada para intervenir con especialistas en el sistema de salud pública por el riesgo sanitario de intoxicación con metales pesados. Ese debe ser el foco de atención aquí y ahora.
Los metales pesados que fluyeron en los ríos Bacanuchi y Sonora y en la presa que surte de agua a la capital del estado y a cinco municipios, son altamente venenosos y las consecuencias en la salud de sus habitantes pueden ser de magnitud mortal. La irresponsabilidad de algunos medios al desestimar el impacto a la salud, en particular de Televisa, es monumental. Y no hay excusa ni pretexto, ya el Programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud (PRASA) contempla los procedimientos para casos como este.
Los metales pesados no pueden ser metabolizados por el cuerpo humano y se quedan en el organismo ejerciendo efectos tóxicos durante toda la vida. La mayoría de personas en México tenemos algún grado, casi siempre menor, de intoxicación por metales pesados, esos que se encuentran en el agua, la tierra y los alimentos, pero en nada se parecen a lo que está sucediendo y en las próximas semanas veremos en una parte de la población sonorense.
El arsénico entra por la vía digestiva y cutánea, de allí que la gente comience a notar lo que parecen quemaduras de piel por ácido y fuertes dolores abdominales, con vómito y colitis. Por vía pulmonar entra por la aspiración de vapores del agua contaminada (con un clima promedio de 36 grados). Los metales tóxicos que la minera soltó en el agua se absorben en el hígado, los riñones los huesos y la piel. Se pueden presentar úlceras, vesículas, lesiones en mucosas de todo el cuerpo con problemas gastrointestinales severos, dermatitis exfoliativa, anemia y pancitopenia, taquicardia, insuficiencia renal, citólisis hepática y en ciertos casos hasta la muerte. En muchos de los casos se tendrá que aplicar tratamientos de quelación intravenosa, un procedimiento muy costoso y especializado. La quelación oral no sirve en estos casos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) visitó a la ciudadanos del municipio para plantear soluciones a las “alergias en la piel” y problemas respiratorios detectados, además de daños a la vegetación y construcciones. Pero lo primero es un engaño, los problemas de la piel no son alergias sino los primeros síntomas de intoxicación química.
Ciertamente la Cámara de diputados tiene razón al exigir el día de ayer que se cancele la concesión a la minera de Larrea mientras se lleva a cabo la investigación. Pero resulta preocupante que desde ya esos mismos congresistas no hayan determinado la alerta sanitaria. Según los protocolos de emergencia sanitaria de la OMS toda la población que desde la primera hora tuvo acceso al agua, ya sea en la piel, bebida o respirados sus vapores, deben acudir a los servicios de salud en los que deben haberse activado los protocolos para detección de metales pesados en sangre, orina y piel.
Ahora sabemos que las irregularidades de la minera se relacionan con la ausencia de protección durante el manejo de residuos; la falta de registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES) como generador de residuos de manejo especial, lo cual violó el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la contratación de empresas no autorizadas para el control residual; tenemos que preguntar ¿y quién es responsable? ¿por qué hasta ahora? Queremos todos los nombres, porque deben estar incluidos en la demanda penal y por responsabilidad de servidores públicos. Esta catástrofe y el riesgo sanitario que ha causado tiene responsables; lo primero es la atención a la salud de toda la población, lo segundo es una investigación transparente y un castigo ejemplar.
Esto no es nuevo, en Perú, luego de graves percances causados por la irresponsabilidad y corrupción de las mineras, se tuvo que crear la Estrategia Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación de Metales Pesados; la falta de atención primaria tuvo consecuencias fatales incluidas diversas formas de cáncer. Su aplicación recibe recursos aportados por las mineras; eso nos lleva a una pregunta ¿qué va a hacer el gobierno federal con los 3 millones de dólares de la multa a Grupo México? La respuesta es clara: asegurar la salud de la población sonorense y resolver el serio problema que enfrentarán desde ahora y para los próximos cien años para el acceso al agua libre de metales pesados.
