En un país donde los litigios agrarios son largos, tortuosos y desgastantes, y donde las empresas mineras canadienses se han convertido en monstruos devoradores de recursos, los ejidatarios de la comunidad Tenochtitlán, en Ocampo, Coahuila, conocidos como “los 14 viejitos”, han logrado una victoria legal contra el gigante.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Los ejidatarios de la comunidad Tenochtitlán, en Ocampo, Coahuila, siempre estuvieron convencidos de una sola cosa durante trece largos años en su lucha por la posesión de tierras contra el gigante minero First Majestic Silver Corp, dueño de la mina La Encantada, que ocupa dos mil hectáreas de sus terrenos para explotar plata. Ellos sabían que tenían dos armas que la minera no poseía: el derecho y la razón.
Así lo relata Mario Valdez, excomisariado ejidal, quien, junto con ejidatarios del lugar, inició hace trece años una batalla legal contra las mineras que extraían plata del subsuelo. Primero fue con Peñoles, y luego con First Majestic, quien adquirió los derechos de explotación de Peñoles.
Su caso no es ajeno: conocidos como los “14 viejitos”, la batalla de este grupo de comuneros recorrió el país e incluso el mundo. Artículos periodísticos, notas, documentales y hasta una película basada en ellos se publicaron sobre la lucha de este grupo de hombres mayores que peleaban contra su Goliat. Ahora, un nuevo capítulo afortunado ha llegado.
En un país donde los litigios agrarios son largos, tortuosos y desgastantes, y donde las empresas mineras canadienses se han convertido en monstruos devoradores de recursos, los ejidatarios han logrado una victoria legal contra el gigante. Su firme creencia en la justicia les permitió persistir y lograr un resultado que hoy los llena de satisfacción.
“Hay dos cosas importantísimas que tenemos nosotros y ellos no tienen. Ellos tienen poder y dinero, pero hay dos cosas importantísimas que ellos no tienen y que nosotros sí tenemos y que desde un principio nos dimos cuenta: nosotros tenemos el derecho y la razón, y eso tarde o temprano se impone”, afirma Mario Valdez en entrevista.
Araceli Cubillas Melgarejo, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, falló a favor del ejido Tenochtitlán del municipio de Ocampo, Coahuila, en la disputa por la posesión de tierras contra la mina La Encantada S.A. de C.V., empresa filial de First Majestic Silver Corp. La sentencia, la segunda emitida a lo largo de este tiempo, establece que la mina ocupó ilegalmente dos mil hectáreas de tierras ejidales, las cuales han sido explotadas por casi cuarenta años.
La sentencia ordena a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que realice los deslindes necesarios para ubicar el terreno que se incluyó en las ejecuciones complementarias y ordena a la empresa entrar en negociaciones con el ejido.
“El fondo de la sentencia, que es totalmente a nuestro favor, claramente dice que los terrenos que está ocupando la compañía minera son nuestros y condena a la compañía a que tenga un acercamiento para negociar con nosotros. Entonces, estamos esperando, porque está clarísimo que el terreno es nuestro. Ya veremos qué medidas tomamos”, comentó Don Mario Valdez.
“Pero tú sabes que, en un país de impunidad, la impunidad muchas veces está por encima de la razón”, añade Mario, destacando que no fue una lucha sencilla.
La historia se remonta e inicia con la reforma agraria que buscaba redistribuir tierras a comunidades necesitadas, creando ejidos para favorecer a los campesinos. En 1976, una resolución presidencial otorgó al ejido Tenochtitlán una superficie de 10 mil hectáreas en Coahuila.
La reducción de hectáreas fue descubierta cuando uno de los ejidatarios, Demetrio González, se dio cuenta de la discrepancia entre el tamaño real del ejido y el registrado. Al investigar más a fondo, se constató que la minera había ocupado terrenos que legalmente pertenecían al ejido, narró Valdez.
A partir de ahí, comenzó una intensa lucha para que se reconociera y ejecutara la resolución presidencial que otorgaba esas tierras al ejido. La empresa minera se amparó y presentó documentos sin valor legal, pues la empresa alegaba que había adquirido los terrenos, alegando haberlos comprado de su supuesto propietario, quien se los vendió después de la resolución presidencial que le daba los terrenos al ejido.
“Un compañero ejidatario, Demetrio González, hace mucho más de 11 años, se dio cuenta de que el ejido tenía ocho mil hectáreas. Y se empezó una lucha bastante fuerte para sacar de un documento de México donde ordenaban que se volviera a ejecutar la resolución presidencial porque, cuando se ejecutó, solo se ejecutaron 8 mil hectáreas, dejando 2 mil en poder de Peñoles. Ahí fue una mala práctica de las personas de la reforma agraria que acababa de llegar a Coahuila. Demetrio mete su demanda, que dura un buen tiempo”, narró Valdez.
La empresa minera se amparó y metió sus documentos que no tenían ningún valor, abundó.
“A Demetrio, porque le dijeron que le iban a devolver el terreno, pero se aprovecharon de un hombre que poco sabía de topografía y le entregaron un rancho contiguo”, añadió.
La comunidad del ejido, consciente de sus derechos, inició una batalla legal para recuperar las tierras que les pertenecían.
Juan Francisco Flores Gándara, abogado de los ejidatarios, en entrevista con SinEmbargo, explicó que durante estos 13 años, la minera impuso diversos recursos y amparos para alargar el proceso, incluyendo dos amparos sobreseídos en 2017. La empresa también intentó influir en las decisiones del ejido, imponiendo empleados propios como comisariados y ofreciendo convenios desfavorables que fueron rechazados por el tribunal.
El ejidatario recordó que en el año 2011, los ejidatarios fueron severamente reprimidos por el gobierno del entonces mandatario estatal, Rubén Moreira, cuando tomaron acciones para presionar a la minera a entregarles sus tierras.
“Ellos están apoderados de 2 mil hectáreas y para ingresar a esos terrenos, para llegar a él está en terrenos de nosotros, y nunca han pagado por pasar por él. En el 2011, se nos ocurrió tapar el camino, porque no tienen por dónde entrar, más que por ese camino, y se nos ocurrió taparlo para que nos paguen. Le cerramos, pero se arreglaron con el gobernador Rubén Moreira y fueron y nos sacaron a golpes de ahí”.
Ese no ha sido el único capítulo lamentable para el ejido. En agosto de 2016, el tribunal falló inicialmente a favor de la minera, pues emitió una sentencia que favorecía a la misma, lo que llevó al ejido a interponer un recurso de revisión.
“Ha sido una lucha, en una parte decepcionante. Dictaron una sentencia hace siete años, en agosto de 2016, una sentencia terrible en nuestra contra. Nos amparamos y nos fueron admitidos cinco amparos”, narró.
Aunado a ello, Mario Valdez narró que, luego de la sentencia emitida en 2016, se realizó una elección de comisariado en la que el abogado de la empresa minera y trabajadores de la misma firma realizaron la elección a escondidas y quedaron como comisariados gente de la minera.
Luego de ello, el comisariado impuesto por la empresa quiso quitar la demanda de los ejidatarios y además firmó un convenio en el que la mina se comprometía a pagar 500 mil pesos por los terrenos. Los ejidatarios nuevamente interpusieron las acciones legales para tumbar dicho convenio que era ilegal.
“Hace tres años, el abogado de la minera y un grupito de personas y gente que trabaja ahí en la mina, comprometidos con la mina, hicieron una elección de comisariado prácticamente a escondidas, con muchas faltas y la Procuraduría Agraria de Sabinas, en contubernio con ellos. Entonces, los nuevos comisariados trataron de quitar la demanda y junto con la minera hicieron un convenio leonino e insultante; pero nos juntamos y paramos eso”, detalló.
El ejidatario explicó que lograron parar el convenio porque se firmó después de la primera sentencia dada y que estaba en amparo, por lo que no se podía firmar ningún convenio hasta que concluyera el juicio. “Eso nos salvó de haber sido víctimas de un robo terrible”, recuerda.
La reciente sentencia emitida por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 revocó la primera sentencia, dando la razón a los ejidatarios, quienes están satisfechos con el fallo, aunque aseguran que se debió dar hace muchos años atrás.
“Significa una satisfacción inmensa, porque es una compañía que se ha beneficiado muchísimo a costa de nuestro terreno. Aquí lo importante es que están en un terreno ajeno y tienen que pagar renta […] Pero esta indemnización estoy seguro que va a estar buena y va a ayudar mucho a la gente, que muchos ya están muy grandes”, dijo Don Mario.
Flores Gándara indicó que el siguiente paso será negociar una compensación justa para el ejido. La ley prevé que, en caso de imposibilidad jurídica o material de devolver los terrenos, la empresa deberá pagar por ellos. Las opciones incluyen la compra directa de las tierras o un contrato de asociación, aunque la primera parece más viable.
Más allá de las implicaciones legales y monetarias, esta victoria simboliza para los ejidatarios algo mucho más importante: sentar un precedente en busca de un cambio en la justicia agraria en México, mostrando que incluso frente a poderosas empresas, las comunidades pueden prevalecer.
“De las cosas que más espero es que esto trascienda, que este problema que tenemos nosotros, que no es único, ni es el primero, ni va a ser el último, trascienda y que realmente se aplique la ley minera como tal y que las comunidades no las atropellen, como las atropellan; […] que a las comunidades las tomen en cuenta, porque el daño ecológico y el daño que hacen es tremendo. Eso es lo importante, que se siente un precedente, para que se voltee a ver a la gente, a los pueblos a los que las mineras llegan, los atropellan y los despojan de las tierras. Una de las cosas que más espero es trascender como un ejido que venció a una minera poderosa”, expresó Mario.
La perseverancia y la resistencia del ejido Tenochtitlán, abunda Mario, demuestran que, a pesar de los obstáculos y el poder económico de las empresas, es posible alcanzar la justicia.
“La lección que yo aprendí es a tener mucha paciencia. Los recursos de dilación de los abogados de las mineras son innumerables, por todo se amparan y todos los amparos se los reciben, esa es una cosa que se tiene que revisar bien en las cámaras de diputados. […] El juicio durante los 13 años lo llevaron con documentos sin validez; ese juicio se hubiera acabado rapidísimo. Existe un rezago agrario, por lo mismo, por las dilaciones, porque los abogados de las empresas y porque esas empresas tienen mucho dinero, que manda sobre muchas cosas. Lo que debe tener en cuenta es tener mucha paciencia, no claudicar”, detalló.
