El 31 de enero de 2013, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto tenía un mes en el Gobierno, una explosión en la Torre Ejecutiva B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) mató a 37 personas. De ellas, 30 eran empleados de Pemex y seis estaban subcontratados. Murió además un menor. Otras 126 personas resultaron heridas.
Un peritaje del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que el estallido se habría originado por una acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de hidrocarburos.
Han pasado más de cuatro años y las familias de tres de los trabajadores subcontratados no han encontrado ni alivio ni indemnización.
QUINTA PARTE DE UNA SERIE
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Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Desde el día de la tragedia, la vida se convirtió en un túnel que parece no tener salida. Primero fue buscar los cuerpos de sus familiares. La explosión en la Torre Ejecutiva B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) los sepultó entre escombros y ellos, trabajadores de la empresa Conservación Pilotes de Control (Copicosa) no estaban en la lista de trabajadores de la ex paraestatal. Es decir, eran empleados de una contratista, casi invisibles para la petrolera. Eran Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández Martínez.
Aquellos funestos días pasaron. Los deudos pudieron sepultar a sus seres queridos arrancados por el desastre. Ahora falta que llegue su indemnización.
Gregorio Vite Valderrama, quien murió a los 51 años de edad, trabajó 22 años para Pemex, a través de la empresa Copicosa. Su hijo Oswaldo dejó de laborar casi dos años para atender el caso. Sus ahorros se esfumaron. Y su madre, viuda de Gregorio, quedó desamparada.
Luis Ojeda Olguín falleció un día antes de cumplir 57 años. Nunca probó el pastel que le habían preparado. Tres de sus hermanas, María Luisa, Estela y María de la Luz, no podían pagar la renta a pesar de contar con sus pensiones. La explosión les arrebató a Luis, de quien dependían para pagar las cuentas.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló en noviembre de 2014 para que Pemex no les pagara ni un centavo a los dolientes de estos tres trabajadores dado que ya había solventado los gastos funerarios. Se alegó que la ex paraestatal no tenía responsabilidad porque se trataba de empleados terciarios. Pero los familiares presentaron otra demanda en la Procuraduría General de la República (PGR), respaldada por la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de Pemex. Al final, sostienen que sus familiares eran trabajadores de la ahora empresa productiva del Estado.
Los familiares de Ojeda Olguín exigen un pago de seis millones 476 mil pesos; los de Vite Valderrama cinco millones 180 mil pesos; y los de Hernández Martínez tres millones 885 mil pesos. Los montos fueron calculados con base en la Ley Patrimonial del Estado, respecto de daños morales, por muerte y compensatorios del salario que dejó de percibir el trabajador finado, además de la petición de una disculpa pública. Hasta hoy, Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general de ONRE, los deudos sólo han recibido 70 mil pesos para gastos funerarios.
“Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer” en contra de Pemex o de sus filiales. El “contratista se obliga a sacar en paz y a salvo” a la paraestatal y sus dependencias “de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato”, señala el oficio PPS-SIPDN-GSTAC-240-2017, contenido en una respuesta a este medio digital cuando preguntó por el estado de los trabajadores subcontratados.
Alberto Guerrero Rojas, abogado defensor de los deudos, refiere dos problemas en el caso: Pemex hizo que los deudos firmaran la renuncia a la indemnización civil, un derecho inalienable; y los tribunales que han llevado el caso de demanda entorpecieron el caso con criterios “arbitrarios”. Así han pasado más de cuatro años. En conjunto, las familias Vite, Ojeda y Hernández le reclaman al Estado 15.5 millones de pesos en indemnizaciones. Pero lo que más exigen, es que las autoridades den la cara por su pérdida.
