Grupo México, propiedad de Germán Larrea, acusó a Napoleón Gómez Urrutia de presentar la queja bajo el T-MEC para “mediatizar un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares, más rendimientos acumulados desde 2005, a ex trabajadores mineros de Cananea”.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Grupo México, del magnate Germán Larrea, aseguró que la mina San Martín, en el estado de Zacatecas, opera con el respaldo de la mayoría de sus empleados y acusó a Napoleón Gómez Urrutia de impulsar el mecanismo laboral de respuesta rápida bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que solicitó el Gobierno estadounidense.
“La petición es producto de gestiones iniciadas por Napoleón Gómez Urrutia con apoyo de sus aliados y socios de la unión sindical estadounidense conocida como Steel Workers, a partir de la presentación de una queja ante el mecanismo de resolución rápida de controversias del T-MEC”, destacó Grupo México a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El pasado 16 de junio, la Representante de Comercio de Estados Unidos dio a conocer la solicitud del Departamento del Trabajo de ese país al Gobierno de México para llevar a cabo una revisión de la situación laboral en la mina San Martín, operada por Industrial Minera México en Zacatecas, perteneciente al conglomerado Grupo México.
De acuerdo con la explicación de Grupo México, Gómez Urrutia presentó dicha queja por dos motivos: “el primero, crear y mediatizar un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares, más rendimientos acumulados desde 2005, a extrabajadores mineros de Cananea. El segundo, mostrar que es capaz de generar conflictos y presionar para obtener un nuevo espacio político, al término de su periodo como legislador, y mantener así el respectivo fuero que lo protege de acciones legales derivadas de las imputaciones de incumplimientos y delitos que enfrenta”.
Grupo México mencionó que el levantamiento de la huelga ordenada por Gómez Urrutia que mantuvo cerrada por más de once años la unidad minera San Martín “fue consecuencia de la decisión libre y mayoritaria de sus trabajadores, quienes en agosto de 2018 decidieron mediante Asamblea, con votación libre, directa y secreta: renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, levantar la huelga y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos de trabajo”.
“Esta voluntad mayoritaria de los trabajadores mineros, reconocida en su momento por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es el único bien jurídico a tutelar, no así los intereses de Gómez Urrutia. El derecho de huelga no es prerrogativa de un sindicato o de quien se ha apropiado de su dirigencia, lo es de la mayoría de los trabajadores que laboran en un centro de trabajo”, se lee en el comunicado de Grupo México.
El conglomerado agregó que luego del levantamiento de la huelga, la unidad minera San Martín ha recibido inversiones por más de 105 millones de dólares, produce más de un millón 250 mil toneladas de mineral cada año y genera cerca de mil 300 empleos.
“Industrial Minera México estará atenta a cualquier requerimiento de información que formulen las autoridades mexicanas relativo al desahogo que se determine dar a esta petición, en el marco del tratado comercial T-MEC”, puntualizó Grupo México.
El pasado 15 de mayo, el Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y la Aplicación (ILC), del T-MEC, recibió una petición de varios sindicatos de México y Estados Unidos en donde aseguraban que Grupo México había reanudado operaciones en San Martín a pesar de la presencia de una huelga.
Asimismo, denunciaron a la empresa de Germán Larrea por interferir en negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores. Esto se da a pesar de que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana cuenta con la facultad de representar a empleados en la negociación colectiva.
Este no es el único problema que enfrenta Larrea en la mina San Martín, en mayo de 2019, agricultores y ganaderos de la comunidad de Sombrerete, en Zacatecas, denunciaron al Gobierno del estado y a dirigentes sindicales de la Unidad Minera por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad.
