Cuando a inicio de año en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros eligieron como presidenta del Poder Judicial a la doctora Norma Lucía Piña Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que eso solo sucedió porque en la Corte había autonomía.

Reflexionó entonces en una de sus conferencias de a diario: “Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi, entonces eso es muy importante, por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y tuvo aceptación y hubo acuerdo, se trata de un poder autónomo e independiente como nunca había existido”.

Incluso presumió su no intromisión en el proceso de selección del titular del Poder Judicial, evocando, como suele hacerlo cotidianamente, los tiempos pasados: “Hay autonomía, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad, nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.

Sin embargo, ahora es evidente, las reflexiones y el respeto de la autonomía hacia el Poder Judicial por parte del mandatario nacional, han cambiado, o, mejor dicho, han regresado a su cause original. La realidad, el presidente parece despreciar la autonomía en la Corte y anhelar un servilismo por parte del Poder Judicial… como antes.

Después de conocerse que el 22 de este mismo mes se analizará en la SCJN el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que propone invalidar la segunda parte del Plan B de AMLO para acotar las facultades del Instituto Nacional Electoral, a partir de un decreto publicado el 2 de marzo, el presidente López Obrador declaró el martes 20 de junio en su conferencia matutina: “No, no me sorprende, ahora sí que eso no es nota. Ministros alineados y el Poder Judicial al servicio de una minoría, no se imparte justicia, no se tiene como actor principal al pueblo al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica”, con lo que el reconocimiento que le había concedido a la autonomía de la Corte apenas en enero de este año, se fue al traste.

Yendo más allá, el presidente López Obrador casi se responsabiliza del actuar de la SCJN al reconocer que “fracasó” con las nominaciones que hizo para integrar a cuatro miembros del Poder Judicial. Dijo: “Si hace falta una transformación, pero que lo haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé, propuse cuatro, y dos a la primera se deslindaron y fueron acomodarse al bloque conservador, claro alegando que son independientes”, e ironizó denostando a dos representantes del Poder Judicial: “Sí, son independientes… del pueblo”.

Claramente se refiere a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. Ellos dos fueron en su momento propuestos por López Obrador para ocupar una silla en el máximo tribunal judicial mexicano, así como también las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Sin embargo, tanto González Alcántara como Ríos Farjat han votado a favor de la invalidez de algunos preceptos propuestos, sea a través de decretos o reformas, por el presidente López Obrador. Como el 8 de mayo de 2023, cuando con nueve votos a favor, “por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del de comunicación social y de responsabilidades administrativas”.

En esa ocasión, aparte de González Alcántara y Ríos Farjat, votaron a favor de la invalidez del decreto, los ministros, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández.

Las únicas dos ministras que votaron contra la invalidez del decreto presidencial, fueron las también propuestas por López Obrador, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf.

Semanas después, en otra votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional un decreto emitido por el presidente para blindar la información sobre sus grandes obras, al considerar que obstaculiza e inhibe derechos de los mexicanos, entre ellos, el acceso a la información. En esta ocasión, una vez más, González Alcántara y Ríos Farjat votaron a favor de la inconstitucionalidad del decreto. En contra, fueron cinco los votos, entre quienes se encontraron, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Cuando el presidente refiere que “fracasó” o que se “equivocó” en dos de las cuatro nominaciones que envió para integrar la Corte, es decir, en Ríos Farjat y González Alcántara, no está ponderando a las ministras Esquivel y Ortiz, sino ubicándolas del lado del servilismo presidencial, él solo, con sus palabras, al denostar a quien vota contra sus decretos y reformas, exhibe a quienes en la Corte están a favor de los mismos.

La del martes 20 no fue la primera ocasión en la cual López Obrador evidenció su “fracaso” al no contar con el servilismo de los cuatro ministros que ha propuesto para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de este año, declaró:

“A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro. No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era, ‘no voy a mandar y ya, porque se debe respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, la renovación del Poder Judicial’. No pude, me equivoqué con los que propuse”.

Es decir, sabe de la independencia, pero la intención era que sus cuatro propuestos le sirvieran ciegamente para “con ellos impulsar de arriba hacia abajo la renovación del Poder Judicial”, lo cual no puede hacer porque reitera, se “equivocó”, “fracasó”. El servilismo que anhelaba no llegó. Por tanto, propondrá, de lograr mayoría en la Cámara de Diputados en la elección de junio de 2024, una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean electos por el “pueblo”, por voto directo popular.

Siete meses antes, en septiembre de 2022, ya lo había enfatizado: “Voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”. Anticipó lo que quería y hoy no tiene: “puede ser que logremos la mayoría”.

El presidente que tiene mayoría en el Poder Legislativo, quería mayoría en el Poder Judicial, desconociendo que sus responsabilidades y facultades son harto distintas. Los ministros no votan en mayoría o en bloque como lo hacen los representantes legislativos subordinados a sus partidos en la Cámara de Diputados, respecto sus preferencias políticas o ideológicas, sino ponderando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, interpretando meticulosamente la misma, privilegiando los derechos y garantías en ella consignados.

El presidente parece no entender que un ministro, aunque él lo haya propuesto, no debe votar a su antojo, sino respetando la Constitución y las leyes que ha protestado respetar, cuando reitera, “me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia… Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos…”.

Y pues no, el presidente no tiene el Poder Judicial servil que quiere que, como el Ejecutivo que encabeza y el Legislativo que domina, apoyen su cantada “transformación”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe servir al presidente, sino proteger la Constitución y las leyes, que López Obrador, a base de decretos, insiste en ignorar.

Adela Navarro Bello

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