La caída de ingresos en los hogares por el aumento del desempleo y de personas en situación de pobreza, como efecto del coronavirus, expandirá los asentamientos irregulares, prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En México, más del 30 por ciento de la población urbana vive en esa situación informal y una de cada cinco viviendas presenta carencias de los servicios básicos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– La COVID-19, una pandemia concentrada en zonas urbanas, vivirá entre nosotros durante años, por lo que se necesita acercar la ciudad, los empleos, los servicios básicos, la infraestructura y el espacio público a donde las personas viven, así como readaptar la movilidad para evitar rebrotes, coincidieron autoridades y especialistas.
Para desdibujar la inequidad de espacio urgen políticas de integración urbana a las poblaciones más marginadas, sostenibilidad y una regulación a la especulación inmobiliaria que vuelve mercancía hasta las áreas verdes, dijeron.
La epidemia de cólera en el siglo XIX provocó la introducción de los sistemas modernos de saneamiento urbano; y durante el proceso de industrialización se implementaron las regulaciones de vivienda entorno a luz y aire contra las enfermedades respiratorias en barrios sobrepoblados en Europa, documentó Adriana Lobo, directora de World Resources Institut México, quien cuestionó cómo nos aseguraremos que los centros urbanos sean más resistentes y equitativos frente a la crisis climática y las próximas crisis de salud.
“La crisis ha mostrado que es posible hacer cambios radicales en la vida de las personas y en los sistemas cotidianos. En medio del miedo y la incertidumbre, las personas también pudieron vislumbrar algunos fragmentos de cómo pudiera verse y sentirse una ciudad futura más sustentable: el aire y agua de los ríos y mares se volvieron más limpios, la gente buscó más los parques, el trabajo en casa se volvió en algunos casos una opción con ventajas para algunos sectores de la economía y andar en bici se empezó a adoptar como modo de transporte preferido por trabajadores al percatarse que es una forma más rápida y segura de moverse, incluyendo las ciclovías emergentes de la Ciudad de México”, destacó. “Debemos mirar a ciudades más inclusivas, resilientes (capacidad de absorber perturbaciones manteniendo su estructura intacta) y bajas en carbono”.
Sin embargo, la caída de ingresos en los hogares por el aumento de desempleo (1 millón 30 mil durante marzo-mayo en México) y personas en situación de pobreza, como efecto del coronavirus, expandirá los asentamientos irregulares, observó Diego Aulestia, Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), región donde el 21 por ciento vive en asentamiento informal y aunque el 81 por ciento habita en ciudades, el 45 por ciento no tiene una vivienda digna.
En México estamos arriba del promedio de la región, ya que más de 30 por ciento de la población urbana vive en esa situación informal (en algunas ciudades este porcentaje llega a rebasar el 70 por ciento) y una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros), de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Tatiana Gallego, jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agregó que en la Ciudad de México, Argentina y Sao Paulo se detectó que aquellos hogares con mayor nivel de hacinamiento y falta de acceso a servicios de agua –donde se registran mayores niveles de trabajo informal, pobreza y menor conexión digital– no tuvieron oportunidad de hacer un confinamiento completo.
Además, en América Latina al menos 150 millones de personas viven en ciudades que no cumplen con las pautas de calidad de aire, solo un 31 por ciento de las aguas residuales son tratadas, los patrones de movilidad enfocados en vehículos motorizados emiten exceso de contaminantes y, alertó Gallego entorno a la crisis climática y aumento del nivel del mar, el 50 por ciento de las ciudades son vulnerables al estar a menos de 100 kilómetros de la costa.
Por ello, planteó Diego Aulestia de la Cepal, no se puede regresar a la “normalidad”. La recuperación debe centrarse en sectores bajos de carbono que generen empleos y resiliencia urbana. “Hacemos más de lo mismo o consideramos inclusividad y sostenibilidad (electromovilidad, energías renovables, cobertura de agua y saneamiento, y viviendas con materiales sostenibles)”, dijo en una ponencia de WRI México durante esta semana de las ciudades.
IMPULSO EN COLONIAS MARGINADAS
El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, conduce el Programa de Mejoramiento Urbano por 30 mil millones de pesos, el cual se centra en intervenir las colonias de mayor rezago para dotarlas de vivienda adecuada, servicios básicos y equipamiento acorde con sus necesidades para borrar las líneas que los separan de las áreas con servicios y así forjar ciudades más justas. Al ser obra pública se prevé generar 260 mil empleos temporales y directos, con mano de obra local en esta crisis de la COVID-19.
Este año se estima intervenir 71 municipios de los 86 considerados a nivel nacional sobre todo en el centro y sureste por sus niveles de pobreza, donde 1.2 millones de habitantes (37 por ciento) solo tienen un dormitorio; 150 mil tienen piso de tierra; 80 mil carecen de luz eléctrica; 352 mil, de agua entubada; y 150 mil, de drenaje, expuso en el panel de WRI México.
En coordinación con los municipios, que en ocasiones no tienen los recursos para ello, se ha construido desde cero los equipamientos que no existen como escuelas, clínicas, deportivos, estaciones de policía, mercados públicos y reactivación de centros históricos, con la finalidad de reactivar sus economías locales. También se busca la rehabilitación y ampliación de viviendas con entrega directa de recursos y acompañamiento técnico, así como otorgamiento de certeza jurídica en alrededor de 28 mil viviendas. Un 16.3 por ciento de las viviendas propias habitadas carecen de tenencia segura por falta de escrituras, según la Sedatu.
“Nos ocupa que estos equipamientos y servicios puedan detonar un cambio en estas ciudades y que las autoridades municipales tengan la capacidad de mantenerlos”, dijo Meyer. “Y en muchas ocasiones es común encontrar resistencias ante estos proyectos, porque no se les pregunta, por lo que buscamos poner más atención de concertación en las necesidades de los actores locales”.
Esto va de la mano de con la idea de “la ciudad de 15 minutos”, para pasar de la densificación y centralismo de actividades a ciudades donde los habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas realizando viajes de 15 minutos (en zonas compactas) o media hora (en zonas poco densas).
En México, 11.1 por ciento de la población habita en viviendas que no cuentan con espacios suficientes para sus habitantes y cuatro de cada cinco viajes se hacen en transporte público sin distanciamiento social, documentó el Secretario junto con Carina Arvizu Machado, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en un texto publicado en la revista Nexos.
“Las ciudades se han expandido a costa de la ocupación voraz del suelo liderada por el mercado y el capital privado que, en su búsqueda de la ganancia, actúan en detrimento de la población que menos tiene”, escribieron los funcionarios. “En los últimos 30 años la decisión sobre ‘dónde’ edificar ‘qué’ se basó únicamente en la racionalidad económica sin mecanismos claros de redistribución […] El crecimiento urbano desordenado y la expansión de las ciudades favoreció a grandes propietarios del suelo, inmobiliarias y al sector financiero, pero no necesariamente a las personas que llegaron a habitar ahí”.
En esta misma línea, María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat en México, dijo vía telefónica que la crisis sanitaria reveló que la vivienda adecuada no solo es un derecho, sino una solución que muchas personas no tienen al vivir hacinados, por lo que debe cambiar la visión de los Estados e industria de concebir el hogar solo como una mercancía, incluyendo los servicios ambientales como áreas verdes o mar.
“Es una desigual forma de poder vivir nuestro espacio. Nos parece normal pagar más porque una vivienda dé al mar, pero no lo es. El mar y el verde se han transformado en mercancías que solo algunas personas pueden acceder por ser escasos”, observó.
Durante esta transición a la nueva normalidad las autoridades, como la Sedatu, Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de la Vivienda, deben garantizar los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por Naciones Unidas, con políticas de integración urbana que incluyan a la población más empobrecida dentro de las ciudades, afirmó Emanuelli.
“Uno de los pasos es el mejoramiento barrial y de vivienda que está tomando el Gobierno federal, siempre y cuando se haga a partir de la participación real de quienes están viviendo ahí y se mantenga en el tiempo para no tener elefantes blancos”, reconoció. “El otro camino es ponerle límite a la especulación inmobiliaria y poner a la persona en el centro, no con políticas de casitas de zapato a las afueras de las ciudades”.
De las viviendas construidas en 2017 con un costo por debajo de 311 mil pesos, el 73 por ciento se ubicó en zonas periurbanas desconectadas de fuentes de empleo, equipamiento, servicios urbanos y redes de transporte, documenta Sedatu, lo cual es un caldo de cultivo para los fraccionamientos con casas abandonadas.
MOVILIDAD Y ÁREAS VERDES
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) presentó el martes el Plan de Movilidad Emergente para la Nueva Normalidad “Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria”, para reducir los contagios por la COVID-19 con traslados seguros y disminuir el uso de motocicletas y automóviles, principales fuentes de contaminación al aire que causan alrededor de 48 mil muertes prematuras cada año.
El Secretario Román Meyer Falcón explicó en conferencia que ofrece a las autoridades locales una respuesta integral adaptable a los distintos contextos urbanos para que la movilidad de personas y mercancías no ocasione riesgos en la salud ni en la economía y se disminuya la inequidad en la vía pública, ya que siete de cada 10 pesos invertidos en movilidad se destinan a infraestructura para el automóvil a pesar de que solo una cuarta parte de los viajes al trabajo se realiza en auto.
“Es indispensable preparar nuestros servicios de transporte público, movilidad y calles, para convivir con el virus y evitar rebrotes”, Mariana Orozco Camacho, directora de Vinculación Metropolitana de la Sedatu durante la presentación del programa que contó con el apoyo de 108 organizaciones civiles, la Secretaría de Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros.
También, dijo el ecólogo Luis Zambrano en otra ponencia sobre ciudades resilientes, es indispensable impulsar más áreas verdes y reducir la urbanización descontrolada y el mal manejo del territorio.
El Investigador del Instituto de Biología documentó que en promedio hay entre 20 y 30 por ciento de espacios verdes en las ciudades, las cuales dan servicios ecosistémicos y mejoran la calidad de vida. Aunque, precisó, son heterogéneas, dependiendo sus barreras físicas (edificios, avenidas), de ruido y luz. Algunas especies de animales (aves, mamíferos terrestes) pueden coexistir entre áreas grises y verdes, otras se brincan de área verde a otra área verde, pero hay otros que no pueden transportarse entre áreas grises como serpientes o zorros.
Para resolver esas barreras dentro de ciudades y conectar las áreas verdes –para que la biodiversidad pueda funcionar dentro de las urbes– se proponen puentes, camellones y corredores entre parques y reservas, para que los animales puedan migrar de una zona a la otra.
En la Ciudad de México, ejemplificó Zambrano, las áreas verdes abundan en el sur, por lo que se necesitan en el noreste para aumentar la distribución y dispersión de especies nativas, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que sea menos vulnerables a eventos catastróficos por el cambio climático como inundaciones por un lado y escasez de agua por el otro.
