Durante los cuatro años en que Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre la manera en cómo operaba la empresa. Durante los dos primeros años, las observaciones fueron en su mayoría sobre un posible fracaso de la Reforma Energética. Para 2015 y 2016, lo que se encontró fueron sinrazones para hacer negocios que claramente serían un fracaso, presupuesto en riesgo, contratos con empresas sancionadas y un largo etcétera.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Fueron cuatro años los que Emilio Lozoya Austin controló Petróleos Mexicanos (Pemex) y en ese periodo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cerca de 40 tipos de anomalías en la firma de contratos, ejecución de obras y manejo de instalaciones en las que incurrieron Pemex y sus distintas divisiones.
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo a cada una de las auditorías de esos años, la gravedad de las observaciones se disparó en 2015 y continuó hasta 2016, año en que Lozoya dejó el cargo.
En ese Pemex de Lozoya, las fallas que la ASF detectó son pagos indebidos; compras de gas natural sin medición que provocó pagar más y recibir menos cantidad; proyectos que se fueron abandonando a lo largo de la ejecución como el denominado Mantenimiento de la Capacidad de Producción de las Refinerías.
Otro de los señalamientos reiterativos de la ASF fue la calidad del producto de Pemex y desde 2014 se le advirtió que eso podría significar el fracaso de la Reforma Energética de la administración de Enrique Peña Nieto. En 2015 una de las observaciones fue que las gasolinas de las plantas no estaban saliendo ni con el nivel de calidad establecido y que no se cumplió con los niveles de azufre permitidos.
En general, le señaló la ASF, Pemex durante esos años no cumplió en materia ambiental a pesar de contar con partidas presupuestales que le permitían elaborar programas para ello.
Como empresa, fue un periodo en el que se insistió en los negocios nada factibles: se encontraron donativos de los que no se pudieron restar impuestos al no tener relación con la materia de Pemex; se contrató publicidad en la que no se promocionó a Pemex; se pagó por 700 carros tanque que nunca fueron entregados; se le advirtió de negocios “no fiables” y “sin seguridad razonable” pero aun así, se encontraron contratos con cláusulas que imposibilitan determinar responsabilidades en caso de falla para emitir sanciones.
Otro ejemplo es que en la Evaluación del Control Interno del Proceso Integral de Adquisiciones no hay un documento de adhesión a los códigos de ética y conducta, así como de prevención de conflicto de intereses. De igual manera, el portal anticorrupción institucional no se encontró en operación.
Casi a modo de consecuencia de lo anterior, Pemex también pudo realizar en ese periodo contratos con empresas que estaban sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Hubo pagos duplicados y negocios con pérdidas de hasta 2 mil millones de dólares por cambios en los estados financieros y los valores en los libros de los activos, pagos improcedentes y compras de medicamentos que nunca se recibieron.
Uno de los casos más fuertes es el de una plataforma de perforación que costó cerca de 2 mil millones de pesos que quedó inmovilizada “con motivo de saqueo y desmantelamiento” porque estuvo sin operar hasta 541 días después de su entrega.
También se encontraron procesadores de gas obsoletos que trabajan al 49.2 por ciento de su capacidad.
Sobre el abandono de los proyectos, la ASF explica que Pemex fue blando en varios proyectos con la recepción de los trabajos finales, que en varias ocasiones no eran por lo que se pagó y en otras simplemente no se entregó nada. También las fechas de entrega fueron flexibles y a las empresas que no entregaron conforme lo establecido no se les cobraron multas o en otros casos, se cambió la fecha de entrega en el contrato y de paso se aumentó el monto de éste a favor del contratista.
También se encontró en almacenes o en patios tecnología que compró Pemex pero que no se utilizó; otra ya no se encontró. No recibió un material que pagó a una consultoría; no justificó varias “contrataciones de emergencia” y el equipo que obtuvo de esas compras lo abandonó.
Otros de los hallazgos de la Auditoría fueron vuelos en helicópteros “en los que no hubo aprovechamiento óptimo” y 3 mil 033 pasajeros no detectados; pagos en dólares a “personal en el extranjero” que no se acreditó que estuviera afuera; cursos que no se dieron pero que Pemex presentó “listas de asistencia”. Esos cursos eran para capacitar a personal que laboraría en Pajaritos, en Lázaro Cárdenas y en la Dirección Corporativa Procura y lo hizo sin la capacitación necesaria. Ese fue otro problema detectado en más de una ocasión: personal en Pemex sin el perfil idóneo.
En la revisión de todos estos proyectos, están las llamadas de atención de la ASF y luego el resultado final: en los dictámenes de las auditorías puede leerse que “no había modo de demostrar ni pruebas de un buen uso del dinero” o que “hay inversiones de las que no se sabe si funcionaron”.
LA CRISIS DE LOZOYA
Emilio Lozoya Austin dejó la dirección de Pemex en febrero de 2016 en medio del escándalo de presunta corrupción de la empresa paraestatal con la española OHL y luego de que se diera a conocer la red de funcionarios que Odebrecht sobornó para hacerse de contratos y que lo salpicó de lleno.
Desde entonces fue acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita mientras trabajaba en la petrolera. Promovió siete recursos legales, entre amparos y suspensiones provisionales, que le impidieron pisar la cárcel. Hasta que finalmente esta semana una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 28 de mayo, un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, y también en contra del ex director de Pemex, quien es acusado de recibir sobornos de 10 millones de dólares entre 2012 y 2014, a cambio de ayudar a la constructora brasileña Odebrecht para conseguir licitaciones con la empresa.
Tres órdenes de detención son por la la venta de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a Pemex por 273 millones de dólares, como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con dicha operación.
El 16 de enero de 2014, Emilio Lozoya Austin cumplía poco más de un año de haber asumido la titularidad de Pemex y la Reforma Energética tenía un mes de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión. Ese día, Pemex Comercio Internacional (PMI) firmó un contrato por 475 millones de dólares para comprar a la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados en el complejo petroquímico de Pajaritos, en el estado de Veracruz, hasta entonces propiedad de Altos Hornos de México, pese a que la planta estuvo en desuso desde 1999.
Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, aseguró que todo lo que se movió al interior de Pemex cuando su cliente estuvo a cargo de la dirección general pasó por el Consejo de Administración y por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.
El pasado 22 de mayo, la SFP inhabilitó a Lozoya por 10 años como resultado de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas” en donde se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial: en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
