Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos y coordinador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización que acompaña a familiares víctimas de violencia por el narcotráfico en Tamaulipas en su búsqueda de justicia, denunció hoy que la violencia en su estado ha provocado que otros activistas dejen la entidad.
Además, expuso que él y su familia han sido amenazados y difamados al relacionarlos con grupos del crimen organizado. El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México exigieron al Estado garantías para que él y todas las personas defensoras en México ejerzan de forma segura.
México, 21 de junio (EFE).– Una sola organización defensora de los derechos humanos resiste en Tamaulipas tras 20 años de violencia relacionada con el narcotráfico que han convertido esta región en una de las más violentas del país, informó hoy el activista local Raymundo Ramos.
Las amenazas y las agresiones han provocado que los defensores de derechos humanos abandonaran las ciudades de Reynosa, Tampico, Ciudad Victoria y Matamoros; y solo resiste el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Ramos.
Nuevo Laredo es una de las ciudades más azotadas por los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones del crimen organizado y de estas entre sí.
Desde febrero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado en esta ciudad 33 desapariciones, algunas de ellas con posibles implicaciones de la Marina mexicana.
Solo 13 cadáveres han sido encontrados, gracias a la búsqueda que han realizado los familiares de las víctimas, que reciben el apoyo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, lo que ha provocado un aumento de las amenazas que recibe el presidente de la entidad.
“Si en este escenario de violencia los pocos defensores que quedamos nos retiramos, ¿qué pasará con las familias que no reciben ayuda de las autoridades?”, dijo Ramos en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
El activista lamentó que en las dos últimas décadas en Tamaulipas “ni un solo gobierno ha encontrado la fórmula par aplicar justicia”, además de que los medios de comunicación “guardan silencio” y los activistas “están fuera del estado” por la violencia.
Ramos denunció que recibe amenazas desde 2010 y que últimamente se han recrudecido a través de dos páginas de Facebook anónimas que difunden fotos de su familia y lo acusan de formar parte del crimen organizado.
“Cuando te sitúan entre grupos (del crimen organizado) en un estado que está en guerra, están provocando que esos grupos vayan hacia ti o hacia tu familia”, aseveró el activista.
De hecho, la Marina mexicana abrió una investigación sobre esos supuestos vínculos entre Ramos y los grupos criminales, algo que las organizaciones de derechos humanos ven como un intento de “criminalización de los activistas”.
Ramos se preguntó por qué la Marina investiga a defensores de derechos humanos y no lo hace con los antiguos gobernadores del estado que, según Ramos, “lavaron dinero del narcotráfico”.
Además, dijo haber detectado vehículos fuera de su domicilio con desconocidos que lo vigilan, algo que denunció ante la fiscalía mexicana, pero lamentó que “las investigaciones no avanzan”.
Ramos agradeció el apoyo externo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, gracias a las cuales el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sigue en pie.
En la conferencia, Ramos estuvo acompañado del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum.
Jarab recalcó el “papel crucial de los defensores de derechos humanos en una sociedad libre y democrática” y su “gran contribución para salvaguardar la dignidad de las personas y construir un Estado de derecho”.
A su vez, Reneaum urgió a las autoridades mexicanas a “adoptar todas las medidas efectivas para garantizar la seguridad y la integridad de los defensores de los derechos humanos en Nuevo Laredo”, así como “reconocer su trabajo” y “no desprestigiarlos”.
