A casi dos años del multihomicidio en la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México detectó varias irregularidades cometidas por la Procuraduría capitalina al omitir protocolos del contexto de cada víctima, así como los antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades, en el caso específico, de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa.
El informe de la CDH abunda también en la violación del derecho a la integridad personal con relación al derecho a la memoria de las personas fallecidas, debido a que la autoridad, advierte, fue omisa al permitir filtración a los medios de datos sobre las víctimas con los que éstas fueron estigmatizadas.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– En la indagatoria por el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte en 2015, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) contaminó la escena del crimen, omitió protocolos que exigen considerar el contexto de víctimas mujeres, defensoras de derechos humanos o periodistas, difundió información para criminalizarlas y, además, dejó líneas de investigación sin agotar.
Por tanto, concluyó hoy la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, el Ministerio Público capitalino incurrió en violaciones a diferentes derechos de los afectados por este crimen, como al debido proceso –en relación con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión–, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“A casi dos años de ocurridos los hechos, la PGJ-CdMx continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia”, dice la recomendación 4/2017, difundida hoy.
El crimen se registró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, dejando como víctimas a Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Tanto Vera como Espinosa Becerril –la primera dedicada a la defensa de los derechos humanos y la promoción cultural, y el segundo fotoperiodista–, de acuerdo con denuncias que ambos hicieron públicamente, se habían trasladado a la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa.
Pero ninguno de estos contextos, documenta ahora la CDH, fueron tomados en cuenta de manera inicial por los agentes ministeriales encargados de la indagatoria del crimen.
ADEMÁS
“La autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias por motu propio que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del Estado de Veracruz a la Ciudad de México”, dice la CDH.
Desde un inicio, la PGJCDMX enfocó su indagatoria alrededor del circulo de la ciudadana de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martin, al cual presuntamente pertenecen las tres personas detenidas por el caso pero cuya información, como la relacionada con la delincuencia organizada, tampoco ha sido exhaustivamente investigada.
“La autoridad está obligada a investigar la información proporcionada por el probable responsable B (ahora sentenciado –el ex policía José Abraham Torres), quien ante la autoridad ministerial manifestó que el probable responsable C tenía vínculos con una organización delictiva; además que el día de los hechos, aunado a los vehículos en los que se transportaron al lugar del hecho, acudió otro vehículo, el cual permaneció fuera del departamento con otras personas a bordo, quienes venían acompañando al probable responsable C”, dice la recomendación.
Otra omisión detectada por la CDH fue la contaminación del lugar en el que ocurrió el crimen, donde el primer agente ministerial que ingresó dejó huellas y no registró su presencia, mientras que sólo en una segunda inspección de la escena, días después, se encontraron elementos fundamentales para cerrar la investigación alrededor del círculo de la ciudadana colombiana, como las facturas de los vehículos relacionados con los hechos.
“Este organismo detectó deficiencias atribuibles al personal de la PGJ-CdMx, ya que en el lugar del hecho se localizó un fragmento palmar perteneciente al Comandante en Jefe de la Fiscalía Central de Investigación para la atención del Delito de Homicidios; sin embargo, en la indagatoria no existe constancia legal respecto de la presencia y participación del citado servidor público”, reporta la CDH.
“Esta comisión acreditó que el personal ministerial que intervino en el lugar de los hechos omitió señalar, fijar y levantar durante su primera intervención la totalidad de los elementos criminalísticos relacionados con el hecho delictivo investigado, a pesar de haber quedado asentado en la diligencia que no se apreciaban mayores huellas o indicios relacionados con los hechos. Es así que, los días 2 y 4 de agosto de 2015 se realizaron nuevas intervenciones en el lugar de la investigación, en las que se encontraron otros indicios fundamentales para la investigación, entre otros, equipos de cómputo pertenecientes a las víctimas, componentes de equipos de telefonía, dispositivos de almacenamiento masivo de datos, facturas de los vehículos relacionados con los hechos, así como documentales privadas pertenecientes a las víctimas”, agrega la recomendación.
ADEMÁS
El informe abunda también en la violación del derecho a la integridad personal con relación al derecho a la memoria de las personas fallecidas, debido a que la autoridad, advierte, fue omisa al permitir filtración a los medios de datos sobre las víctimas con los que éstas fueron estigmatizadas.
“En el caso de Mile Virginia Martin, el sesgo informativo se fijó en su nacionalidad, concentrando su atención en una concepción estereotipada de las mujeres colombianas, misma que en general se relaciona con negocios ilícitos, de lo que se derivó casi de inmediato que el móvil del delito tenía relación con sus actividades”, dice.
“En relación a Nadia Dominique Vera Pérez, en un primer momento se destacó su participación como defensora de derechos humanos, incluso su propia familia refiere que al momento de su declaración, personal de la PGJCDMX lo primero que le cuestionó fue que si su ‘hija tenía muchos ideales’, pero al poco tiempo, debido a las filtraciones informativas, se comenzó a destacar el hecho de que había consumido sustancias, que había bebido toda la noche, que había estado en una fiesta, todo ellos sin ningún contexto social ni personal, lo que desvió la atención hacia su propia responsabilidad por estar realizando actividades inadecuadas, dejando de lado las amenazas de las que previamente había sido objeto”, agrega.
