Hace un par de semanas me topé con un artículo de la BBC en el que se retomaban algunos estudios del neurocientífico Adrian Raine, acerca de cómo si la actividad de la amígdala cerebral resulta excesiva en contraste con una actividad reducida en el cortex prefontral, se incrementa la proclividad a la ira y el enfado sin control, debido a que en estas zonas se generan las emociones. La BBC retoma también algunos reportes de James Fallon quien descubrió que las personas que tienen ausencia del gen MAOA o en una variante baja, están predispuestas a la violencia. Este tipo de conclusiones se complementa con análisis de contexto familiar y social, de modo que si se suman factores como violencia intrafamiliar, el resultado puede ser peligroso en tanto la persona presenta tendencias criminales.

El hecho de que en un futuro cercano sea posible diagnosticar la tendencia criminal de un individuo atendiendo a tanto a los factores neurológicos como a los factores sociales y, en consecuencia, ofrecer un tratamiento distinto para la rehabilitación social y la determinación de las condenas, nos obliga a imaginar el tipo de justicia penal que debemos construir en los próximos años. El camino hacia allá parece muy largo. Por lo pronto la necesidad de hacer modificaciones de fondo al sistema de justicia nos ha rebasado.

Así como hay mentes que tienen tendencias delictivas, parece que varios de los tomadores de decisiones implicados en el desarrollo de un sistema de justicia penal y sustentable, tienen tendencia a postergar sus obligaciones. El Gobierno federal no solo ha actuado con negligencia en la instalación del sistema, sino que ha jugado a opacar el estado actual de la justicia penal a nivel nacional y se ha movido como un líquido escurridizo ante los informes que revelan un retraso de consecuencias preocupantes.

A mediados del Gobierno de Vicente Fox se presentó la primera reforma al Sistema de Justicia Penal pero con la resistencia de un legislativo sordo, solamente se pudo iniciar en Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca. La necesidad de pasar de un sistema mixto a uno acusatorio, en cumplimiento a los principios mínimos de derechos humanos, era una prioridad y finalmente en 2008 ya con Felipe Calderón como presidente se concretó dicha reforma. Entre los cambios más importantes está la instalación de audiencias y del juicio oral para que esté a la vista de todas las personas interesadas, así como la posibilidad de que en los casos de delitos menores se proceda con reparación del daño. La implementación de esta reforma facilitaría los juicios con investigación legal en donde los jueces deberán emitir el juicio correspondiente, de forma inmediata en presencia de los involucrados y explicando las razones consideradas para el caso.

El plazo para que se instalara en cada uno de los estados de la República venció justamente el sábado pasado. La publicidad que se ha hecho de los avances del sistema difiere drásticamente de la realidad. Aunque las primeras planas de muchos diarios presumen el esfuerzo de gobiernos estatales y del federal, la realidad es que el sistema no está integralmente instalado.

No es coincidencia entonces que el Gobierno federal haya opuesto tanta resistencia al informe que presentó el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. CIDAC, en donde hace evidente el rezago en la instalación del sistema penal. http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Hallazgos_implementacio__n_Reforma_Penal.pdf De acuerdo con el documento, al paso que vamos tardaremos once años en cubrir los elementos básicos del sistema. Escandaloso es lo menos, incluso en algunos estados de no acelerarse el proceso, tardará hasta cuarenta años la instalación del sistema. De acuerdo con los hallazgos del CIDAC: Sonora y Tlaxcala no tienen una sola unidad de atención temprana. Es raquítico el número de protocolos desarrollados por la PGR para definir las pautas de actuación ministerial, policial, pericial y de análisis criminal. Otro ejemplo del atraso es el número de defensores públicos instalados por cada cien habitantes. Nayarit es el estado que más defensores tiene y cuenta con siete para cada cien, mientras en Jalisco, Veracruz o Tlaxcala no hay siquiera uno para atender a una centena. El rezago no es únicamente resultado del abandono del gobierno federal sino de muchos gobernadores que aprovechando que el término de su periodo coincidiría con el plazo de instalación, no movieron un dedo para garantizarla.

Sin embargo, ha sido desde la oficina de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), a cargo de María de los Ángeles Fromow, donde se realizaron acciones para reducir el impacto del Informe del CIDAC que evidencia la negligencia en la que el uso de las decenas de miles de millones de pesos destinados a este fin no ha dado mayores resultados. La responsabilidad del rezago recae también en el Gobierno de Felipe Calderón que cuando tuvo en sus manos la posibilidad de iniciar la implementación, tiró la toalla.

Las reacciones que algunos funcionarios públicos tienen cuando se les cuestiona sobre el nivel de avance de su trabajo, se podrían caricaturizar con berrinches y desequilibrios que muestran una defensiva poco inteligente. Deberían agradecer la información que arroja este reporte, en tanto les permitirá detectar las áreas más riesgosas y facilitará el seguimiento por entidad federativa. En buena medida, este informe fue posible gracias al financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Ojalá las presiones para esconder la situación actual del sistema no impidan que la investigación siga su curso.

El funcionamiento de nuestra mente y las razones neurológicas que nos empujan a asumir responsabilidades o a evadirlas, merecen como las mentes criminales, un buen estudio científico

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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