Por: Ángel Ruiz*

La cifra de la crisis forense en nuestro país es incierta al día de hoy. Mientras que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reportaba en el 2020 que existían más de 52 mil personas fallecidas sin identidad en espera de volver a casa,[1] el INEGI reportó en el 2023 que, aunque no existe una cifra actualizada del rezago forense, el número de cuerpos que procesaron los servicios periciales del país aumentó un 40.9% del 2021 al 2022.[2] En ese sentido vale la pena hacer un corte de caja de los esfuerzos para crear lo que se ha llamado una política nacional forense, con miras a pensar cómo podría lograrse un objetivo que ante la inacción parece cada vez más lejano: lograr que todas las personas vuelvan a casa.

Si bien la política nacional forense no existe explícitamente dentro del marco programático nacional, podemos encontrarla en las diferentes iniciativas que tiene el Estado mexicano para lograr la identificación, notificación, y restitución digna de personas desaparecidas hacia las y los familiares que les buscan. Esto, en términos programáticos, se traduce explícitamente en dos instituciones clave: 1) las Fiscalía Generales de Justicia de los estados que, dentro sus atribuciones de investigación del delito precisan identificar a las personas, así como notificar y restituir a las y los familiares; y 2) las Comisiones de Búsqueda, tanto nacional como locales, que desde la creación de la Ley General en materia de Desaparición, así como con su reforma de 2022, incluyen a la “búsqueda forense con fines de identificación humana” como una modalidad que no sólo les faculta para identificar personas, sino que les permite destinar recursos para la creación de infraestructura y acciones específicas para este fin.

Esta atribución adicional de las Comisiones de Búsqueda surge ante la exigencia de las familias de personas desaparecidas, pues no existía ningún instrumento de política pública específico que respondiera ante esta tragedia que también las familias llamaron primero crisis forense. Este diseño institucional ciertamente es atípico para un esquema de normalidad democrática, ya que existen labores no sólo de búsqueda, sino de identificación, que corren en paralelo dentro y fuera del sistema de justicia. Y esto es así porque responden a un escenario donde las instituciones tradicionales de acceso a la justicia no sólo estaban plagadas de impunidad, sino que aún en ausencia de este fenómeno, sería imposible que encontraran, identificaran y devolvieran a casa a todas las personas que son buscadas. De este modo, las propuestas ideadas por las familias y la sociedad civil organizada tendrían que ampliar un catálogo de posibilidades institucionales para lograr dar respuesta a la crisis forense.

¿Ante qué escenario estamos a casi 17 años de que se desatara la crisis de violencia en nuestro país? No sólo existe una inacción por parte de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), sino que hay poco o nulo entendimiento que las propuestas de las familias jamás se pensaron como competición a las instituciones existentes como las Fiscalías, sino como un trabajo coordinado, pues de otro modo no podrían darse abasto las instituciones del país para hacer frente a la crisis. Por ejemplo, si observamos la creación de infraestructura para la identificación de personas, vemos que, además de los 35 centros de resguardo forense u homólogos que el INEGI reportó en el 2023 que existían en todo el país, la mayor parte de los recursos de los subsidios que se otorgaron ese año para la identificación forense fueron destinados para la creación y/o ampliación de centros adicionales en 10 entidades federativas, frente a los 7 centros de identificación para los que se destinaron recursos,[3] incluyendo algunos ya en funciones como el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila.

Lo anterior quiere decir que ante los grandes esfuerzos de las familias por exigir y proponer una política pública adecuada y coordinada para la atención de la crisis forense en México, la gestión institucional ha consistido no sólo en insistir en una competencia inexistente entre Comisiones de Búsqueda y Fiscalías, sino que se ha quedado en el primer tramo de una política nacional forense, esto es, en el resguardo de los cuerpos. Dignificar el resguardo es sólo el primer paso en el camino de que vuelvan a casa.

Crear una política nacional forense implica un manejo y coordinación interinstitucional, donde los gobiernos tienen un catálogo de opciones institucionales y presupuestarias como herramientas para lograr objetivos políticos como la búsqueda, identificación y restitución de personas, no un espacio donde las instituciones compiten por recursos públicos y la rectoría de una política cuyo único centro tendría que ser encontrar a todas las personas que nos faltan. Ante un escenario de transición política, la apuesta en materia forense no sólo tendría que contemplar un esfuerzo integral por resguardar, identificar, notificar y restituir a todas aquellas personas sin identidad que buscan volver a casa, si no una apuesta coordinada dentro y fuera del sistema de justicia para asegurar una política de Estado de largo aliento.

* Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

[1] La crisis forense en México: más de 52,000 personas sin identificar. Informe Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.  https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forense-en-Me%CC%81xico.pdf

[2] INEGI, servicios periciales 2023 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/SPySMF/2023_resultados_serv_per.pdf

[3] Cifras obtenidas de los Anexos Técnicos de Convenios de Coordinación entre Comisiones Locales de Búsqueda y Comisión Nacional de Búsqueda para Subsidios, 2023.

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