En el Libro Territorios violentos en México: el caso de Tierra caliente, Michoacán, Enrique Guerra Manzo ahonda en la crisis de violencia que se vive en varias zonas del estado, en especifico en la región de Tierra Caliente. Desde una perspectiva histórica, el autor estudia esta problemática para tratar de comprender la complejidad de este fenómeno.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- El 24 de febrero de 2013 surgió uno de los fenómenos contemporáneos más polémicos de la historia reciente en el país y particularmente en la región de Tierra Caliente de Michoacán: los grupos de autodefensa. Hombres que se levantaron en armas contra las extorsiones y la violencia impuesta por Los Caballeros Templarios, “quienes exprimían las cadenas productivas y toda la actividad económica”.
A lo largo de poco más de un año, estos “vigilantes” pasaron de la clandestinidad a aliarse con el Gobierno federal para desarticular al Cártel de Los Caballeros Templarios y a su líder Nazario Moreno, quien construyó toda una narrativa en torno a esta agrupación criminales. No obstante, con el paso del tiempo lo que se volvió una ayuda para las autoridades fue derivando en un fenómeno complejo que analiza Enrique Guerra Manzo en el libro Territorios violentos en México: el caso de Tierra caliente, Michoacán, trabajo que recorre el proceso histórico de la violencia en Michoacán.
“La formación de grupos paramilitares está relacionada con la construcción de Estados. Los Estados fuertes (hegemónicos o infraestructurales) no necesitan privatizar la violencia o contratar a terceros (outsourcing) para que la ejerzan, ya que pueden controlarla de manera efectiva o reprimir amenazas con la policía normal”, escribe Guerra Manzo en este trabajo editado por la Universidad Autónoma de México (UAM) y Editorial Terracota.
En el texto, el autor analiza las causas de los ciclos de violencia suscitados en la región de Tierra Caliente entre 1910 y 2020, los cuales propiciaron a que esta zona se convirtiera en una de las más conflictivas del país. El libro está conformado por una amplia investigación sustentada en archivos históricos, entrevistas a pobladores, autodefensas, curas, y personas que han sido afectados por el crimen organizado.
En Territorios violentos en México: el caso de Tierra caliente, Michoacán Enrique Guerra advierte que de no combatirse los problemas que aquejan a la entidad como la violencia, impunidad y extorsión el estado perderá su ya débil capacidad para mantener La Paz, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos.
SinEmbargo comparte en exclusiva para sus lectores un fragmento del libro En Territorios violentos en México: el caso de Tierra caliente, Michoacán, © 2023, de Enrique Guerra Manzo referente a lo que sucedió con este movimiento de las autodefensas. Se trata de una cortesía otorgada bajo el permiso del autor y de la Editorial.
de Enrique Guerra Manzo. Foto: Especial
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CAPÍTULO VIII. El destino de los grupos de autodefensa (2014-2020)
Mientras el capítulo anterior centró su atención en el primer año de existencia de las autodefensas (en su fase carismática), este pretende profundizar en las trayectorias principales que desde 2014 hasta 2020 siguieron algunos de los grupos que integraban el movimiento, en especial en el Valle de Apatzingán.
Primero, se pasa revista al concepto de paramilitarismo y el grado en que puede aplicarse a ciertos sectores de las autodefensas con un pasado criminal más oscuro. Segundo, se explica cómo ciertas tensiones internas y el intento del Estado por contener el movimiento propiciaron su fragmentación. Tercero, se da cuenta de un grupo de élite de las autodefensas que tuvo funciones paramilitares (el G250) y la forma en que algunos de sus miembros aprovecharon su alianza con el Estado para promover sus intereses como empresarios de la violencia: la sociedad calentana pronto empezó a conocerlos como los H3 (o Tercera Hermandad) y Los Viagras. Cuarto, se estudia a un sector de las autodefensas ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tepalcatepec, y cómo aprovecha su inserción en ellas para consolidar una especie de “neocaciquismo mafioso”. Quinto, se presenta el caso del municipio de Tancítaro como uno de los mejores ejemplos de preservación de los valores originarios de las autodefensas hasta la fecha. Para terminar, se reconstruye cómo en Buenavista el movimiento se fragmentó y dio lugar a grupos vinculados con el crimen organizado, mientras los valores centrales del movimiento se hicieron cada vez más débiles.
LAS AUTODEFENSAS: ¿UN FENÓMENO DEL PARAMILITARISMO?
La formación de grupos paramilitares está relacionada con la construcción de Estados. Los Estados fuertes (hegemónicos o infraestructurales) no necesitan privatizar la violencia o contratar a terceros (outsourcing) para que la ejerzan, ya que pueden controlarla de manera efectiva o reprimir amenazas con la policía normal.
Los Estados débiles deben enfrentar esas amenazas apelando a la privatización y el outsourcing (paramilitares) (Mann, 2004). Es como si, paradójicamente, disolvieran el monopolio de la violencia para poder preservarlo. Según Kalyvas y Arjona (2005), los cambios internos y las debilidades de un Estado son los que pueden explicar que en un momento dado surja el paramilitarismo en cualquiera de sus modalidades (observan cuatro de estas), pero una vez que los grupos paramilitares construyen poderes locales o afianzan territorios, si esos grupos están muy descentralizados o no están controlados por el Estado, el proceso de desmovilización puede tardar mucho, y siempre hay el riesgo de que algunos combatientes ingresen a las filas criminales o formarlas ellos mismos (Kalyvas y Arjona, 2005: 34-36, 39).
Como enseñan los casos que se analizarán aquí, considero que justamente eso fue lo que ocurrió con ciertos sectores de las autodefensas michoacanas: de ser aliados del Estado escaparon a su control y formaron otros grupos delictivos (H3, Viagras, en el caso de Buenavista) o ampliaron su músculo criminal (como el grupo de Tepalcatepec).
Al analizar el caso colombiano, Grajales (2017: 364) destaca que la movilización paramilitar es una de las modalidades de estatización del territorio y de apropiación del Estado por parte de actores locales. En otras palabras, de captura del Estado, de colonización desde abajo del Estado (Omelyanchuck, 2001).
Cuando las autodefensas de Colombia conquistaban un territorio imponían su ley: aparatos de vigilancia que infundían miedo y que obligaban a las personas a actuar en consecuencia, aseguraban el funcionamiento automático del poder (Grajales, 2017: 1658). En mi opinión, algo similar ocurrió en Tierra Caliente con el dominio de Los Zetas (2001-2006), La Familia Michoacana (2006-2010) y Los Templarios (2011-2012) y aún se produce en la actual fase de violencia que vive la entidad desde 2014: una lucha por la hegemonía y la reconfiguración de territorios entre cárteles rivales, en la que participan tres pesos pesados —cjng, Viagras y La Nueva Familia Michoacana—, junto a otros grupos más pequeños, en realineamientos inestables.
FUERZA RURAL Y LA ESTRATEGIA ESTATAL
El comisionado Alfredo Castillo consideró que con la legalización de las autodefensas se daría paso al proceso de institucionalización de los grupos civiles que se habían levantado en armas contra el crimen organizado y se evitaría que se constituyeran en un gobierno paralelo (Arrué, 2017: 136). Como ya en parte se ha señalado en el capítulo anterior, primero Castillo pensó en transformarlas en Cuerpos de Defensa Rural subordinados al ejército, el 27 de enero de 2014 en una reunión con las autodefensas, pero por razones que no están claras se abandonó esa iniciativa. Por último, en otra reunión, el 14 de abril, se decidió convertirlas en un cuerpo policíaco llamado Fuerza Rural Estatal, subordinado a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Se manejaría mediante un proceso de registro, exámenes de control y de confianza, así como capacitación de todos aquellos candidatos que pasaran las pruebas y fueran seleccionados para integrar el nuevo cuerpo policíaco. Hubo 5 mil 706 solicitudes de autodefensas. Pero 1 299 solicitantes en realidad solo estaban interesados en tener permiso de portación de armas para defensa de sus hogares y para poder viajar a otros municipios. Entre mayo y junio solo se aceptó a 876 personas para integrar Fuerza Rural, cuyos elementos estarían distribuidos en 18 municipios de Tierra Caliente, sierra, costa y meseta Purépecha. El resto fueron rechazados por no aprobar los requisitos y filtros solicitados: exámenes de antidoping, escolaridad (al menos primaria), no tener antecedentes penales, entre otros.3 La fecha límite para culminar el proceso de regularización de los grupos civiles armados se fijó para el 10 de mayo. El 13 de ese mes se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado el decreto por el que se creaba la unidad de Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuyo objeto sería “mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes dentro de las regiones estatales, municipios, cuadrantes, colonias, tenencias o de las comunidades correspondientes” (Arrué, 2017: 1335).
Esta fase estuvo marcada por fuertes diferencias entre los integrantes de las autodefensas favorables a la estrategia de Castillo y de quienes se oponían a ella. José Manuel Mireles, quien para entonces ya había sido destituido como vocero de las autodefensas, e Hipólito Mora, quedaron al frente del bloque anticastillista, que pugnaba por no frenar el movimiento hasta no limpiar a la entidad del crimen organizado.
Mientras que Juan José Farías El Abuelo —el hombre fuerte de Tepalcatepec—, Estanislao Beltrán Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez El Comandante Cinco, Luis Antonio Torres —cabeza del H3— y los hermanos Sierra Santana —líderes de Los Viagras—, quedaron al frente del proceso de conversión de las autodefensas en Fuerza Rural y de la formación del grupo paramilitar de élite G250.
En el segundo semestre de 2014, Fuerza Rural, cuya comandancia quedó a cargo de Estanislao Beltrán, así como el grupo G250 operaron en medio de sospechas y críticas tanto de la sociedad civil como de los medios: se hablaba de que ambos estaban infiltrados por el crimen organizado y eran utilizados para golpear a sus enemigos locales, así como de cometer diferentes clases de arbitrariedades.
Por ejemplo, varios pobladores de Nueva Italia manifestaron a la cndh no estar de acuerdo con la existencia de grupos de autodefensa en su municipio: “la presencia de civiles armados, ajenos a su comunidad, les producía temor y desconfianza”. Una persona que, si bien apoyaba las autodefensas, no dejó de señalar que “a veces en su actuar cometían abusos, ya que se apoderaban de los inmuebles de las familias desplazadas por la inseguridad”. Otros más expresaron su inconformidad porque se permitiera la participación de extemplarios en los grupos de autodefensa y por varias arbitrariedades cometidas: “como el hecho de privar de la libertad y golpear al que se negara a unirse al movimiento” (testimonios citados en cndh, 2015: 80).
En el municipio de Gabriel Zamora, hubo quejas similares. Una persona recordaba que Los Templarios aparecieron en la localidad con los mismos argumentos (de que iban a defender al pueblo del crimen organizado) y luego “comenzaron a delinquir, razón por la que desconfiaba de los grupos de autodefensa”. Otros entrevistados señalaron que los comunitarios “obligaban a los hombres a integrarse a su grupo” y a que la población les brindase “apoyos económicos y de comida”. Además, sentían desconfianza porque “ingresaban ilegalmente a los domicilios y robaban pertenencias” (testimonios citados en CNDH, 2015: 102).
En el propio municipio de Apatzingán —sede del principal cuartel militar en la región—, hubo malestar. Así, en la comunidad de San José de Chila, una persona indicó que no simpatizaba con los grupos de autodefensa ya que “impedían el paso a las personas que no estaban de acuerdo con el movimiento y se les amenazaba con expulsarlos de la comunidad; esta situación provocó que su familia no pudiera ingresar a la comunidad y perdieran la cosecha”. Aunado a ello, “ingresaban de manera violenta a los domicilios y sustraían objetos o herramientas y no se les permitía desempeñar sus labores cotidianas”. Otro habitante de Naranjo de Chila relató que cuando llegaron los comunitarios al pueblo no tardaron en irrumpir en domicilios que se encontraban abandonados “a robar cosas y a golpear a los hombres que se negaban a formar parte de los grupos de autodefensa” (CNDH, 2015: 118-119).
Lo anterior, junto a problemas operacionales y administrativos, llevó a la necesidad de transformar la Fuerza Rural en Fuerza Ciudadana; para eso, anunció Castillo en diciembre, había que depurar a la primera, realizando nuevos exámenes de confianza a sus integrantes. Además, declaró que el grupo G250 debía ser desintegrado, pues había cumplido ya con las tareas para las que había sido creado (localización y descabezamiento de líderes templarios). Esas declaraciones provocaron que ese mes estallaran manifestaciones de protesta en varios municipios calentanos: bloqueos carreteros, quema de uniformes de Fuerza Rural, así como la toma del palacio municipal de Apatzingán (Maldonado, 2018: 224-227; Castellanos, 2018).
En ese convulso escenario, el 6 de enero de 2015, un intento de desalojo de los manifestantes que tenían tomado el palacio municipal de Apatzingán culminó con un trágico desenlace de varios muertos y heridos. El impacto en la opinión pública de esos hechos, así como las presiones de los partidos políticos representados en el Congreso, parecen haber pesado en la decisión de Peña Nieto de remover a Castillo de su cargo de comisionado el 23 de enero de 2015. Para la opinión pública, era evidente que si bien Castillo fue exitoso en el descabezamiento de Los Templarios, sus gestiones no le dieron el control al Estado del problema de la seguridad. Diferentes grupos del crimen organizado parecían cobrar nuevos bríos y la “institucionalización” de algunos sectores de las autodefensas no llevaba a un mayor grado de pacificación de la entidad. Por el contrario, desde entonces, las espirales de violencia irían en aumento.
De acuerdo con estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp) sobre la violencia en Michoacán entre 2006 y 2012, período en el que imperaron La Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registró la cifra más baja en 2007 con 12.28 y la más alta en 2011 con 17.36. En los dos años más álgidos del movimiento de autodefensas, la cifra ascendió nuevamente a 19.91 en 2013 y a 19.81 en 2014. En 2015 se registró un ligero ascenso a 20.50, pero desde 2016 la tasa no dejó de dispararse año con año a más de tres decenas por arriba incluso del promedio nacional: 30.95 en 2016 (a nivel nacional fue de 18.37); en 2017 a 31.36 (el promedio nacional fue de 23.27); en 2018 a 34.11 (la tasa nacional fue de 26.92). En 2019 la tasa se elevó por arriba de las cuatro decenas: 43.43 (ese año la media nacional fue de 27.40) y en 2020 la cifra fue mayor a las cinco decenas: 50.42 (el promedio nacional fue de 27.04). De esta manera, parece claro que el descabezamiento del Cártel de Los Caballeros Templarios no permitió bajar los índices de letalidad en Michoacán. Por el contrario, la fragmentación de esa organización ocasionó la aparición de otros grupos del crimen organizado, que en su feroz lucha por el territorio han llevado a la entidad a mayores espirales de violencia. La Comisión continuó sus operaciones, ya sin Castillo, hasta el 15 de septiembre de 2015, cuando un decreto presidencial anuló su existencia. Pero, como señala Arrué (2017: 135-153), no se le dio continuidad a sus incipientes obras,7 ni a sus propuestas: promover oportunidades laborales, educativas, productivas y culturales para impulsar nuevos valores que propiciaran la paz en los lugares donde estallaron autodefensas, abatir la pobreza en comunidades marginadas, transformar las propiedades decomisadas al crimen organizado en centros de desarrollo comunitarios, museos, centros de salud o de atención a víctimas de la violencia. Todo eso quedó inconcluso.
En lo que concierne a Fuerza Rural, el gobierno de Silvano Aureoles, con su estrategia de cero tolerancia a los grupos civiles armados, la ha disuelto en varios municipios. Sus cuadros se han incorporados al Mando Unificado, en el cual las diversas corporaciones policíacas que existían en Michoacán quedaron convertidas simplemente en policía Michoacán (Maldonado, 2018). Empero, en varios municipios sigue habiendo resistencia para evitar que desaparezca su Fuerza Rural o sus grupos de autodefensa, que de manera informal siguen persistiendo. Tanto Hipólito Mora, como el Comandante Pilas —líder de las autodefensas de Peribán— y el Comandante Tata de la Tenencia de Cherato —principal figura de las autodefensas indígenas del municipio de Los Reyes—, me confirmaron (en entrevistas que les hice en noviembre de 2018, en sus respectivos municipios) la persistencia de una red informal de ayuda mutua entre las autodefensas que se niegan a deponer las armas.
ALIADOS INCÓMODOS: G250, H3 Y VIAGRAS
Otro aspecto de la legalización de las autodefensas en el que vale la pena ahondar un poco más es el de la transformación de algunos de sus cuadros en un cuerpo de élite denominado G250, el cual sería utilizado para perseguir a los principales líderes templarios.
La manera en que fue creado este cuerpo de fuerzas especiales no se hizo público. A los medios solo se les informó que sus integrantes eran gente con mucha experiencia en el manejo de las armas y conocedora de los vericuetos del crimen organizado. Este grupo operaría en la práctica como un cuerpo paramilitar, a las órdenes del comisionado. Tanto los miembros de las autodefensas opositoras a Castillo como la opinión pública cuestionaron de inmediato el origen oscuro de algunos de sus integrantes, con un pasado delictivo, dada su pertenencia a Los Viagras o al H3.
Todo eso fue interpretado como una alianza peligrosa del Estado con un sector del crimen organizado para combatir a otro (Maldonado, 2018: 203-227; Lemus, 2015; Lara, 2016). Arrué (2017: 1426) reconoce abiertamente que el G250 se constituyó como un grupo operativo “dado que muchos de sus integrantes eran extemplarios”, “dispuestos a agarrar a La Tuta y a otros templarios”, pero se pactó con ellos que su colaboración solo sería por un período de tres a seis meses como máximo. “Fue una estrategia de contención, mientras maduraba el proceso de institucionalización”. Y agrega, el G250 estaba dividido en subgrupos: la gente del “Gordo Viagra Sierra Santana, el de La Sopa Aguada Sierra Santana, el de la Teresa Viagra Sierra Santana, El Americano y el Botox [sic]”.
Estos subgrupos “reventaron un sinnúmero de casas y bodegas de Los Templarios en Apatzingán, Nueva Italia y otros municipios, pertrechándose con camionetas, coches de lujo, armamentos y dinero”. Todos ellos se fueron a la sierra durante varios días en búsqueda de La Tuta, “bajaron desaliñados y cansados, se volvieron a ir, y de nuevo bajaron desaliñados y agotados”. Luego comenzaron a operar de manera criminal en el Valle de Apatzingán “y fue cuando la población empezó a señalarlos y a temerles” (Arrué, 2017: 2022-2029).
Un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de marzo de 2014 recogió diversos testimonios de los habitantes de las comunidades terracalenteñas, en los que decían sentirse agraviados por diversas actividades opresivas y expoliadoras de tales grupos: “allanamiento de propiedad privada, retenes ilegales, intimidación”, prácticas de leva, “acusaciones sumarias a quienes consideran sospechosos, toma de instalaciones públicas, la reconocida inclusión de exmiembros de grupos delincuenciales en sus filas, entre otras” (cedh, 2014).
Arrué sostiene que esta clase de “fallas”, afectaron “mucho la imagen de la tarea federal”. Esos grupos decían a la gente que eran Fuerza Rural, “pero no lo eran”. Luego Viagras y el H3 se fracturaron y se enfrentaron entre sí. Cuando Castillo quiso desaparecer al G250, sus integrantes presionaron para que los integraran a Fuerza Rural y se les pagaran sus salarios (Arrué, 2017: 2022-2029).
Como puede apreciarse, el Estado, a través de Castillo, se alió con un sector del crimen organizado, al que utilizó como un cuerpo paramilitar, para combatir a otro. Se trató de una alianza peligrosa.9 En los cálculos del comisionado tal vez estaba que esa alianza era una vía rápida para entregar resultados inmediatos a Peña Nieto. Y que siempre podría mantener bajo control al G250 y, cuando quisiera, deshacerse de sus integrantes sin ningún problema. Pero esa alianza trajo consecuencias imprevistas: el músculo de Los Viagras y del grupo H3 creció a medida que conquistaban territorios bajo el amparo oficial. Una vez rota la alianza (con la represión del 6 de enero de 2015 en Apatzingán), esos aliados oscuros, en especial Los Viagras, mostrarían ese músculo para llevar a la tierra calentana, serrana y costeña (e incluso a otras regiones de Michoacán relativamente pacificadas) a niveles de violencia mayores que los de la época templaria.
La obra del comisionado mostró entonces su enorme debilidad, echó más gasolina a un fuego que se volvió más difícil de apagar: la guerra en Michoacán contra el crimen organizado ya no sería en adelante contra un solo cártel hegemónico, sino contra diversas organizaciones criminales que no han dejado de disputarse plazas con gran ferocidad. Situación que prevalece hasta la fecha (aspecto en el que se profundizará en el siguiente capítulo).10
Arrué (2017: 2150) señala de manera cruda: una parte del G250 se subdividió en varios subgrupos que “actúan ahora como nuevos cárteles al margen de la ley. Otros se unieron al mismo cártel al que combatían, otros están en sus municipios intentando reinsertarse”. Reconoce que hasta 2017 operaban en la entidad los siguientes cárteles: El Grupo del Cenizo (extemplario), Los Viagras (extemplarios), el Grupo del Gallito (encabezado por un sobrino de El Chayo), La Nueva Familia Michoacana, el Grupo del Metro, El Grupo de El Brazo de Oro y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En esa lucha darwiniana entre cárteles (que no descarta alianzas fugaces entre algunos de ellos), los que han mostrado mayor poderío desde que se institucionalizó a las autodefensas son Los Viagras y el CJNG.
Esa “cartelización” de algunos sectores de las autodefensas provocó un gran desprestigio del movimiento entre la población calentana. El carácter predatorio y violento de los grupos cartelizados no tardó en provocar en la población un sentimiento de impotencia y la sensación de que de nada había servido el levantamiento. Esa era, por ejemplo, la opinión de varias personas que entrevisté: de los curas José Luis Segura Barragán (entrevista del 8 de noviembre de 2018) y Gilberto Vergara García (20 de noviembre de 2019); de José Ulises Lara, exautodefensa de Apatzingán (17 de enero de 2019), Marco Antonio Hernández (10 de noviembre de 2018) y Cristina Paredes (10 de noviembre de 2018), activistas de una organización de la sociedad civil (osc) y defensores de los derechos humanos en la entidad. Un movimiento que en su fase carismática (durante su primer año) parecía progresista y popular en favor de los derechos de la población a una vida digna, a la justicia y mayor seguridad, fue desvirtuado por empresarios de la violencia y partidarios del mercado de lo ilícito, que lograron infiltrarlo y fragmentarlo con la ayuda del comisionado Castillo. No es casual que en algunos municipios la imagen de las autodefensas más bien aparezca como la de nuevos grupos cartelizados.
De esa manera, al inicio del movimiento, en general los grupos de autodefensa eran bien recibidos en las comunidades calentanas que se sentían agraviadas por Los Templarios y las autoridades locales controladas por ellos, pues creían que con su llegada tendrían más seguridad, sin embargo, a medida que el movimiento conquistaba nuevos territorios y se hacía más fuerte, se observó un cambio de comportamiento en algunos grupos: “de presentarse con armas sencillas y portando camisetas blancas”, comenzaron a entrar en las comunidades en contingentes de 300 personas “con camionetas o carros de lujo, fuertemente armados, incluso con armas Barret y lanzagranadas, y recibían una remuneración económica a cambio de ser parte del movimiento” (cndh, 2015: 164; Gil, 2014; Lemus, 2015).11 Este comportamiento era propio de Los Viagras y el H3 (no es extraño que a este último algunos medios lo denominaran el “comando Armani”, dadas sus extravagancias y lujos de sus integrantes).12 En toda la Tierra Caliente, salvo en la comunidad de La Ruana en donde el grupo de Mora se mantuvo conformado solo por gente de la localidad, sin permitir el acceso a líderes o sectores ajenos a ella, esos grupos de autodefensa cartelizados fueron los que impusieron su impronta al movimiento en la mayor parte de los municipios.
Cabe preguntarse si de la alianza de Castillo con ciertos sectores del crimen organizado, la autoridad estatal salió fortalecida o debilitada. Autores como Le Cour Grandmaison (2019), consideran que ocurrió lo primero; en mi opinión, más bien predominó lo segundo, pues el Estado no logró afianzar su soberanía en los territorios en que se dio el movimiento de autodefensas, ni pacificar a la entidad, ni disminuir los índices de violencia. Es cierto que el movimiento de autodefensas en su mayor parte fue desmovilizado y desarticulado, pero no así el poder del crimen organizado, cuyo músculo no ha dejado de hacerse sentir en el suroeste michoacano y en otras regiones de la entidad.
LA EXPERIENCIA DE TEPALCATEPEC ¿UN NEOCACIQUISMO MAFIOSO?
Si bien el H3 y Los Viagras pueden verse como casos de infiltración del movimiento de autodefensas por parte de grupos del crimen organizado, en el caso de Tepalcatepec estamos ante un grupo, aliado al cjng hasta mediados de 2019, que se convirtió desde el principio en un fuerte motor del nacimiento y expansión de las autodefensas. Para entender esto es necesario detenerse un poco en los antecedentes del vigilantismo civil en la región, en parte ya referidos en capítulos previos.
Tepalcatepec, como varios lugares de Tierra Caliente, ha tenido una fuerte tradición de defensas rurales, que fueron necesarias en diferentes momentos de su historia: contra oleadas de gavilleros que de manera intermitente asolaban el municipio tras el estallido de la Revolución de 1910; se reactivaron en la rebelión cristera en la década de 1920; estuvieron muy activas durante la reforma agraria cardenista —contra caciques y guardias blancas de las haciendas—.13 Michoacán, como observa Maldonado (2018: 209), aparece como una de las entidades con más defensas rurales a nivel nacional. A mediados de la década de 1980 había alrededor de dos mil miembros activos, pero en la de 1990 eran pocos los cuerpos que seguían activos en la entidad, con excepción de los que había en Tierra Caliente. Desde fines de la década de 1950, estos mantenían una estrecha colaboración con el ejército en el combate al narcotráfico (Veledíaz, 2012). A la luz de esas experiencias, quizá no sea tan sorprendente que el Estado haya intentado apoyarse en las autodefensas surgidas en 2013 para golpear al Cártel de Los Caballeros Templarios.
Aunque el movimiento de autodefensas que se inició primero haya sido el de La Ruana, fue el de Tepalcatepec el que se convirtió en su núcleo impulsor en otros municipios. Su líder fue un personaje al que no le gusta mucho llamar la atención de los medios, Juan José Farías Álvarez El Abuelo. Exintegrante del Cuerpo de Defensas Rurales de Tepalcatepec, agricultor, ganadero, comerciante de quesos y el hombre fuerte de Tepalcatepec.14 De familia numerosa (es uno de 14 hermanos), El Abuelo también tiene un ejército de primos y sobrinos. “En su familia hay muchos militares”, dice en Apatzingán un exfuncionario del ayuntamiento que es originario de Tepalcatepec (La Jornada, 13 de febrero de 2014).
El 31 de enero de 1998 había sido apresado, junto con otros seis sospechosos, con un cargamento de 127 kilos de marihuana y 30.5 kilos de semilla de cannabis, en el poblado El Jabalí, Apatzingán. Fue acusado de tener una trayectoria delictiva. Aunque salió libre al poco tiempo, informes de inteligencia señalan que primero se acomodó en las filas del cártel de los Valencia; a partir de 2006 estuvo en una alianza coyuntural con La Familia Michoacana y cuando esta se dividió tomó partido por Los Templarios, pero cuando estos se enfrentan al cjng rompió con ellos, pues ahí militaban varios de sus familiares. Desde entonces y hasta mediados de 2019 se le asocia con este último cártel. Un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) de 2006 señala que también tuvo nexos con Zhenli Ye Gon (el rey de las metanfetaminas). Ese reporte agrega que cuando Los Zetas invadieron Michoacán, El Abuelo encabezó un grupo de “mataZetas” que se dedicó a perseguir a los sicarios de ese cártel. El grupo estaba conformado por exmiembros de la policía rural del ejército, exmilitares y expolicías. El 6 de marzo de 2009 fue detenido de nueva cuenta en el municipio de Buenavista, en posesión de una pistola calibre 10 mm y un paquete de hachís, por lo cual estuvo en la cárcel dos años y diez meses. El Abuelo siempre ha negado esos cargos. Admite que estuvo preso durante tres años por posesión de un arma de uso exclusivo del ejército, pero aclara: “me la pusieron ellos”. Él siempre se dice un hombre que está en paz con la justicia y que nunca le han probado nada.
Otro documento de inteligencia del año 2000 señalaba que en esa jurisdicción se registraba ya un fuerte deterioro de la seguridad pública. La vastedad de su territorio, elevada dispersión de sus 65 poblados y escasez de elementos policíacos (en total eran 23 policías), constituían obstáculos formidables para garantizar una plena seguridad a los habitantes de la región. Los delitos más frecuentes, agregaba, eran “asaltos, robos, riñas, lesiones, daño en las cosas, abigeato y fraude”. Se registraba también “presencia de bandas y gavillas que incurren en estos delitos del fuero común, vinculándose algunas de ellas al narcotráfico”. En lo que concernía al crimen organizado, una de sus actividades era el tráfico de armas y de municiones, pues había mucha demanda dado el “fuerte pistolerismo en [las] comunidades rurales”. El extenso informe recordaba que el 29 de julio de 2000, en un operativo en la localidad de Loma Blanca por elementos del ejército y de la policía judicial federal, se decomisó un significativo número de armas de diferentes características. El 3 de agosto, lo mismo ocurrió en un vehículo abandonado sobre la carretera Buenavista-Tepalcatepec, en el que se decomisaron 1 282 cartuchos. Pero el narcotráfico aparecía como el principal problema de seguridad y circulaban “rumores” de funcionarios del ayuntamiento que se encontraban “coludidos con bandas de narcotraficantes”. Había evidencias de que “desde hace mucho tiempo el territorio de Tepalcatepec se ha constituido en punto de origen y tránsito de cargamentos de enervantes, principalmente marihuana hacia destinos como Uruapan, Guadalajara y las ciudades de la frontera norte”. Un indicador de las dimensiones del tráfico era que en el último año se habían decomisado cuatro toneladas de marihuana y destruido sembradíos de una superficie conjunta de 14 hectáreas. La percepción ciudadana sobre la materia era ambivalente. Existían grupos sociales que condenaban esa actividad “como un fuerte delito penalizado, con el que evitaban involucrarse”; pero otros, en especial en las zonas más rurales, la veían como “una opción para salir de la pobreza y ascender en la dinámica social”. En esos lugares, concluía el informe, “el narcotráfico forma parte de la idiosincrasia de la gente”.
Debido a la posición estratégica del municipio, ubicado en la frontera entre Jalisco y Michoacán, como productor y corredor para el tráfico de enervantes, ha sido un lugar muy codiciado por los grupos del crimen organizado. El cjng nunca se resignó a ser desplazado primero por La Familia y luego por Los Caballeros Templarios. El movimiento de autodefensas en Tepeque (como sus pobladores también llaman al municipio) surgió de varias pequeñas redes, que de manera fragmentaria (sin conexiones entre sí) conspiraban desde hacía meses sobre el modo de sacudirse el despotismo templario.17 Platicaron también con Hipólito Mora y acordaron levantarse juntos el 24 de febrero de 2013. Pero antes, los organizadores enviaron varias veces información a la 43 zona militar, al batallón 51, sobre el modo en que operaban Los Templarios (lugares, movimientos, actividades). La relación de El Abuelo con los militares siempre había sido muy buena.
El domingo 24 de febrero, la Asociación Ganadera Local sesionaría para cambiar a su cuadro directivo. A la reunión asistieron cerca de mil de sus socios (cuya membresía era de 1800). A esta llegaron los catorce principales conspiradores (encabezados por El Abuelo) que habían tomado la decisión de aprovechar la reunión de la ganadera para convencer a los demás de levantarse en armas contra Los Templarios. Todos se conocían y eran amigos o familiares. Llevaron armas y camisetas que decían “Por un Tepalcatepec Libre”. Los presentes apoyaron la idea y al grito de “Paren la música” (era la clave para iniciar el levantamiento), empezaron las acciones subversivas. Eran las 13:30 horas. Llegaron también dos unidades militares de apoyo y junto con ellas desarmaron a los 27 sicarios que habían llegado a la reunión de la ganadera. Luego salieron a recorrer las calles en busca de “halcones” templarios (Arrué, 2017; Mireles, 2017).
Los líderes arengaron al pueblo diciendo que no se levantaban contra el gobierno, sino contra “la maña”. Para las seis de la tarde el movimiento ya sumaba centenares de gente armada. En marzo, cateando casa por casa, lograron limpiar el municipio de templarios y sus familiares (quienes también opusieron resistencia). Construyeron cinco barricadas en las cinco entradas a Tepeque para hacer frente a posibles embestidas de sus enemigos. La solidaridad de la población no se hizo esperar: alimentos, agua, combustible, medicinas… Todo lo necesario para que sus comunitarios no descuidaran las barricadas (Mireles, 2017). Una decisión estratégica fue la creación del Consejo de Autodefensas de Tepalcatepec, en el cual se discutían los pasos a seguir y se tomaban las principales decisiones. A este empezaron a llegar representantes de otros municipios para levantarse. Tepeque se convirtió así en el núcleo que encabezó la expansión de las autodefensas a otros lugares y el que enseñaba el modo de organizarse.
El movimiento en Tepeque era de aguas mezcladas: había un sector social agraviado que demandaba seguridad y vida digna. Partidario incluso de ayudar a otros municipios. Pronto Mireles, en su calidad de vocero, se convirtió en el principal difusor de ese anhelo (la dimensión utópica del movimiento). Pero algunos de sus cuadros operativos principales tenían intereses más pragmáticos: sacudirse el dominio templario para asegurar la hegemonía de otro cártel. Tanto un sector de la prensa, como la propia Tuta y algunos militares no dejaron de llamar la atención sobre esa parte oscura del movimiento.
En efecto, en una primera fase del movimiento, con la construcción del Consejo Ciudadano en Tepeque, hubo un espacio de deliberación y de resolución de conflictos de manera más o menos “democrática”, en la que la mayoría del pueblo se sentía vinculado y representado en una especie de hermandad para defenderse del dominio templario. En una segunda fase, señala Guerra (2017b), esa aparente democracia en la toma de decisiones, encaminada a disminuir el riesgo frente al peligro templario, fue vulnerada por intereses anidados en varias de sus dimensiones: técnicas, éticas, políticas y económicas. En cada una de ellas los líderes originarios y figuras con más capitales económicos, educativos (capacidades oratorias, manejo de las armas y estrategias de combate) y políticos (influencia, confianza y prestigio ante la población), se impusieron como los representantes en el consejo. Las decisiones principales —relación con el gobierno, prensa, alianzas con otros municipios…— fueron tomadas por los líderes fundadores y aquellos que se incorporaron al movimiento y que tenían cierto bagaje cognitivo y normativo que no poseía la mayoría de sus militantes. Con el tiempo, emergieron apellidos y personalidades locales que simbolizan los centros de poder y que colonizaron el movimiento (ganaderos y agricultores prósperos): para deslizarlo de su función originaria —proveer seguridad— hacia intereses económicos y políticos particulares (Guerra, 2017a, b). Emergió así, de manera inevitable, el conflicto entre quienes priorizaban una alianza con el gobierno: El Abuelo y su camarilla y quienes pretendían limpiar del crimen organizado no solo la Tierra Caliente sino a toda la entidad: Mireles. Tensiones que debilitaron seriamente el movimiento.
Al Abuelo se le atribuye que José Manuel Mireles se haya convertido en el vocero de las autodefensas, pero también haberlo removido cuando no estuvo de acuerdo con sus gestiones en el movimiento. Para Mora, “Mireles siempre fue un instrumento de El Abuelo y cuando ya no le fue útil se deshizo de él” (entrevista mía con Hipólito Mora, 8 de noviembre de 2018). No obstante, la aportación de Mireles, gracias a su buen manejo de la palabra y a sus convicciones, fue crucial para darle un tinte nacional e internacional a las autodefensas. Luego de la designación de Alfredo Castillo como comisionado, Juan José Farías se convirtió en su principal interlocutor con los comunitarios28 y gracias a sus estrechas relaciones, Tepalcatepec fue el primer municipio que aceptó el proceso de reclutamiento para formar la Fuerza Rural Estatal, que se llevó a cabo en las mismas instalaciones de la Unión Ganadera Local en las que había nacido el movimiento (El Universal, 27 de mayo de 2018). Al parecer, el gobernador Silvano Aureoles continuó por un tiempo en buenas relaciones con Tepeque y su hombre fuerte. Por ejemplo, el 15 de abril de 2016, Aureoles declaró que se necesitaban más fuerzas federales para combatir al crimen organizado. Y el procurador estatal, Martín Godoy, agregó que en la lista de criminales a perseguir estaban El Americano, El Gallito, El Cenizo, entre otros, pero no se mencionaba El Abuelo (Excélsior, 15 de abril de 2016). Sin embargo, el 10 de septiembre de 2016, pobladores de Tepeque impidieron, a pedradas, que un helicóptero en que viajaba Aureoles aterrizara en la Unidad Deportiva Municipal para emprender una gira de trabajo en la región. Tres días más tarde un contingente militar entró al municipio por la frontera con Jalisco y desarmó a las escoltas del presidente municipal y a los 64 elementos de la policía Michoacán, exautodefensas al servicio de Juan José Farías. La población respondió con el bloqueo de carreteras. El 20 de agosto de ese año, dos presuntos sicarios habían atentado a balazos contra Juan José Farías y uno de sus sobrinos, un niño de ocho años. El primero resultó herido y el segundo falleció. Los seguidores de Farías estaban muy molestos con Aureoles. Estos acontecimientos fueron el inicio de un enfriamiento de las relaciones entre ambos.
El 12 de julio de 2017, la Sedena recibió una llamada anónima de que en una bodega de Tepeque había dos camiones Torton con droga, así como ocho personas armadas en vehículos blindados. Al llegar un contingente de soldados para atender el reporte, una multitud de más de doscientas personas rodeó a los militares y los agredió con piedras y palos. La milicia fue obligada a retirarse “a fin de evitar un enfrentamiento”, confesó su comandante (Monitor Expresso, 12 de julio de 2017). Este hecho, es solo uno de los varios ejemplos que se podrían citar para ilustrar el músculo del narcotráfico en Tepeque. Ante esta embestida del Estado, y aprovechando el malestar generado por el hostigamiento de fuerzas federales y estatales a los grupos de autodefensas que se niegan a deponer las armas en la sierra-costa, Tepeque promovió la creación de un Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán, en el que participan ciudadanos y funcionarios locales de los municipios de Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Tepalcatepec. De esta forma, se ha creado un bloque de autodefensas para brindarse ayuda mutua ante el hostigamiento del Estado30 y de otros cárteles.
Entre la noche del 27 y la mañana del 28 de marzo de 2018 comenzaron a llegar marinos a Tepalcatepec. Su objetivo era atrapar al Abuelo. La gente no durmió. Hubo enfrentamientos, persecuciones. Los helicópteros de la marina lanzaron ráfagas de balas desde el aire para acosar a la población. Atraparon a peces chicos, pero no al Abuelo. El filósofo y ahora cura de La Presa del Rosario, Apatzingán, José Luis Segura Barragán, quien conoce como nadie los acontecimientos en Tierra Caliente, señala: “¿A quién se le ocurre ir a detener a un presunto capo en su pueblo, donde la gente sabe que es el único garante de su tranquilidad y paz?” En otros lugares, agrega, donde reinan “señores de la desollación y el descuartizamiento la gente los obedece por miedo”. Pero en Tepeque, al Abuelo “se le quiere” y la gente “le es fiel” (Monitor Expresso, 29 de marzo de 2018). Él es el que manda.
En un nuevo y aparatoso operativo militar del ejército y la marina, del 27 de mayo de 2018, finalmente se logró atrapar a Juan José Farías (de 47 años de edad). Era domingo, como a las doce del día. Farías manejaba su camioneta blindada acompañado de su esposa y su nieto de tres años de edad. De pronto, desde el aire, dos helicópteros dispararon sobre su camioneta durante un tramo largo. Tras intentar huir entre los arbustos con su nieto en brazos, decidió rendirse para evitar que se lastimara a sus familiares. La camioneta quedó calcinada y El Abuelo solo fue herido por algunas esquirlas que rebotaron en el pavimiento (Quadratín, 27 de mayo de 2018). De inmediato, cientos de pobladores de Tepeque, hombres mujeres y niños vestidos con playeras blancas, salieron a las calles a manifestarse para exigir la liberación de quien consideran “un líder social y benefactor de la sociedad”. Retuvieron en el municipio a un convoy militar, bloquearon carreteras en diversos puntos de Tepalcatepec y Los Reyes, e incendiaron varios vehículos (Monitor Expresso, 28 de mayo de 2018).
Dos días después de su captura, un juez ordenó la liberación de Juan José Farías al no encontrar pruebas suficientes sobre los cargos en su contra —nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, homicidio doloso y tráfico de metanfetaminas— (La Jornada, 30 de mayo de 2018). El Abuelo fue recibido con música de mariachi en su pueblo, en una gran fiesta popular.
Tal vez sea una paz mafiosa o una paz negativa la que reina en Tepeque, pero es paz. En un medio tan turbulento, como Tierra Caliente, asolada por guerras entre cárteles rivales y frecuentes operativos estatales, la gente parece sentirse segura con el cacicazgo de Farías. Es una paz que el Estado no ha podido brindarles.
TANCÍTARO ¿UNA POLICÍA AGUACATERA CON ARRAIGO POPULAR O UN GRUPO PARAMILITAR?
Hablar de las autodefensas en Tancítaro es hacerlo de su transformación en un experimento sui géneris: no fueron infiltradas por el crimen organizado ni doblegadas por el abrazo estatal. Su camino se parece más al que siguió la policía comunitaria purépecha del municipio de Cherán en cuanto a crearse una estructura anclada en consejos ciudadanos, pero se aparta de ella porque en Tancítaro, donde más aguacate se produce en Michoacán, apareció una policía mestiza de élite o policía del “oro verde” (como se llama también el fruto) con arraigo popular.
Tancítaro (con 29 mil 414 habitantes en 2010), es un municipio serrano que está sobre la montaña más alta de la entidad, en la frontera entre Tierra Caliente y la meseta Purépecha,35 no escapó a la expoliación del crimen organizado: cobro de piso por hectárea sembrada, extorsiones, secuestros y toda clase de humillaciones. Alberto (entrevista del 29 de noviembre de 2019) 36 señala que en las “noches nomás se oía una ladradera de perros cuando se estaba levantando a gente de alguna familia”. En ese tiempo, “no podías confiar nada a tus propios familiares o amigos, pues no sabías si el primo o el compadre era parte del grupo criminal y si los malandros se enteraban de que alguien hablaba mal de ellos iban por él”.
