Las instalaciones se dejarán de utilizar como parte de una campaña para impulsar “mejoras duraderas” en un sistema de detención que, según defensores de derechos humanos, retiene durante demasiado tiempo y en condiciones inadecuadas a personas por delitos civiles de migración.
Por Ben Fox y Kate Brumback
WASHINGTON, 21 mayo (AP) — Un centro de detención de Georgia, en donde mujeres afirman que fueron sometidas a procedimientos médicos no solicitados, y una cárcel de Massachusetts donde hubo denuncias de condiciones inhumanas, ya no se usarán para detener a migrantes, informó el jueves el Gobierno del Presidente Joe Biden.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) anunció que cancelará sus contratos con la agencia pública local que administra el centro de detención en North Dartmouth, Massachusetts, y con la empresa privada que opera el Centro de Detención del condado Irwin, en Georgia.
Cualquier individuo que Estados Unidos considere que debe permanecer detenido será trasladado a otra instalación, informó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuando anunció la medida, que había sido solicitada por los defensores de migrantes.
“Permítanme exponer un principio fundacional”, dijo Mayorkas, “No toleraremos el maltrato de individuos detenidos por delitos civiles de inmigración ni condiciones de detención deficientes”.
Añadió que dejar de usar las instalaciones es parte de una campaña para impulsar “mejoras duraderas” en un sistema de detención que, según afirman desde hace mucho los defensores de migrantes, retiene durante demasiado tiempo y en condiciones inadecuadas a personas por delitos civiles de migración.
También refleja un esfuerzo general por revocar las políticas antiinmigrantes que caracterizaron la política federal durante la presidencia de Donald Trump.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), parte del DHS, tiene detenidas a unas 19 mil personas que no son ciudadanos estadounidenses para su deportación en unas 200 instalaciones en diversas partes del país, aproximadamente una cuarta parte menos que el año anterior. Cerca de 73 por ciento de quienes están detenidos no tienen antecedentes delictivos y muchos otros sólo han cometido delitos menores, según la Transactional Records Access Clearinghouse, una organización que recopila datos en la Universidad Syracuse.
En un comunicado que señalaba que “revisará las preocupaciones” relacionadas a otros centros de detención, el DHS insinuó que podrían clausurarse otros instalaciones de ese tipo.
“El anuncio de hoy muestra la voluntad del Gobierno del Presidente Joe Biden de apartarse decisivamente de los abusos contra los derechos de los migrantes que caracterizaron a administraciones anteriores”, opinó Naureen Shah, asesora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que recientemente pidió la clausura de 39 centros de detención de migrantes en todo el país.
La ACLU ha solicitado que se ponga fin a las “encarcelaciones por default” de inmigrantes y a los acuerdos con las autoridades estatales y locales que permiten que los prisioneros que no son ciudadanos estadounidenses sean trasladados a la custodia del ICE para ser deportados cuando cumplen su condena.
Mayorkas ha emprendido gestiones para suavizar algunas políticas inmigratorias, pero ha insistido en que quienes no sean ciudadanos estadounidenses y representen un riesgo para el público y hayan cometido delitos graves, deberían ser detenidos para ser deportados.
El Departamento de Policía del condado Bristol administraba el centro de detención de inmigrantes en Massachusetts bajo un acuerdo con el DHS, mientras que la instalación de Georgia era regida por una compañía privada con base en un contrato con el Gobierno.
Tanto congresistas como activistas han pedido desde el año pasado la clausura del centro en Georgia luego de que varias mujeres denunciaron haber sido sometidas a procedimientos ginecológicos innecesarios y en condiciones insalubres.
El DHS y el Departamento de Justicia investigan las acusaciones de abuso médico, las cuales han sido refutadas por uno de los indiciados, y Mayorkas aseveró que se tomarán medidas para preservar evidencia.
Los migrantes detenidos en Irwin también hicieron denuncias sobre las condiciones generales del lugar, afirmando que las autoridades en el centro de detención no tomaron medidas adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19.
“Dado su extensivamente documentado historial de infracciones a los derechos humanos, Irwin debió cerrarse hace mucho tiempo”, comentó Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa del Proyecto Sur, un grupo defensor de inmigrantes que ha presionado para que el ICE y la compañía que administra la instalación compensen a cualquier mujer que haya sido sometida a procedimientos no solicitados.
La instalación en Ocilla, a unos 320 kilómetros (200 millas) al sur de Atlanta, ha sido utilizada para detener a hombres y mujeres para el ICE, así como a reclusos del Servicio de Alguaciles Federales y del condado Irwin. Es operado por la empresa privada LaSalle Corrections de Luisiana.
De momento la empresa no hizo comentarios sobre el anuncio del jueves.
Migrantes detenidos en la cárcel de Massachusetts, conocida formalmente como el Centro de Detención para Inmigrantes C. Carlos Carreiro, también se han quejado de la falta de medidas para prevenir la propagación del COVID-19, así como de sobrepoblación y uso excesivo de la fuerza.
La Fiscalía de Massachusetts emitió un informe en diciembre en el que determinó que los agentes violaron los derechos de los detenidos y usaron la fuerza de forma excesiva durante un disturbio en el lugar de principios de año.
El jefe de policía del condado Bristol, Thomas Hodgson, un republicano que fungió como presidente honorario de la campaña de reelección de Trump en Massachusetts, tachó la decisión del jueves como un “golpe político” del Gobierno y agregó que pone a las personas bajo riesgo de ser atacadas por migrantes.
Actualmente, hay siete detenidos en la cárcel del condado Bristol, por debajo de los aproximadamente 150 al inicio de la pandemia, según Iván Espinoza-Madrigal, director de Abogados por los Derechos Civiles, que el año pasado presentó una demanda contra el Gobierno para abordar lo que afirma que eran condiciones inseguras y de hacinamiento.
Los defensores de los derechos de los migrantes han chocado frecuentemente con Hodgson por las condiciones de la cárcel, ubicada a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Boston, cerca de Cape Cod, y elogiaron la decisión.
“Durante años, el alguacil Hodgson ha causado serios daños a migrantes vulnerables bajo su custodia”, dijo Espinoza-Madrigal. “Y aplaudimos entusiastamente la decisión del Gobierno de Biden de acabar de inmediato con el abuso”.
