Las comunidades aseguraron que los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable.
Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– Comunidades afectadas por la construcción del Tren Maya en Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por violar el derecho de las personas demandantes a la justicia pronta y por el extravío de pruebas que conforman el expediente físico y digital del caso.
En un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), las comunidades explicaron que el 30 de marzo se presentó una queja ante el CJF, cuyo presidente es el Ministro Arturo Zaldívar, en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia a los habitantes de comunidades afectadas y acusaron esto ha paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto.
“Las conductas en que ha incurrido el poder judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público”, señalaron.
Refieren que desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por personas indígenas, comunidades y afectados de los estados mencionados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.
Las comunidades aseguraron que los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable.
Sumado a lo anterior, y después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital “están incompletos”.
“En un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente extraviadas o no localizadas y que ha sido solicitado por la parte quejosa”, indicaron sobre el extravío de documentos.
El proyecto denominado “Tren Maya” consiste en la construcción de infraestructura ferroviaria de aproximadamente mil 500 kilómetros en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas atravesando por selvas y cenotes, tierras ejidales y ancestrales de comunidades indígenas. Debido a diversas violaciones a sus derechos humanos, así como a la legislación ambiental vigente, las comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán recurrieron a la vía institucional para solicitar la protección de la justicia.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que el debido proceso es exigible a los juzgados que diriman los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus argumentos. En el presente caso, las comunidades denuncian la paralización total del juicio de amparo no ha observado los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad que deben regir la actividad judicial.
“Se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, solicitaron.
