La zona centro del país, que abarca estados como Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, se ha vuelto disputa de al menos 13 grupos del crimen organizado, pues confluyen diferentes caras: por un lado es una región próspera que contribuye con el 32.6 por ciento del PIB nacional, y por el otro crece la violencia y pobreza.
–Con información de Obed Rosas
Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- La reciente masacre de 13 policías en Coatepec Harinas, en el Estado de México, es una muestra más de la capacidad de fuego de los grupos criminales que operan en el centro del país, una región en donde tienen presencia al menos 13 organizaciones dedicadas al narcotráfico, y en la cual contrastan las imágenes de pobreza de la mayoría y las riquezas de unos cuantos.
La zona centro del país, que abarca a estados como la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Michoacán y el Estado de México, es la segunda región más importante de México y contribuye con el 32.6 por ciento del total del Producto interno Bruto (PIB) nacional, pero a su vez, casi la mitad de la población de estas entidades vive en pobreza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2019) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018).
Entre los contrastes destacan la Ciudad de México, que aporta el 16.7 por ciento del PIB, con el 30 por ciento de su población en pobreza; mientras que Guerrero, uno de los estados más pobres del país con 66.5 por ciento de sus habitantes en esta situación, sólo aporta el 1.3 por ciento del PIB.
Los estados ubicados en esta zona de contrastes presentan características distintas y su situación de pobreza ha variado muy poco en los últimos años.
La población en situación de pobreza del estado de Guerrero creció de 2016 a 2018, pasando de 64.4 a 66.5 por ciento, de acuerdo con cifras del Coneval.
Morelos también tuvo un crecimiento en sus niveles de pobreza, pasó de 49.5 por ciento en 2016 a 50.8 por ciento en 2018. La Ciudad de México también presentó un aumento, pasando de 49.5 a 50.8 por ciento en el mismo periodo.
En contraste, el Estado de México disminuyó en sus niveles de pobreza al pasar de 47.9 a 42.7 por ciento de 2016 a 2018. Michoacán pasó de 55.3 a 46 por ciento.
En esta zona de tantos contrastes, millonarios como Carlos Slim Helú, el hombre más rico de América Latina, expresidentes como Enrique Peña Nieto, así como políticos de gran trayectoria han elegido establecer su patrimonio.
El expresidente Peña, quien nació en el municipio mexiquense de Atlacomulco, es propietario de un inmueble ubicado en ese lugar y posee uno más en el ejido Bombatevi, de acuerdo con información de la prensa local.
Pero en Ixtapan de la Sal, uno de los municipios del Estado de México más popular entre los habitantes de la Ciudad de México para paseos de fin de semana y donde en fechas recientes la violencia ha repuntado con mensajes de grupos delictivos dejados en sus principales avenidas, es uno de los destinos frecuentes del expresidente Peña.
El exclusivo fraccionamiento Gran Reserva Golf Resort & Country Club, ubicado en la avenida A. San Román, Barrio de San Gaspar, es uno de los sitios donde columnistas y medios narran que Peña Nieto practicaba golf.
Muy cerca de este lugar, que tiene acceso restringido sólo a los socios y con estrictas medidas de seguridad, ocurrió uno de los eventos más violentos del Estado de México: una emboscada que dejó 13 policías muertos.
El Estado de México también ha sido la cuna de varios políticos, como los integrantes del Grupo Atlacomulco, que desarrollaron una mezcla de política y negocios, mientras la pobreza crecía en la entidad. Alfredo Del Mazo González, padre del actual Gobernador, pertenecía a este grupo y gobernó la entidad de 1981 a 1986.
Para el doctor en Derecho, José Antonio Álvarez León, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, la zona centro del país es un atractivo para los carteles de la droga porque es el tránsito de norte a sur del país y además es el lugar donde de manera natural se presta más al comercio.
“La zona centro se vuelve el centro más importante de distribución de droga al menudeo, es decir, tenemos 20 millones de habitantes ahí, de los cuales, el 2 por ciento son adictos a alguna droga, entonces ahí hay un centro de negocio y es un atractivo económico del crimen organizado”.
Por ejemplo, dijo, “Querétaro es un estado donde el desarrollo industrial es bastante grande igual que Guanajuato, son estados que generan dinero y que permiten entre ellos lavado de dinero y distribución de drogas. También la Ciudad de México y el Estado de México”.
En estados como Guerrero y Michoacán, le permiten a los cárteles generar el reclutamiento porque el margen de pobreza es grande, agregó el doctor de la UNAM.
LA DISPUTA ENTRE CÁRTELES
En la Evaluación nacional de riesgos 2019-2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalaba que en estas cinco entidades opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una agrupación delincuencial que ha trazado alianzas con otros grupos del crimen organizado como La Familia Michoacana, Guerreros Unidos e incluso con el Cártel del Golfo, según señala la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, la DEA advirtió que el Cártel de Jalisco es uno de los cárteles de más rápido crecimiento y junto al de Sinaloa son los dos más dominantes en México. La agencia estadounidense indica que tiene una presencia significativa en 23 de los 32 estados mexicanos —aún cuando la UIF identifica sus operaciones en 27 entidades— con la mayor parte de su crecimiento y territorio en el centro de México y con ubicaciones estratégicas en la frontera entre Estados Unidos y México.
“La rápida expansión del CJNG de sus actividades de tráfico de drogas se caracteriza por la voluntad del grupo de participar en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano y los cárteles rivales”, refiere el reporte de la DEA.
El doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, destacó que la Zona Centro del país, que abarca a los estados de México, Morelos, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, es de mucho atractivo para las organizaciones criminales “porque ahí se concentra un alto porcentaje de la población y por ende se convierte en un mercado muy grande de venta de productos ilegales”.
El experto en seguridad destacó que en un inicio las organizaciones que operaban esta zona eran el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, pero con la escisión de los Beltrán Leyva a raíz de la muerte de Arturo Beltrán, este grupo se empezó a fragmentar y a tener células en el Estado de México. Paralelo a estos cárteles, añadió, se dio el crecimiento de dos polos de organizaciones, que en un momento fueron aliadas del Cártel de Sinaloa: La Familia Michoacana y el CJNG.
El martes pasado, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, señaló en una rueda de prensa desde el Pentágono que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, una situación que ha sido negada por el Gobierno mexicano.
LAS ALIANZAS DEL NARCO
En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, la DEA advirtió, por ejemplo, que La Familia Michoacana tiene algunos vínculos con el CJNG —uno de los principales generadores de violencia en el país— y también trabaja con otros grupos más pequeños para promover las actividades de tráfico de drogas del cartel.
El documento refiere además que el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene también una asociación de trabajo con Guerreros Unidos, otra de las agrupaciones asentadas en el Edomex, y utiliza las mismas redes de transporte para mover los cargamentos de drogas a los Estados Unidos y devolver las ganancias de las drogas a México.
En cuanto al CJNG, la DEA advierte en su informe que es uno de los cárteles de más rápido crecimiento y junto al de Sinaloa son los dos más dominantes en México. La agencia estadounidense indica que tiene una presencia significativa en 23 de los 32 estados mexicanos —aún cuando la UIF identifica sus operaciones en 27 entidades— con la mayor parte de su crecimiento y territorio en el centro de México y con ubicaciones estratégicas en la frontera entre Estados Unidos y México.
“La rápida expansión del CJNG de sus actividades de tráfico de drogas se caracteriza por la voluntad del grupo de participar en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano y los cárteles rivales”, refiere el reporte de la DEA sobre esta agrupación que se ha asentado en el Estado de México.
Sobre la Familia Michoacana, el especialista destacó que dentro del Estado de México se convirtió en una organización importante porque ahí vieron un espacio natural de crecimiento.
“Empezaron en el sur del estado y fueron hacia arriba, en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Los Reyes, de tal manera que este grupo tiene presencia en las diferentes regiones del estado”, indicó.
Respecto al CJNG, mencionó que también han adquirido una presencia importante en el Estado de México. “Ellos sí empezaron en la parte norte en los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, y en la parte Oriente, en Ecatepec y Neza. Después se fueron al Valle de Toluca y ahora ya se expandieron a otras partes del poniente”.
LAS CIFRAS Y LOS CASOS DE VIOLENCIA
La presencia de la delincuencia organizada ha impactado en los niveles de violencia que se padecen en esta región. El Estado de México y Michoacán, por ejemplo, fueron dos de las seis entidades que en 2020 concentraron el 51.9 por ciento de las víctimas de homicidio doloso en el país.
Esto es en lo que respecta a números absolutos, pero al tomarse en cuenta la tasa de asesinatos cometidos por cada 100 mil habitantes tres estados cerraron el año pasado por arriba de la media que fue de 27 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Estas entidades son: Michoacán (50.4), Morelos (45.3), Guerrero (39.2).
Si bien, la Ciudad de México no figura en las más violentas en cuanto a números absolutos o por tasa, sí ha sido el escenario de expansión de un grupo criminal como La Unión Tepito, la cual además de operar el tráfico de droga ha sido señalada de extorsionar a comerciantes en el primer cuadrante de la capital, en donde se ubica Palacio Nacional, en donde vive y gobierna el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La capital también fue escenario en junio del año pasado de un atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien fue atacado en pleno Paseo de la Reforma por sicarios que emplearon una barret. En el ataque murieron dos escoltas, un civil que pasaba por el lugar. Estos hechos fueron atribuidos al CJNG.
Lejos de la capital, y más recientemente, en el Estado de México tuvo lugar el jueves pasado una emboscada del crimen organizado que dejó al menos 13 policías muertos que patrullaban en el municipio de Coatepec Harinas, localidad mexiquense que se encuentra cerca de los estados de Guerrero y Morelos. En el ataque fallecieron ocho miembros de la Secretaría de Seguridad y cinco de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En esa zona limítrofe han tenido lugar otro tipo de matanzas como la ocurrida en el municipio de Luvianos, colindante con Michoacán y Guerrero, en donde tuvo lugar un supuesto enfrentamiento ocurrido el 30 de octubre de 2014 entre civiles y miembros del Ejército. Como resultado del choque fueron abatidos seis civiles, entre ellos dos adolescentes. No obstante, en agosto de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a militares de lo ocurrido.
Otro caso, que tuvo mayor repercusión, fue el acontecido en junio de 2014 en Tlatlaya, en los límites del Edomex con Guerrero, en el que militares fueron responsabilizados de la ejecución extrajudicial de 22 personas, a quienes en un primer momento se señaló como miembros de la delincuencia organizada. A raíz de investigaciones periodísticas se pudo conocer que nunca tuvo lugar un enfrentamiento, sino que 22 personas fueron asesinadas por elementos militares dentro de una bodega. El caso valió importantes críticas al Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En años recientes, Guerrero y Michoacán han sido escenario de otros episodios de violencia. El 10 de diciembre de 2018 ocurrió, por ejemplo, un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios en la zona serrana de Petatlán, Guerrero, con saldo de seis hombres muertos.
Para el 28 de enero de este año, al interior de un autolavado en el centro de Iguala, Guerrero, seis hombres jóvenes que ingerían bebidas embriagantes, fueron asesinados con rifles de asalto AR-15 y AK-47. Se desconoce el móvil del ataque.
En Michoacán, desde el 2019 se registraron enfrentamientos: el 22 de febrero civiles y agentes de la Base de Operaciones Mixtas en Buenavista se agarraron a balazos en un intento por detener a Nicolás Sierra Santana “El Gordo”. Murieron nueve civiles y un mando militar.
No obstante, los últimos episodios de violencia que han volteado las miradas a esta entidad tuvieron lugar en Uruapan. En febrero de 2020 nueve hombres, cuatro de ellos menores de edad, fueron asesinados en este municipio, un día después de que en esa misma ciudad se hallaran 11 muertos con signos de tortura en una fosa clandestina.
