La falta de control sobre el uso de los plaguicidas o agroquímicos en México se ha convertido en una amenaza directa e indirecta que llega a los mexicanos a través de su alimentación. Cultivos de papa, algodón, maíz, limón, chía o mandarina son rociados con estas sustancias –capaces de producir cáncer y problemas neurológicos– sin que existan mecanismos que controlen, contabilicen y adviertan de los riesgos de salud que implica su uso.
Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El uso de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química se ha incrementado en los últimos años en México sin que exista una regulación que controle a las sustancias más peligrosas. A pesar de que la evidencia científica ha demostrado que estas sustancias son capaces de generar cáncer y otros efectos en el sistema endócrino, metabólico y neurológico, en México se permite la utilización de 140 ingredientes activos prohibidos en otros países.
En opinión de los especialistas, el problema radica en la desactualización y desconocimiento de las autoridades y usuarios sobre las normativas internacionales, tales como el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Estocolmo, los cuales establecen protocolos para la eliminación o restricción de las sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables de fabricación intencional.
Omar Arellano, investigador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y miembro de la Unidad de Análisis ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que en sexenios anteriores instituciones como las secretarías de Salud (SSA) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)–, incurrieron en la omisión del uso de dichas sustancias.
“Es una situación un poco anárquica, no hay control, primero porque el uso de sustancias químicas en México, particularmente plaguicidas, no cuenta con una revisión de uso, además no se han actualizado los catálogos de plaguicidas, de hecho los que son altamente peligrosos tienen autorizaciones indeterminadas, es decir, la Secretaría de Salud no ha establecido los mecanismos temporales necesarios para dejarlas de usar. Esto es algo que solo ocurre en México. Por otro lado, la misma Sagarpa hizo recomendaciones de sustancias químicas contenidas en los convenios de regulación internacional, por lo que la misma dependencia incurrió en una desactualización. También se encuentran los consumidores que pueden acceder a ellos sin ninguna vigilancia, son ellos quienes están usando de manera indiscriminada muchas de estas sustancias, generando un problema ambiental y de salud”, dijo.
Recientemente en entrevista para SinEmbargo, Víctor Villalobos, nuevo titular de la Sader, aseveró que se impulsarán las buenas prácticas agrícolas con las que se retomará el uso de composta y fertilizantes orgánicos en el campo; además de que “no se promoverá el uso de semilla transgénica para los cultivos que van a la cadena alimenticia”. Son los cultivos transgénicos y agroindustriales en donde más se emplean plaguicidas, por lo que esta medida podría representar una reducción importante en el incremento.
A pesar de que el Secretario del Gobierno federal afirmó que México es uno de los países con menor incidencia en el uso de químicos, las cifras oficiales demuestran un aumento acelerado de estos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) registró que la agricultura mexicana utilizó en promedio 4.55 toneladas de plaguicidas (funguicidas, herbicidas e insecticidas) por cada mil hectáreas entre los años 2009 y 2010; en el año 2013 el número incrementó de manera significativa: se utilizaron 37 mil 455 toneladas de insecticidas, 31 mil 195 toneladas en herbicidas y 42 mil 233 toneladas de fungicidas.
Debido a la falta de monitoreo no se tienen cifras actualizadas o con claridad sobre qué agroquímicos y en qué concentraciones fueron utilizados.
El pasado 26 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expidió la recomendación 82/2018 en la que sugiere la adopción de “acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas para regular adecuadamente el manejo de plaguicidas altamente peligrosos”, reconociendo que la falta de control constituye violaciones a los derechos a la alimentación, el agua salubre, un medioambiente sano y a la salud.
La respuesta del nuevo gobierno ha sido positiva, ya que se ha comprometido a acatar todas las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de los convenios establecidos con la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
María Colín, asesora legal de Greenpeace México, reconoció la buena voluntad que ha tenido la autoridad, sin embargo, confirmó que la expectativa continuará hasta que se incluya el discurso de prohibición en las políticas nacionales rectoras, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo.
“Hay compromiso por parte de ellos [autoridades] de dar cumplimiento absoluto a la recomendación, la cual es bastante tajante sobre la revisión de los registros que actualmente existen en el mercado de estas sustancias, así como de sus afectaciones. Por un lado, se tiene que hacer un retiro progreso de estas sustancias y por el otro se tienen que incluir medidas para el retiro de estas sustancias en el Plan Nacional de Desarrollo y en programas sectoriales. Este compromiso implica también trabajar modificaciones a las regulaciones de las relacionadas con los temas de salud y agricultura, específicamente la Ley Federal de Variedad Vegetales, porque se ha dejado de evaluar la efectividad agrícola que tienen los productos. Es grave la falta de regulación”.
LAS SUSTANCIAS Y SUS EFECTOS
En México se permite el uso de 183 plaguicidas considerados como altamente peligrosos, la mayoría de estas sustancias- 111- se encuentran prohibidas en otras partes del mundo por el efecto que pueden tener en el aire, agua, tierra y la salud humana y animal. A este número se suman otros 29 que no son considerados en este nivel de toxicidad, pero que también se encuentran prohibidos en otras partes del mundo.
La Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) estima que existen 3 mil 140 autorizaciones de distintos usos sanitarios para los plaguicidas. El uso en la agricultura es uno de los más alarmantes, primero porque es riego para los jornaleros agrícolas que no cuentan con información clara sobre las sustancias, y segundo porque es capaz de generar afectaciones directas (al suelo y otros recursos naturales) e indirectas (producidos por el consumo de alimentos).
El científico Omar Arellano afirmó que en el país algunas de las sustancias más usadas son el endusolfán, el paratión metílico, el metamidofos, el cloropirifós, la astrazina y el glifosato. Con excepción del glifosato, del que aún se discute su nivel de toxicidad, todas las sustancias son parte de plaguicidas altamente peligrosos.
Endusolfán: De acuerdo con los datos de la CNDH, basados en las investigaciones realizadas por la RAPAM, este herbicida se encuentra prohibido en 75 países. El Perfil Nacional de Sustancias Químicas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático lo reconoce como una sustancia prohibida o restringida por el convenio de Estocolmo, sin embargo, su uso está autorizado en México para 20 cultivos distintos, entre los cuales está el maíz, algodón, frijol, diversas hortalizas y el café.
Paratión Metílico: El insecticida se encuentra prohibido en 59 países. En México se reconoce como una sustancia sujeta al procedimiento de conocimiento fundamentado previó por el Convenio de Rótterdam (en donde se le considera altamente tóxico). Se usa en cultivos como el algodón, cebolla, cacahuate, frijol, jitomate, maíz y trigo.
Metamidofós: Es un insecticida prohibido en 49 países. En el convenio de Rotterdam se clasifica como extremadamente peligroso, así lo reconoce el Perfil Nacional de Sustancias Químicas, sin embargo, no se establece una prohibición para su uso. Algunos de los cultivos en los que se autoriza su aplicación son los de la chía, jitomate, pepino, papa, chile, sandía, soya, algodón, col, berenjena, tabaco, brócoli y el melón.
Astrazina: Es un herbicida considerado como un alterador endocrino que causa un desequilibrio hormonal. Esta clasificado en la categoría 3 del Convenio de Ospar por carcinogenicidad. Se usa en los cultivos de manzana, caña de azúcar y maíz.
Glifosato: Aún no es parte de la categoría de compuestos considerados como altamente peligrosos, sin embargo, fue considerado como posible cancerígeno para las personas por la Agencia de Investigación para el Cáncer de la OMS. Este herbicida se usa sobre todo en cultivos transgénicos resistentes de maíz, algodón y soya. No obstante, también se usa en cultivos tradicionales de sorgo, aguacate, limón, naranja, mandarina, tangerina. Es el herbicida más usado en México.
El uso de estas sustancias en el campo pone en situación de vulnerabilidad a los agricultores y a las comunidades rurales, sobre todo indígenas, sin embargo, también representa un riesgo indirecto para los consumidores de alimentos orgánicos y transgénicos.
“A través de la alimentación estamos expuestos de manera indirecta a estos químicos asociados con distintas enfermedades crónicas. Muchos de estos compuestos están asociados con problemas cardiovasculares, son neurotóxicos y están asociados a problemas del síndrome metabólico que pueden generar enfermedades como la diabetes, no hay todavía una asociación directa, pero sí es un factor de riesgo. Los problemas neurológicos se han ubicado en las comunidades de jornaleros, en niños que están expuestos a los plaguicidas que tienen problemas de aprendizaje y de desarrollo neuromotor. Los agricultores son una de las poblaciones más vulnerables”, agregó Arellano.
El MAÍZ Y LA CERVEZA
En octubre del 2018 la Asociación de Consumidores Orgánicos ACO dio a conocer el resultado de unos análisis de laboratorio donde se encontraron niveles del glifosato y de AMPA -ácido amino metil fosfónico, el metabolito principal del glifosato- en diversas muestras de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca.
Los casos más destacados del estudio fueron los de las tortillas de harina de maíz, en las que se ubicaron concentraciones efectivas de glifosato de 17.59 por ciento, así como en sus tortillas de maíz blanco, en las que la concentración fue de 12.43 por ciento. En la marca estadounidense de maíz deshidratado HoneyVille, el hallazgo fue de 29.98 por ciento.
Los resultados del ejercicio destacan que: “una tercera parte de las harinas de maíz (3 de 9) de marca Maseca que se analizaron contienen altos porcentajes de maíz transgénico y del herbicida glifosato asociado a los cultivos transgénicos, mientras que en el resto de muestras analizadas, las cantidades de maíz genéticamente modificado y de glifosato son menores o indetectables”.
El estudio concluyó que esta era la evidencia de la omisión de las autoridades mexicanas para controlar a los químicos, asimismo urgía la necesidad de regresar el consumo de tortilla nixtamalizada.
De la misma manera un estudio realizado por la organización U.S. Pirg, con presencia en Estados Unidos y Canadá, detectó un incremento en las partículas de glifosato cervezas y vinos de distintas marcas, entre ellas Heineken, Stella Artois y Corona Extra.
El estudio registró el consumo de las cervezas en Estados Unidos, sin embargo, no dejó fuera a México debido a la presencia de 25.1 particular por mil millones (ppb por sus siglas en ingles) de glifosato de la marca mexicana Corona Extra, rebasando el límite aceptable de 3.5 ppb.
Este no es el primer hallazgo de químicos en la cerveza. Omar Arellano aseguró que en países como Argentina y Alemania se han registrado con anterioridad.
LAS ALTERNATIVAS
Se han propuesto alternativas para frenar el incremento del uso de plaguicidas y la ingesta de estos. Las propuestas coinciden en que es necesario cambiar la normatividad y procurar la revisión de los programas de fomento al campo, que con anterioridad eran promovidos por la Sagarpa y Senasica y en los cuales se recomendó el uso de algunas sustancias consideradas como altamente peligrosas.
Asimismo, se propone el retorno a la agricultura ecológica con un enfoque de derechos humanos. Para María Colín el eje focal deber ser la información y la garantía del respeto al derecho a la alimentación de los consumidores.
“Si tú no quieres tener esta presencia de este tipo de sustancias en tus alimentos, tienes el derecho a decir. No tendríamos por qué estar padeciendo con este tipo de sustancias en nuestros cuerpos cuando nadie nos ha preguntado y nadie nos ha informado. Nuestra recomendación es en torno a la agricultura sustentable, estamos intentando este sistema a través del uso de transgénicos y plaguicidas cambie. Demandamos el cambio al modelo agroecológico con el uso de biofertilizantes y de plaguicidas biológicos. Reconocemos las declaraciones del secretario de la Sader sobre la transición, pero el cambio debe ser más rápido y masivo porque aún se observa un uso limitado de bioinsumos”, afirmó.
