La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró que la apertura del expediente de queja en este caso se determinó en atención a su trascendencia e impacto social, debido al elevado número de personas que perdieron la vida y las que resultaron heridas en los hechos.
También se tomaron en cuenta las circunstancias en que se habría desarrollado el estallido de la toma clandestina, conforme a la información difundida por diversos medios de comunicación, la cual daría algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó esta mañana que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, le compartió durante su reunión matutina que recibieron tal queja, la cual responderían de inmediato.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la queja iniciada para investigar la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de autoridades.
“La CNDH no busca inhibir la debida y oportuna aplicación de la Ley a quienes hubiesen incurrido en una conducta ilícita, durante o como consecuencia, de los hechos ocurridos el 18 de enero, por el contrario, en todo momento estará a favor de la debida y oportuna aplicación de la Ley, con respeto a los derechos humanos. Para la CNDH conocer la verdad es un derecho que interesa e involucra a toda la sociedad, como también lo es que las autoridades apliquen las leyes y se abata la impunidad en todos los ámbitos”, afirmó en un comunicado.
Asimismo, el organismo aclaró que la apertura del expediente de queja en este caso se determinó en atención a su trascendencia e impacto social, debido al elevado número de personas que perdieron la vida, 89 hasta el momento, y las 55 que resultaron heridas en los hechos.
También se tomaron en cuenta las circunstancias en que se habría desarrollado el estallido de la toma clandestina, conforme a la información difundida por diversos medios de comunicación, la cual daría algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
“La intervención de esta Comisión Nacional busca, por una parte, garantizar que la sociedad, las víctimas y sus familiares, conozcan la verdad sobre lo ocurrido el 18 de enero; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales hechos; y que las personas lesionadas reciban el acompañamiento y atención médica que sus casos demandan, previniéndose nuevas afectaciones. Del mismo modo, se busca propiciar mecanismos o protocolos de actuación por parte de las autoridades que eviten, en la medida de lo posible, que hechos como los de Tlahuelilpan, Hidalgo, se repitan en lo sucesivo o se puedan prevenir”, subrayó.
Además, la CNDH señaló que ha solicitado información a autoridades de los distintos niveles y órdenes de Gobierno para conocer de primera mano su versión y el sentido que tuvo su intervención en la explosión. Entre las instancias a las que se ha hecho la petición, se encuentran la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De igual forma, se necesitarán datos de la Secretaría de Salud y la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan.
Por último, precisó que no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas.
Ayer, el organismo inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones en la actuación de servidores públicos, federales, locales y municipales, para controlar la fuga que presentaba el ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil.
Lo anterior, destacó, “sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de Pemex”.
En un comunicado, detalló que en cuanto tuvo conocimiento de la explosión en la toma clandestina, su personal se trasladó al lugar de los hechos para realizar gestiones y acciones de acompañamiento en el traslado de las personas heridas a hospitales. También brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus deudos, y proporcionó servicios de asistencia psicológica.
Se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, México y en la Ciudad de México, a efecto de propiciar que se brinde la atención médica especializada que los heridos requieren y se proporcione información a sus familiares sobre su estado de salud”, indicó.
A su vez, la CNDH confirmó que mantiene presencia en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada “zona cero”, donde ocurrieron los hechos, y que estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
Finalmente, expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como su apoyo y acompañamiento a las personas que resultaron heridas en el incendio del pasado 18 de enero.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó esta mañana que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, le compartió durante su reunión matutina que recibieron tal queja, la cual responderían de inmediato.
“Ya se recibió una demanda en contra de la Secretaría de la Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se les va a entregar toda la información el día de hoy”, apuntó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
