El Gobierno de Morena planea “poner en cintura” la compra y distribución de medicamentos del sector público de la salud. Para ello, busca combatir el desabasto (en el 24 por ciento de los casos) ligado, en parte, a la corrupción y a la falta de eficiencia gubernamental (cuyas instituciones reprueban en materia anticorrupción).
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- De acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la falta de abasto de medicinas se debe, en gran medida, al huachicoleo (término usado para el robo de combustible) en los procesos de compra del sector público de salud, en donde “se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas“, dijo el pasado 15 de enero.
Su declaración coincide con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su indagatoria para el segundo periodo de 2016, entregado al Congreso de la Unión entre junio y octubre de 2017, la ASF determinó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, cuyas operaciones con recursos públicos (a nivel nacional) generan “irregularidades recurrentes”, tienen denuncias por hechos equiparables a 11 mil 029.8 mil millones de pesos no solventados, así como denuncias por simulación de reintegros por 4 mil 029.8 millones.
Para la ASF, “existen debilidades en los sistemas de control y manejo” de los medicamentos del sector público, donde la compra y entrega se da, en muchos casos, con “arreglos que con frecuencia son inadecuadamente convenidos y formalizados”, toda vez que la transparencia con respecto a la aplicación de los recursos es “insuficiente”.
Inclusive, en su último “Estudio Sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción en el Sector Público Federal”, la Auditoría determinó que los controles anticorrupción de la mayor parte (38 de 40) de las instituciones del sector salud tuvieron una calificación “baja”, al obtener un máximo de 39 puntos sobre una base de 100. Sólo dos centros de salud (CENETEC y CENSIA) alcanzaron un nivel “medio” con 43 y 40 puntos, respectivamente.
FALTA DE ABASTO
Las cifras más recientes (2016) de la Secretaría de Salud (SSA) y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud indican que el porcentaje de recetas surtidas por completo sucede en casi ocho (76 por ciento) de cada 10 casos. Dicha tasa de surtimiento, no obstante, es 8.5 puntos porcentuales menor a la de 2015, cuando el 84.5 por ciento de las recetas fueron surtidas en su totalidad.
La falta de surtimiento actual (de 24 por ciento) implicó la ausencia de todos los medicamentos requeridos, en los peores casos, o la falta de más del 40 por ciento de ellos, en los escenarios menos desfavorables.
Entonces, esta situación obligó al nueve por ciento de los pacientes (casi 12 millones de mexicanos) a comprar medicamentos de su bolsillo. El resto (cerca de 20 millones de personas) tuvo que aguardar a que le dieran las medicinas o dejó de consumir su tratamiento, concluye el “Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2016”.
El problema del desabasto de medicinas a través de esquemas de seguridad social pública, además de impedir la mejoría de los pacientes y de afectar negativamente su economía, tiene efectos que permiten la proliferación de un mercado negro de medicinas en México.
En octubre del año pasado, Luis Adrián Quiroz, representante de la Red de Acceso y coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, dijo a SinEmbargo que el desabasto de medicamentos en los servicios públicos de salud provoca que las personas busquen la opción más económica, inclusive en el mercado informal, aún con los riesgos que implica para la salud.
El mercado informal, que ofrece fármacos robados y “pirata” que son hasta 146 por ciento más baratos que los del mercado legal, acapara entre el ocho y el nueve por ciento de los medicamentos del mercado global (en México) y genera más de 10 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).
Sólo en los últimos 10 años, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró cerca de un millón de piezas de medicamentos apócrifos en todo el país.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO
Más de la mitad del dinero (53 de cada 100 pesos) que los mexicanos invierten en salud es destinado a la compra de medicinas y bienes médicos. Sólo en 2017, los hogares mexicanos desembolsaron 271.9 mil millones de pesos para la compra de estos productos.
El tema de las medicinas en nuestro país, está ligado a de los tratamientos con altos costos económicos, a problemas de desabasto para la población que depende de los servicios públicos de salud, y a un número reducido de empresas que controlan la producción y distribución de insumos y bienes medicinales, además de la corrupción coligada.
Para aumentar el abasto de medicamentos y atender las necesidades de salud de la población mexicana, durante el último sexenio, el Gobierno federal impulsó las compras consolidadas y la sustitución de medicamentos de patente por medicinas genéricas.
Entre 2013 y 2018, las compras consolidadas generaron “ahorros por 17 mil 393 millones de pesos”, según la SSA. Y en ese mismo periodo, el registro sanitario de 590 medicamentos genéricos y la compra de los mismos implicó un ahorro acumulado de 26.1 mil millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La sustitución de medicamentos, por sí sola, incrementó 5.5 veces el volumen de abasto de medicinas (que pasó de 4.4 a 25 millones de unidades farmacológicas mensuales), redujo “hasta un 70 por ciento” el gasto de las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, Seguro Popular e institutos) y permitió que las familias mexicanas ahorraran “hasta 60 por ciento” en la compra de medicamentos, refiere la Cofepris.
En el caso de las medicinas para el tratamiento de la diabetes, que afecta al 9.4 por ciento de la población mexicana, los medicamentos genéricos fueron 72 por ciento más baratos que los de patente (290 contra 1 mil 058 pesos).
En otros casos, como fármacos para enfermedades cardiovasculares (64 por ciento), endocrinológicas (55), oncológicas (39), pulmonares (70), neurológicas (73), infecciosas (47 por ciento), entre otras, el ahorro reportado fue considerable.
Pese a los ahorros del Gobierno federal, el acceso a medicamentos de la mayor parte de la población continuó siendo limitado, sobre todo por el desabasto en instituciones públicas de salud y el alza general de los precios de los genéricos.
Según el boletín número 5495 (mayo de 2018) de la Cámara de Diputados, “a pesar de que dichos insumos se compran a bajo costo, la falta de abastecimiento en muchas zonas del país aumenta”.
En cuanto a los precios de los genéricos se refiere, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señalan que aumentaron a una tasa promedio de 5.4 por ciento anual, entre 2011 y 2018, impulsado sobre todo por el alza en medicamentos para diabetes, alergias, analgésicos, cardiovasculares, antibióticos y antiinflamatorios.
El incremento del costo de las medicinas, que fue superior a la inflación general promedio (4.1 por ciento) y similar al aumento del salario mínimo (6.2 por ciento) durante el periodo, limitó su acceso a la población más vulnerable. Es decir, al 44 por ciento de los mexicanos en situación de pobreza y a los 19 millones de connacionales sin afiliación a un esquema de seguridad social, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
LOS DUEÑOS DEL MERCADO
De acuerdo con cifras del Inegi, entre 2016 y 2017 la producción y distribución de medicinas aumentaron en 5.1 y 4.4 por ciento, respectivamente. Y según las cifras de la Cofepris, este mercado está concentrado en un reducido número de empresas.
Las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Medico (DIMESA), Grupo Fármacos Especializados, Comercializadora de Productos Institucionales (CPI), Farmacéuticos Maypo y Compañía Internacional Médica (CIMSA) lideraron las ventas de medicamentos realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el periodo 2017-2018.
Estas cinco personas morales concentraron el 70 por ciento (22.6 de 32.4 mil mdp) de los medicamentos comprados por el IMSS, equivalente al 47 por ciento (22.6 de 48.5 mil mdp) del total de medicamentos adquiridos durante el periodo, por el Gobierno federal (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, Seguro Popular e Institutos).
La concentración de productores y proveedores, según analistas consultados por SinEmbargo en agosto de 2018, podría estar justificada por el nivel de especialización o por cuestiones de patente.
No obstante, dijeron que la opacidad en los procesos de contratación por parte del Gobierno federal hace imposible descartar “compras amañadas” que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentan los costos para las dependencias del sector salud en al menos 30 por ciento.
Por el lado de la producción, el Gobierno federal extiende licencias para el desarrollo de materias primas para medicamentos, además de permisos para la elaboración de medicinas.
Según el catálogo de licencias sanitarias “de insumos para la salud otorgados a fábricas o laboratorios de medicamentos” de la Cofepris, en México hay 223 permisos vigentes repartidos entre 183 compañías.
La tercera parte de las licencias (65 de 223), empero, está concentrada en el 14 por ciento (25 de 183) de las empresas, entre las que destacan Praxair México (ocho licencias), Cryoinfra (siete), Laboratorios Pisa (cinco), Laboratorios Best (tres), además de 21 empresas más –entre ellas Bayer y Janssen-Cilag– que tienen dos licencias, cada una.
De las licencias para insumos, la mayor parte (106 de 223) es para producir “varios” tipos de materiales, además de aquellas para la producción específica de insumos sólidos (59), líquidos y soluciones (30), gases medicinales (19), semisólidos (ocho) y aerosoles (una de la empresa Aerobal).
Asimismo, hay 42 compañías con licencia sanitaria “para la fabricación de medicamentos”. De ellas, sólo una (Fersinsa GB) tiene dos licencias.
La mayor parte de los permisos vigentes (22 de 43) son para la producción de materias primas y fármacos. Del resto, 14 son para elaborar materias primas, aditivos y/o excipientes; cuatro para fabricar o mezclar materias primas; una para mezclar materias primas, así como dos no especificadas.
De estas 42 compañías, destacan los laboratorios Armstrong, Emifarma, Cryopharma, Manuell, Senosiain, Probiomed, Química y Farmacia, así como Zurich Pharma, que también tienen licencia para fabricar y/o distribuir fármacos y medicamentos.
En el caso de los permisos de almacenes y depósitos “para distribuir medicamentos y productos biológicos”, la Cofepris tiene registradas a 594 compañías, de las cuales, el 1.3 por ciento (ocho de 594) concentra el nueve por ciento (74 de 856) de las licencias vigentes (sin considerar a 98 almacenes de los gobiernos estatales).
La empresa Nadro, que distribuye más de 16.9 mil productos diferentes, según su sitio de Internet, encabeza la lista con 16 permisos de distribución. Le siguen Casa Marzam (11), Medicom (10), Degasa, Fármacos Nacionales y Laboratorios Pisa (ocho cada una), Cab Logistics (siete) y la compañía Proveedora Médica (seis).
De las licencias, 375 son para la distribución de estupefacientes, 364 para psicotrópicos, 77 para vacunas, 21 para hemoderivados, tres para toxoides, dos para sueros y antitoxinas, además de uno para gas medicinal. El resto (13) no tiene datos disponibles.
Del total de proveedores, destacan los laboratorios Abott, Baxter, Biológicos y Reactivos de México, Biopharmex, Cryopharma, Pisa, Productos Farmacéuticos, Representaciones e Investigaciones Médicas, Sanofi Aventis, Schering Plough, Serral y Solara, que también tienen licencia para producir medicamentos.
Sólo en los casos de Probiomed y Zurich, además de distribuir, tienen permiso para producir insumos y productos médicos y farmacológicos.
En total, hay 1 mil 122 licencias vigentes para producción y distribución de medicamentos e insumos.
La mayor parte (295) está registrada en la Ciudad de México, seguido por los estados de México (167), Jalisco (137), Nuevo León (89), Puebla y Sinaloa (43 en cada uno), Guanajuato (38), Baja California (31), Sonora (30), Chihuahua (29), Morelos y Yucatán (24 en cada uno), Querétaro (23), Michoacán (21), Veracruz (19), Coahuila y Tabasco (17 en cada uno), además de Tamaulipas (13).
El resto de las licencias está registrado en Chiapas (10), Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí (siete en cada uno), Durango y Nayarit (cinco en cada uno), Quintana Roo y Zacatecas (cuatro en cada uno), Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero (tres en cada uno), así como en Campeche (dos), Colima y Tlaxcala (una en cada uno).
