Mientras que diversas organizaciones, como Greenpeace y Cemda, exigieron a través de un comunicado a la Semarnat que revoque las autorizaciones otorgadas en Tajamar en materia de impacto ambiental, pues dijeron, “se presume que el primo del proyecto ha violado la normatividad en distintas ocasiones al proporcionar información falsa e incumplir con las condicionantes.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– En una petición publicada en la plataforma Change.org, ciudadanos mexicanos exigen que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) retire a México la sede de la COP13, la mayor reunión global de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, programada para realizarse en diciembre de este año en Cancún, Quintana Roo, luego de que el pasado 16 de enero un consorcio empresarial destruyera casi 57 hectáreas del Manglar Tajamar y con ello arrasara con la fauna y la flora del lugar, situado justo en el mismo municipio designado como sede de esa cita internacional.
La madrugada del sábado pasado, pese a la oposición de los habitantes de la zona, máquinas y trabajadores de un grupo de 22 constructoras ingresaron a los terrenos del Malecón Tajamar y empezaron a desmontar y a rellenar con tierra el manglar, para preparar la construcción de los polémicos desarrollos inmobiliarios auspiciados por el Fonatur.
La destrucción del manglar fue autorizada por dependencias del Gobierno federal y las autoridades estatales y municipales. Como la comunidad local se oponía, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó a esa zona y empezó su destrucción. A la mañana siguiente, el daño era casi irreparable. Activistas dicen que en su prisa por acabar con la población vegetal y animal, los equipos sepultaron especies vivas.
Por el caso, los ciudadanos exigen que “retiren a México la sede para la COP13: la ONU no debe dar respaldo a un gobierno ecocida”, recrimina la petición que hasta la tarde de este jueves lleva más de 6 mil firmas. La COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica tiene previsto llevarse a cabo en diciembre de este año en Cancún Quintana Roo, el mismo lugar donde los activistas denuncian los gobiernos local y federal cometieron un “ecocidio”.
“Dados los hechos, ni el gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Roberto Borge Angulo, ni el gobierno de México son aptos para ser anfitriones del evento más relevante a nivel internacional para la defensa de la biodiversidad, y la sede debe ser otra. Los hechos lo demostraron: no tienen ningún interés en la protección de los derechos humanos, incluyendo a contar con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni en cumplir con los compromisos internacionales en la materia”, alerta la petición.
La petición recrimina que ante la devastación en la zona, el Gobierno federal “no ha hecho nada para proteger ese ecosistema, ni tampoco por intentar reparar el daño; por el contrario, dicha obra contó con su autorización, por conducto de Semarnat”.
Se detalla que lo ocurrido en Tajamar “constituye una flagrante violación a la Constitución de nuestro país, así como a los tratados y convenciones internacionales que imponen a México obligaciones específicas, como es la protección al ambiente y a la biodiversidad”. Denuncian que con la devastación del manglar las autoridades del Estado mexicano, federales y locales, han incurrido en responsabilidad jurídica y política, nacional e internacional.
Por ello, los firmantes piden al Secretario Ejecutivo de Diversidad Biológica de la ONU, Braulio Ferreira de Souza, que retire a México la sede de la COP 13, pues destacan, de mantenerla, “ante la impunidad probada”, el mensaje será claro:
“La protección al ambiente y a la biodiversidad es sólo retórica que utiliza el Estado Mexicano para justificar acciones que persiguen un beneficio económico, independientemente de la afectación ambiental que éste pueda ocasionar. De no hacer nada, este mensaje contará con el respaldo de la comunidad internacional”.
ONGS EXIGEN A LA SEMARNAT REVOQUE PERMISOS
Ayer un juez federal frenó el ataque a Tajamar. Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, concedió la suspensión provisional para que se detenga cualquier tipo de acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación así como el relleno con material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar.
Por la noche, la Semarnat confirmó a través de un comunicado que su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgó en julio de 2005 la autorización en la materia al desarrollo proyectado por el Fonatur en Tajamar.
La Semarnat “otorgó en julio de 2005 al Fonatur, la autorización en materia de Impacto Ambiental para las obras y actividades en el Proyecto Malecón Cancún Tajamar”, dijo.
“Asimismo, desde febrero de 2006, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de Semarnat le otorgó una autorización para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, precisó la dependencia.
Por su parte, diversas organizaciones exigieron a través de un comunicado a la Semarnat que revoque las autorizaciones otorgadas en Tajamar en materia de impacto ambiental, pues dijeron, “se presume que el primo del proyecto ha violado la normatividad en diversas ocasiones al proporcionar información falsa e incumplir con las condicionantes.
Organizaciones como la internacional Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), así como otras asociaciones en defensa de los derechos de los animales, pidieron también a la Profepa que actúe de manera inmediata y aplique las sanciones correspondientes por “el daño irreparable ocasionado al equilibrio ecológico en la zona”.
“Las organizaciones firmantes solicitan a la Semarnat dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fonatur, debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas en dicha autorización y frenar el daño ambiental que se está ocasionando y que ha sido constatado ya por la propia Semarnat y la Profepa”, detalla el documento.
Recriminan también que en la autorización referida, “una de las condicionantes que la Semarnat exigió fue el rescate de fauna en la zona, lo cual, hasta donde se conoce, no fue llevado a cabo de manera adecuada por el promotor del proyecto, toda vez que, como se ha podido constatar, durante la remoción del manglar murieron diversas especies -como cocodrilos, iguanas, garzas, entre otras, algunas de ellas en alguna categoría de riesgo-, y muchas otras han sido afectadas de forma irreparable al haber perdido su hábitat natural”.
Por ello, las asociaciones piden a la Profepa que lleve a cabo “a la brevedad un peritaje en el predio, actuar de manera rápida y con un sentido de urgencia para proceder con las sanciones correspondientes una vez acreditadas las irregularidades antes mencionadas y, de ser el caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y en contra la gestión ambiental. De tal manera que de acreditarse la afectación a la fauna y su ecosistema, se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.
