Seis policías se aproximaron a Gabriela Rivera Guadarrama mientras intentaba tomar una fotografía. La noche había caído en la explanada del Monumento a la Revolución y la iluminación había sido cortada minutos antes. Los uniformados la interceptaron para preguntarle qué hacía ahí. La joven reportera tomó el gafete que visiblemente portaba y les hizo saber que era periodista del diario 24 horas.  Al ordenarle que se retirara y sin mayores alternativas, Gabriela se alejó lo que no bastó a quienes desde  el abuso de la fuerza y la autoridad, la empezaron a agredir en el momento que daba la espalda.

Lo minutos que siguieron son probablemente los más terribles de su vida. No contentos con derribarla le exigían ponerse de pie a manera de burla. Esas palabras eran solo el pretexto para algo que ya tenían decidido. Sin darle oportunidad alguna para incorporarse iniciaron los jalones. Uno de los oficiales la sujetó del brazo arrastrándola por la explanada con un destino incierto.

Gabriela no daba crédito. Desde el #1DMx había asistido a cubrir un sinfín de movilizaciones asumiendo, como todas las personas de su gremio, un ambiente crecientemente hostil. Había recibido formación básica en técnicas de protección y las siguió puntualmente. Al momento de documentar se encontraba en compañía de dos colegas, se detuvo ante una indicación policial, se identificó plenamente como periodista y finalmente, obedeció la orden de los uniformados.

Esto no importó. Desde el suelo no pudo ubicar a sus colegas y durante los 20 metros en los que fue arrastrada nadie le ayudó. Solo el destello de una cámara y el valor de una persona anónima dejo registro del momento.  El policía que le sujetaba el brazo realizó una fuerte torsión en el brazo de Gabriela, al tiempo que otro granadero robaba su celular. Finalmente la arrastraron hasta el arroyo vehicular donde la abandonaron.

¿Cómo llegamos al punto que un policía del DF pueda arrastrar a una periodista  impunemente? Las agresiones a la libertad de expresión en el contexto de movilizaciones se han disparado exponencialmente bajo la administración de Miguel Mancera. Los factores que hacen posible lo anterior son principalmente dos:

1. Garantizar impunidad a los policías abusivos.

Los números demuestran que la impunidad está prácticamente garantizada. Si tomamos en cuenta que el #1DMx fueron documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 102 detenciones arbitrarias y que durante las movilizaciones del 2013 la misma institución registró 123 agresiones a la libertad de expresión. Si a lo anterior le sumamos el caso de Gabriela, nos daría un total de 226 agresiones cometidas por las autoridades del DF relacionadas con este derecho. A esta cifra faltaría añadir decenas de detenciones arbitrarias de activistas, como en la calle de Madero.

¿Se sancionan efectivamente los abusos? Durante el mismo periodo solo un policía ha sido sancionado.  El 8 de diciembre el policía José Luis García Flores fue detenido por golpear a manifestantes con su casco, en libertad espera su sentencia, mientras varias personas detenidas injustamente permanecen en prisión. A pesar que el titular de la SSPDF sostiene que ha destituido a más de 900 elementos, nada informa sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. En tanto la soberbia de los mandos llega al grado de usar espuelas para montar a caballo cuando actúan como granaderos.

Los pocos compromisos que el Gobierno del DF hace en esta materia no pasan nunca por la investigación y sanción de los funcionarios violentos. De los 22 puntos recomendatorios de la investigación de la CDHDF sobre el #1DMx, el único que no aceptan, es precisamente el resolutivo que les obligaría a iniciar las investigaciones contra servidores públicos.

1. Premiar a los mandos que violan los derechos humanos.

La impunidad garantizada genera un incentivo perverso en las instituciones.  Los mandos policiacos que permiten los abusos, se “caen pa arriba”. Darío Chacón y Luis Rosales Gamboa, quienes iniciaran su carrera en los tiempos del Negro Durazo, fueron los jefes operativos el #1DMx y siguen en servicio activo.

Rosales Gamboa tiene una larga lista de señalamientos controversiales. Ha sobrevivido a investigaciones penales relacionadas con tráfico de drogas y en años recientes fue señalado por la CDHDF junto con Joel Ortega Cuevas, como responsables de la tragedia del News Divine.

No obstante ambos fueron premiados por quien el trágico suceso de los jóvenes fallecidos, permite ahora ocupar la Jefatura de Gobierno. La influencia de este tenebroso personaje ha llegado al grado de colocar como Subsecretario de Control Vehicular a Miguel Manzo quien junto con Darío Chacón, ahora Comisario de la Policía Federal, son señalados como la cúpula de la mafia de policías llamada “La Hermandad”.

A tal grado llega la confianza que Miguel Mancera ha dado Rosales Gamboa, que el pasado 8 de enero declaró que “la orden es que ningún grupo social, político o campesino pueda ingresar a la plancha del Zócalo” y que “A través del sistema de video vigilancia C4, se rastrean diversos puntos… donde pudieran reunirse grupos de manifestantes…”.  Estas declaraciones desafían abiertamente nuestro sistema constitucional, pero al parecer de eso trata la restauración autoritaria. Como Subsecretario de Operación Policial Rosales Gamboa fue el responsable del operativo en que Gabriela resultó fracturada.

Mancera también premió a Jesús Rodríguez y a Rodolfo Ríos con flamantes cargos en su gabinete a pesar que ser señalados como responsables en las violaciones a los derechos humanos en diciembre del 2013. Es claro que si tenemos que cambiar las condiciones estructurales de fondo, debemos reformar a la corporación integralmente e incorporar controles externos, incluyendo la participación de ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas. Pero estas propuestas serán solo decoración si antes no se sanciona la brutalidad y el abuso policiaco.

 “No lloré durante todos esos minutos hasta que pude hablar con mis seres queridos… Me duele más el abuso que la fractura del codo”,  me dijo Gabriela mientras se acomodaba su brazo enyesado que durante 5 semanas le impedirá reportear. La acompaño a la PGJDF como parte del programa legal para periodistas que en Propuesta Cívica desarrollamos.

Mientras ella habla con la Ministerio Público caigo en cuenta que el autoritarismo recurre a un sistema de incentivos mucho más eficaz que las órdenes directas. Garantiza a la brutalidad policiaca una impunidad cercana al 100 por ciento y  muestra que quienes perseveran en la violencia, con los años podrán competir por los más altos mandos en la corporación. En este punto pueden haberse topado con pared ya que esa misma noche Gabriela se levantó en el sentido más profundo.

¿Por qué quieres denunciar? Le pregunté en pleno día de reyes. “En principio para reparar el abuso que sufrí, pero también porque si no terminamos con la impunidad las agresiones a la libertad de expresión se volverán regla de conducta” contestó. Tiene razón. Un solo caso puede marcar un punto de inflexión. En ese camino no estará sola.

Héctor Serrano Secretario de Gobierno, se comprometió a encontrar a los culpables y procesarlos. Las autoridades citaron a Gabriela en dos semanas para informarle sobre los resultados de las cámaras C4 y de los informes de la SSPDF.

Una pregunta final. Si en lugar de Gabriela, un policía hubiera arrastrado a una diputada o a una personalidad connotada ¿Se tardarían dos semanas en identificar a quienes ellos mismos saben estuvieron comisionados ese día?

Jesús Robles Maloof

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Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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