Una vez más el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de manera indolente e irresponsable, revictimizó a los once asesinados en la masacre de Salvatierra, Guanajuato, al decir que el caso estaba relacionado con el consumo de drogas. Dijo sobre el atentado que dejó, además, 14 heridos: “es un problema estructural de fondo. Esa franja es de las zonas con más consumo de drogas en el país”.

No es la primera ocasión que con esa frase intenta justificar la creciente y sangrienta violencia que impera en el país. No hace muchos días, a propósito de otra masacre, en Celaya, Guanajuato, en la cual le fue arrebatada la vida a cinco estudiantes de medicina, espetó lo mismo; que el asesinato de los jóvenes había sido “por el consumo de droga, porque fueron a comprar a alguien que vendía droga en un territorio que pertenecía a otra banda”.

Y así se ha vuelto costumbre para el mandatario nacional culpar a la víctima y no criticar ni fustigar al verdugo.

Para los criminales y los narcotraficantes la consigna es “abrazos no balazos”, y para las víctimas, la estigmatización vinculada a las drogas.

La realidad es otra. La Fiscalía General de Guanajuato, sobre el caso de los cinco jóvenes universitarios, comprobó en la investigación a través de los exámenes toxicológicos a los cuerpos, que ninguno de ellos consumía drogas. Además, de acuerdo a la indagación, los habían asesinado en otro lugar y en otras circunstancias, distintas a las vertidas por el presidente.

12 días después del homicidio de los universitarios, un domingo también y de igual forma mientras disfrutaban de una actividad recreativa, 11 personas fueron masacradas en el poblado de Salvatierra al sur de Guanajuato. De acuerdo a testimonios, más de 50 personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron para festejar una posada. Todos eran amigos o tenían algún nexo familiar.

La versión oficial, vertida tanto por la Fiscalía General de Guanajuato como por sobrevivientes, es que el festejo decembrino se desarrollaba en condiciones de seguridad, camaradería y convivencia sana, cuando extraños llegaron al edificio rústico de una ex hacienda y pretendieron entrar a la fiesta. Al negarles el ingreso por ser desconocidos del grupo que departía en la posada navideña, los hombres se retiraron del lugar, pero regresaron, esta vez, acompañados de otros sujetos vestidos con chalecos tácticos color verde (de acuerdo a testigos) en posesión de armas largas, siete Ak-47 popularmente conocidos como cuernos de chivo, a quienes les dieron la orden a gritos, de “mátenlos a todos”, también esto de acuerdo a testigos que escucharon ante el horror de verse atacados.

No dispararon a un grupo o persona en específico, sino a diestra y siniestra, a los que pudieron hacerles daño antes de huir del lugar. A su paso también incendiaron algunos de los vehículos que se encontraban en el estacionamiento. El fatal resultado del ataque armado fue de 11 muertos y 14 heridos. Algunos de los invitados al convivio decembrino ya se habían retirado aquella madrugada de domingo, según dijo también otro de los sobrevivientes.

Terrible el ambiente en Guanajuato donde, en menos de quince días, han desfilado por las calles -a saber, por los delitos de alto impacto- 16 féretros. 16 entierros de jóvenes alejados de la criminalidad organizada -de acuerdo a las investigaciones-, revictimizados todos desde la presidencia de la República.

En este insólito e indignante contexto el presidente todavía tiene la desdachatez de exponer que en México los cárteles de las drogas son los “dueños” de los territorios a través de sus bandas, de sus células criminales, delincuenciales.

El territorio no es de los mexicanos, es de los criminales que los conquistan a fuerza de balas, sangre, amenazas, extorsiones mientras que las autoridades voltean a otro lado y un presidente culpa sin pruebas a los caídos.

A cinco años de la actual administración federal debería haber instancias de prevención de seguridad, a razón de investigación científica, inteligencia y estrategia de captura de delincuentes para recuperar los territorios de y para los ciudadanos de bien que respetan la ley y han perdido la tranquilidad de manos de quienes todo lo transgreden con la anuencia desde Palacio Nacional.

Quién en Guanajuato podrá salir con tranquilidad a un balneario como lo hicieron los universitarios o a una posada con amigos como fue el caso de los 11 asesinados y los 14 heridos cuando se puede encontrar la muerte sin pertenecer a la criminalidad organizada.

La misma pregunta va para Zacatecas, Michoacán, zonas de Jalisco – en especial La Chona – Tamaulipas, el Estado de México.

Lo cierto es que en lo que va del sexenio de López Obrador, la FGR, encabezada por el escurridizo fiscal Alejandro Gertz Manero, tampoco ha cumplido su responsabilidad y facultad para perseguir a los cárteles, a Los Viagras, al de Santa Rosa de Lima, a la Nueva Familia Michoacana, al de los Beltrán Leyva, al de Sinaloa, al de Jalisco al de los Arellano, y al no combatirlos, al no investigarlos, estos tienen impunidad abierta para seguir delinquiendo, extorsionando, matando inocentes en todo el país, sin consecuencias como si supieran que al día siguiente López Obrador culpará a las víctimas por su mala fortuna de toparse con miembros de la delincuencia armada.

Para colmo el tema de las drogas que ahora dice el presidente López Obrador ser el “problema estructural de fondo” no está siendo combatido de manera apropiada y exitosa ni por su gobierno, ni por la FGR.

Basta con recordar que la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat) que debió realizar la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) desde la Secretaría de Salud en 2022 no se llevó a cabo por falta de recursos. Así, los últimos datos oficiales que se tienen al respecto son de 2017.

En junio de este año, el presidente afirmó que se levantaría de nuevo una encuesta respecto al consumo. A la fecha, solo perduran sus palabras, nada de hechos.

Mientras tanto, la secretaría de seguridad federal como la Guardia Nacional o la FGR deben tener conocimiento de cuáles son los cárteles que delinquen en cada estado, y en este caso particular, identificar a las células que matan en Guanajuato no debería ser un problema, en teoría, pero en la trágica cotidianidad de México, en la recta final de 2023, lo que se ve es la falta de acción de las autoridades federales, su ausencia de compromiso para perseguir a los criminales y hacer justicia a las víctimas.

Siete armas largas fueron utilizadas para asesinar a las 11 personas y herir a 14 en Salvatierra, Guanajuato, mismas desde las cuales, de acuerdo a los exámenes de balística de la fiscalía local, dispararon en 195 ocasiones la madrugada del 17 de diciembre, pero que ya habían sido utilizadas en atentados anteriores. No informan cuáles, pero resulta imposible pensar que el gobierno federal y la FGR en particular no cuenten con información de las bandas criminales en esa zona, y registro de los atentados en que han participado.

Como en el caso de los cinco universitarios de Celaya, o los 3 ciudadanos asesinados en Texcaltitlán, Estado de México, nueve días atrás cuando los pobladores decidieron enfrentarse a machetazos a sus extorsionadores y verdugos asesinando a 11 de ellos, el de los jóvenes de la posada de Salvatierra, Guanajuato, continúa en la impunidad, sin hacer mención y exhibir a los asesinos, pero sí revictimizando a quienes les arrebataron la vida a balazos.

No son pésames gubernamentales los que se requieren, son acciones concretas y visibles para acabar con esa indolencia oficial que burlonamente abraza a los criminales y vulnera con ello a la sociedad víctima de una ausencia de justicia.

Adela Navarro Bello

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