En un evento de trascendencia nacional, hace unos cuantos días se instaló en el Palacio de Gobierno de Chihuahua la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Presidieron la reunión Andrés Manuel López Obrador y los jefes de las fuerzas armadas, y en el ámbito local la anfitriona del evento y gobernadora panpriista, María Eugenia Campos Galván.

Tomar el escenario de Chihuahua para un evento de tal importancia tiene pertinencia por la historia propia de la entidad, porque 1965 es emblema de una insurgencia armada con el Asalto al Cuartel de Madera por la guerrilla encabezada por Arturo Gámiz García, un 23 de septiembre, fecha que quedó como icónica de un largo proceso armado en contra del Estado mexicano.

Lo que no tiene pertinencia, de ninguna manera, es que al lado de esta fecha de arranque estén presentes los militares, que son el principal obstáculo para el esclarecimiento de la verdad que se busca, y suponemos, con las consecuencias jurídicas que esa indagatoria pueda tener al acceder a la verdad.

Las fuerzas armadas, hasta el día de hoy –y sostengo que así será en el futuro– son las que han estado cerradas a la información y la verdad, porque son parte interesada y pieza clave para obstaculizar la transparencia en algo que de manera inequívoca les afectará. Como factor real, la militarización creciente prevalecerá como infranqueable barrera para la Comisión.

Desde luego que soy partidario de que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero lo dudo en términos de los factores reales involucrados que se personifican en el papel del Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional. Espero equivocarme, y así lo reconoceré públicamente si fuera el caso.

No soy afecto a las solemnidades propias que han caracterizado el desempeño público y los oficios de la clase política mexicana, pero tampoco de la chunga, de la banalización de las formas.

En el evento de instalación la señora Tita Radilla ocupó el lugar central, tanto por su adusto carácter como por lo que ella significa en la larga lucha por los derechos humanos y por sus brillantes palabras, que fueron al fondo y sin aspavientos de ninguna especie.

Lamentablemente la prensa dio escasa cuenta de esas palabras, esto en general, hasta donde pude observar. Pero de lo que no tengo duda es que en Chihuahua Tita Radilla sufrió la ley del hielo en su máxima expresión. Los medios se cerraron a sus palabras y resaltaron el encuentro de López Obrador como cabeza de la Cuatroté con una gobernadora panista. En otras palabras, la nota fue que políticos tan disímbolos, aparentemente, se encontraron. Lo demás no importó.

Y lo que quedó como recuerdo de este evento, que involucra una profunda lucha por los derechos humanos en el país, es que una vez que abandonaron de la mano la ciudad de Chihuahua, López Obrador y María Eugenia Campos hicieron una escala en Villa Ahumada, Chihuahua, para degustar unos burritos. Así trivializaron mediáticamente  una jornada que debió tener una dimensión más congruente con el dolor humano que está detrás del trabajo que emprenderá la referida Comisión.

Una interrogante queda en el aire: ¿Cuál es la razón para hacer de 1990 una fecha de corte histórico, dejando de lado más de treinta años en los que es evidente que han sucedido cosas de extrema gravedad?

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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