El Comité Cerezo expresó que el ex Presidente Enrique Peña Nieto “usó la estrategia de represión política de manera masiva, respecto a sexenios anteriores”.
Por ello hizo un llamado al nuevo Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que abra “el proceso de verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas de la ejecución extrajudicial, y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La organización Comité Cerezo de México documentó 184 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos durante todo el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
La organización emitió un informe sobre su documentación que inició el 1 de diciembre 2012 y concluyó el 20 de noviembre pasado. Detalló que las cifras expuestas son de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.
“Sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos”, detalla el documento.
LOS DATOS
El Comité Cerezo precisa que las 184 ejecuciones extrajudiciales de defensores que se cometieron durante el sexenio que finalizó “fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado”.
La organización documentó 18 casos en 2013; 19 en 2014; 18 en 2015; 37 en 2017; 52 en 2017, siendo el año con más casos; y 40 durante este 2018.
Destacó que tan sólo entre 2017 y 2018, la cifra de ejecuciones documentadas representa poco más de la mitad de las de todo el sexenio.
Los 184 casos fueron documentados en 23 estados del país. La entidad con más casos fue Oaxaca, con 49 ejecuciones de este tipo; seguido de Guerrero, con 41; Chiapas y Veracruz quedan en tercero con 16 casos cada uno.
En Chihuahua se contabilizaron 12; en Puebla y Michoacán, siete cada uno; y en Jalisco y Ciudad de México, seis cada uno.
El informe detalla que 29 de los defensores ejecutados defendían el derecho a la vida digna; 25, derechos laborales; 24, la autodeterminación de los pueblos indígenas; 18, el territorio; 14, el derecho a la protesta.
Además 11 defendían el derecho a elecciones libres y democráticas; 11, el derecho ambientalista; 10, el derecho a la justicia, verdad y memoria; seis, a la educación; cinco a la defender derechos humanos; cuatro, el derecho a la seguridad; tres, el derecho a la diversidad sexual y dos a la vivienda digna. Del resto no se especifica.
Además, resaltó que 18 periodistas fueron ejecutados no sólo por ejercer el derecho a informar, sino por señalar el contubernio existente entre el Estado, las empresas y el narcotráfico.
LA ESTRATEGIA DEL TERROR
El Comité Cerezo alertó que “el terrorismo de Estado mediante el cual se profundizó la política económica neoliberal en México ha usado tres estrategias de represión contra la sociedad en general y contra los grupos organizados del pueblo en lucha por demandas justas, o en nuestro lenguaje, por el ejercicio del derecho a defender derechos humanos para alcanzar una vida digna”.
Detalló que estas tres estrategias fueron:
Estrategia de control social mediante el terror
Estrategia de represión política
Estrategia contrainsurgente
El Comité expresó que el ex “Peña Nieto usó la estrategia de represión política de manera masiva, respecto a sexenios anteriores, subordinándola a la estrategia contrainsurgente que se aplica de manera ininterrumpida, pero mimetizada dentro de la formación de grupos paramilitares como los grupos de autodefensa y grupos del Narco al servicio del Estado”.
Dijo que esta estrategia se mimetizó en la formación de grupos paramilitares como, grupos de autodefensa y grupos del Narco al servicio del Estado.
Por ello hizo un llamado al nuevo Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que abra “el proceso de verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas de la ejecución extrajudicial, y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
