El INAI defendió que para consolidar un Estado democrático se debe garantizar el ejercicio periodístico libre, objetivo e imparcial.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar a conocer los contratos de las medidas de seguridad implementadas en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Segob estará obligada a compartir la versión pública de los contratos en los que se tendrá que verse el monto destinado al desarrollo de dichas medidas, sin revelar la identidad de las personas protegidas.
El INAI destacó ante el pleno que, a pesar de la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la información, viven y desarrollan su labor periodística en situaciones y condiciones precarias como bajos salarios, violencia, amenazas, persecución, entre otras.
“La consolidación de un Estado democrático requiere del ejercicio periodístico libre, objetivo e imparcial, para mantener informada a la sociedad y fortalecer la opinión pública. El reconocimiento paulatino a la importancia de esta profesión llevó a que, en 1993, la UNESCO reivindicara la necesidad de que existiera un periodismo libre y plural para impulsar sociedades modernas y democráticas”, aseguró la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
La consolidación de un Estado democrático requiere del ejercicio periodístico libre, objetivo e imparcial, para mantener informada a la sociedad y fortalecer la opinión pública: @JulietDelrio
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La Comisionada Del Rio Venegas compartió que en 2022, “Reporteros sin fronteras” puso a México como el país más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, y “de acuerdo con información de la propia Segob, del año de 2006 a la fecha, han sido asesinados 260 periodistas en México; 63, en los cuatro años de la administración federal en turno”.
La situación para personas defensoras de los derechos humanos en el país es similar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que la violencia contra estos activistas en el continente se incrementó entre mayo y agosto de este año, con un alto número de asesinatos en varios países de la región.
Mediante un comunicado, el INAI dio a conocer que la persona que un particular solicitó diversa información sobre la operación del Mecanismo a la Secretaría de Gobernación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: la cantidad actual de personas periodistas beneficiarios y/o inscritas en el mecanismo, dividido por entidad federativa; la cantidad actual de personas defensoras de derechos humanos y/o activistas beneficiarias y/o inscritas en este mecanismo; la cantidad actual de hombres y mujeres defensores de derechos humanos y/o activistas beneficiarios y/o inscritos en el mecanismo, dividido por entidad federativa.
En la misma solicitud, requirió el costo mensual y anual de la renta de los botones de asistencia asignados a las personas beneficiarias y/o inscritas en el mecanismo; y el presupuesto anual del 2019 al 2022, desagregado por rubros presupuestales.
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Respecto al costo de la renta de botones de asistencia, la Segob determinó la reserva de la información por un periodo de cinco años, bajo el argumento de que “su divulgación haría identificables las medidas que se implementarán para proteger a estas personas defensoras de derechos humanos y periodistas y se aumentaría el riesgo y vulnerabilidad de las personas que se benefician con este mecanismo”.
Ante la inconformidad por clasificar la información, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Instituto, sin embargo, la Segob mantuvo la misma respuesta. Aunque durante el análisis del caso, realizado por la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se encontró que las medidas varían en función de la finalidad y del grado de riesgo en el que se encuentran, además de que cambian de conformidad con la ley que existe para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde se enlistan una serie de medidas y características específicas para el tema.
“La clasificación de la información por parte del sujeto obligado solo sería válida si esta permitiera identificar al periodista o defensor de derechos humanos protegido por el mecanismo. Dicho lo anterior, es necesario no perder de vista que la persona solicitante pidió únicamente conocer el monto que la Secretaría de Gobernación eroga por la renta de los botones de asistencia asignados a estas personas beneficiarias; nunca pidió ni solicitó la identidad de la persona física”, expresó.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación y le instruyó que proporcione, en versión pública, los contratos celebrados con el objeto de implementar medidas de protección en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.
