Quienes buscan a las víctimas son madres y parientes, quienes además sufren persecución de criminales con respaldo de policías, reclaman. Además, el Gobierno se niega a investigar al Ejército en el caso de los 43, dicen padres en el encuentro en la Normal de Ayotzinapa. Por lo que piden que recomienden al Estado mexicano que se sigan las cuatro líneas de investigación que proponen para hallar a sus hijos.
Por: Zacarías Cervantes y Francisco Magaña
Chilpancingo, Guerrero, 19 de noviembre (ElSur).- Representantes de colectivos, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, además de familiares directos de víctimas de desapariciones en el estado, denunciaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la connivencia de autoridades de los tres órdenes de Gobierno con grupos delictivos, responsables de la desaparición de por lo menos 5 mil 300 personas en Guerrero.
La cifra, que dio a conocer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, es posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, cuando se comenzó a visibilizar el problema de las desapariciones por el crimen organizado.
Los integrantes del Comité de la ONU se reunieron en privado después del mediodía de ayer en la Parroquia Universitaria de San Pablo, al interior del Obispado de Chilpancingo.
La reunión privada es encabezada por el vicepresidente del CED, Horacio Ravenna.
Los enviados del organismo llegaron a México el pasado lunes en su primera visita al país y tienen como objetivo visitar 12 estados para reunirse con autoridades y víctimas e identificar los medios de enfrentar las desapariciones forzadas.
En la reunión, en la que participan cuatro expertos, serán analizados los crímenes de lesa humanidad para posteriormente derivar recomendaciones de los casos.
En la reunión, participaron con intervenciones los representantes de los colectivos que agrupan a los familiares de las víctimas en la entidad, además de los representantes de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Consultados por separado, algunos de los que participaron en el encuentro que duró de las 12:30 a las 14:30 horas, informaron que plantearon a los enviados de la ONU, la falta de apoyo de los tres órdenes de Gobierno a los familiares para la búsqueda de los desaparecidos.
Les dijeron que, por el contrario, sufren criminalización y persecución mediante las mismas policías o grupos de paramilitares “disfrazados de policías comunitarios”, o de los mismos grupos criminales que operan con el respaldo del Gobierno.
Una madre planteó que el único apoyo que reciben a veces del Gobierno es una pala, un pico y una camioneta para que vayan a buscar a sus familiares desaparecidos, “exponiendo nuestras vidas en los cerros”.
Los familiares de víctimas denunciaron que al realizar esa labor que le corresponde al Gobierno, se ponen en peligro no sólo ante los grupos del crimen organizado, sino también de las policías que están infiltradas por la delincuencia o de grupos de paramilitares tolerados por el Gobierno.
Por ejemplo, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, quien planteó el caso de la desaparición de su hermano Vicente, denunció que el Gobierno manda a vigilarlos en las búsquedas a grupos de paramilitares como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Una representante del colectivo Madres Igualtecas denunció a su vez, que en su colectivo han sido violentadas por las propias autoridades sólo porque a los colectivos los ven como “focos rojos” y por ello “nos prohíben buscar a nuestros hijos”.
Dijo que hay un sub registro de los casos de las desapariciones en Guerrero porque muchas familias se niegan a presentar las denuncias por temor a que saliendo de las oficinas de la Fiscalía o de los Ministerios Públicos los maten debido a que en muchos casos está implicado el mismo Gobierno.
Denunció que los vínculos de la delincuencia organizada con el Gobierno se vieron, sobre todo, en el Gobierno estatal que acaba de terminar, al que le llamó “narcogobierno” y añadió que fue en este periodo cuando se incrementaron los casos de las desapariciones en la entidad.
Añadió que de tal suerte en este periodo de Gobierno “los familiares de las víctimas nos vimos a dos fuegos; por un lado nos enfrentábamos al Gobierno y por otro a la delincuencia organizada”.
Aseguró que de acuerdo con los registros de los colectivos, Guerrero es uno de los estados del país con más desaparecidos y que a nivel estatal Acapulco ocupa el primer lugar, el segundo Chilpancingo y el tercero Iguala.
A su vez, en un documento que entregó la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales, expuso que la desaparición forzada “ha sido históricamente parte de la estrategia de contrainsurgencia que los diversos gobiernos han utilizado a lo largo de la historia de Guerrero” y que ha sido “un método para reprimir y castigar a la disidencia política”.
Denunció que por ello las autoridades de los tres órdenes de Gobierno “sólo simulan que les interesa la solución del problema” mientras que, en los hechos, “se dedican a administrar el derecho a la verdad y a la justicia”.
Agregó que hay carpetas de investigación o averiguaciones previas que fueron iniciadas hace 10 o 15 años y que todavía no registran ningún avance.
En su escrito pide a los integrantes del comité de la ONU que se pronuncie y emita las recomendaciones correspondientes para que la Fiscalía Especializada en Materia de Desapariciones Forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, “realmente funcione de manera autónoma”, para que desempeñe con eficacia su trabajo.
Además, demanda que el Congreso local apruebe una iniciativa de ley que fue presentada por el ahora exdiputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, sobre la desaparición y ausencia de personas.
También, que a la Dirección de Servicios Periciales se le dote de autonomía e independencia y que deje de pertenecer a la Fiscalía General del Estado.
En declaraciones al final de la reunión, el abogado de Tlachinollan y asesor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, informó que los principales planteamientos de los representantes de colectivos y familiares de víctimas de desaparecidos, fueron el problema de la dilación en la investigación de los casos, así como la insensibilidad y la negligencia de las autoridades con respecto al problema de las desapariciones.
Dijo que también denunciaron la complicidad de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno con los perpetradores de las desapariciones, la falta de búsqueda y las irregularidades que se cometen en éstas.
Otro de los planteamientos, según el abogado, fue el tratamiento que ha dado el actual Gobierno federal al problema de las desapariciones.
Explicó que el Gobierno “trata como de olvidar el problema colocándolo en un segundo plano, dando prioridad a los programas sociales, argumentando que eso, por sí mismo, va a resolver la problemática, con lo que deja en segundo plano a las víctimas”.
Añadió que expusieron que el actual Gobierno “no quiere tratar nada mediante la mediación y deja a un lado a los colectivos, con el discurso de que no quiere nada con los mediadores, sino todo directo con las personas, lo que no ayuda a avanzar”, se quejó el abogado.
De acuerdo con la evaluación del abogado de la visita de los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ésta fue “muy importante porque los representantes de las víctimas pudieron dialogar y dar a conocer sus casos para que los miembros del Comité puedan tener una perspectiva directa y una visión de lo que está ocurriendo abajo con los desaparecidos, con las víctimas directas del sufrimiento que están pasando al día a día”.
Informó que las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda indican que en Guerrero hay 5 mil 300 desaparecidos.
Aunque añadió que organismos independientes hablan de un sub registro y refieren que hay, aproximadamente, 7 mil desaparecidos y que sólo en Acapulco hay 2 mil 500.
Informó que aunque no existe con precisión el dato de a partir de cuándo se comenzaron a contabilizar estos casos, el problema de la desaparición comenzó a visibilizarse a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014.
Rosales Sierra aseguró que en ninguno de los casos avanzan las carpetas de investigación y que no hay detenidos y mucho menos alguno de los responsables ha llegado a recibir sentencia.
Por ejemplo, contó que el colectivo Luciérnaga de Tlapa tiene casos con serias deficiencias y que hay diligencias que llevan dos años que no se han realizado.
Indicó que la causa es que hay mucho miedo y que los ministerios públicos no quieren meterse en problemas al investigar, debido a que la mayoría de las desapariciones están asociadas con los grupos de delincuencia organizada que actúan en connivencia con las autoridades y policías.
Dijo que por ello, el Ministerio Público para no tener problemas mejor no se mete a indagar y que esto pasa desde las más altas autoridades de la Fiscalía.
Reconoció que solamente en algunos casos en los que hay presión política, como el del dirigente social de Tlapa, Arnulfo Cerón y el integrante del Cecop en Acapulco, Vicente Suástegui, empiezan a caminar, “pero una desaparición ordinaria nunca avanza”.
Los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ayer por la tarde se reunirían con personal de la Fiscalía General del Estado en Acapulco y el sábado tiene programada una reunión con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Chilpancingo.
En todos los casos las reuniones son privadas y se ha informado que sólo al final de su visita a México fijarán su postura en una conferencia de prensa.
EL GOBIERNO SE NIEGA A INVESTOGAR AL EJÉRCITO EN EL CASO DE LOS 43, DICEN PADRES
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa pidieron al Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recomiende al Estado mexicano el seguimiento a las cuatro líneas de investigación que proponen para localizar a sus hijos, principalmente la participación del Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre del 2014.
Durante la visita de los cuatro integrantes de la delegación, encabezados por el vicepresidente del Comité, Horacio Ravenna, a las instalaciones de la Normal ayer, los padres les plantearon que el actual Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador les dice que “hay voluntad” para resolver el caso, pero que igual que con el anterior, no ven que haya avances y que se resiste a investigar la participación de los militares en la desaparición de los normalistas.
Los miembros del Comité llegaron a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa a las 10:15 de la mañana y fueron recibidos por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Cada uno con la fotografía de su hijo desaparecido y algunos colgaron al cuello de los visitantes cadenas de flores de cempasúchil.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”, repitieron en coro, por su parte, estudiantes normalistas que también salieron al encuentro de la delegación en la entrada de la escuela, desde donde los acompañaron junto con los padres hasta al auditorio de las instalaciones, donde se reunieron en privado.
Previo al encuentro a puerta cerrada, Joaquina García, madre del estudiante desaparecido Martín Getsemaní, les pidió durante la bienvenida que “escuchen los siete años de nuestro sufrimiento y dolor”.
Les pidió que no los dejen solos, que los sigan acompañando y que les ayuden a encontrar a sus hijos, “para terminar con este sufrimiento que llevamos desde hace siete años cumplidos en septiembre. Ya queremos encontrar a nuestros hijos”, repitió.
La mujer que habló en nombre de los padres, dijo que ya son siete años que abandonaron sus casas para pedir ayuda a todas las instituciones, entre éstas al presidente de la República, “y no tenemos ninguna información todavía para saber dónde están nuestros hijos”.
Les dijo: “esperamos que ustedes hagan algo para que nosotros lleguemos a saber dónde están y saber la vedad. Esperamos que nos ayuden, que nos apoyen”, dijo la madre del joven desaparecido, originario de Zumpango, municipio de Eduardo Neri.
Uno de los estudiantes que dieron la bienvenida les pidió que escuchen a los padres de familia “de nuestros compañeros desaparecidos de quienes hasta el momento no sabemos nada, porque este Gobierno no nos informa nada en concreto, sólo nos da largas, esperamos que escuchen las voces de los padres de nuestros 43 hermanos”.
Los miembros del Comité de la ONU y los padres acompañados por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, así como del abogado del mismo organismo y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron durante poco más de una hora a puerta cerrada.
Al terminar, el vocero de los padres, Melitón Ortega, declaró que la visita de los integrantes del Comité de la ONU es importante para ellos porque no sólo les dieron a conocer sus testimonios, sino que les pidieron que emitan las recomendaciones al Gobierno mexicano.
Informó que les plantearon el trato que están recibiendo del nuevo Gobierno en el que ven que hay voluntad política, pero que en los hechos todo sigue igual por la lentitud, como en el anterior Gobierno.
Dijo que esto tiene que ver con los obstáculos que han visto en la investigación, sobre todo en contra de los militares que participaron durante la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Agregó que fue uno de los planteamientos y que para los padres es importante que hayan escuchado el trato que le ha dado el actual Gobierno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “en el que ha habido mentiras, simulación y promesas no cumplidas”.
Melitón Ortega añadió que pidieron concretamente a los miembros del Comité que emitan una recomendación al Estado mexicano para que se dé seguimiento a las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Estas son: la investigación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco; la investigación sobre las líneas telefónicas de los celulares de los involucrados; las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago e indagar la participación de elementos del Ejército en los hechos de esa noche.
El vocero de los padres se quejó de que el último punto es lo que no han logrado del actual Gobierno. Indicó que por eso la exigencia de los padres se ha centrado en ese punto: “que se dé seguimiento a la participación del Ejército porque que es donde no se ha visto voluntad de parte del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que hemos hecho presión y ha sido la exigencia constante por parte de los padres”.
Melitón Ortega declaró que cada vez que se reúnen con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador o con los funcionarios que dan seguimiento al caso, siempre plantean el mismo asunto: que se dé seguimiento a la participación del Ejército.
Sin embargo, reprochó que el Gobierno se ha negado a investigar “ciertos elementos” que vinculan a los militares y que es la causa de que a pesar de que expresa voluntad, ven que hace falta mucho para llegar a la verdad, “y nosotros no nos vamos a quedar solamente con la voluntad que dicen que hay cada vez que nos reunimos”.
Aunque reconoció que el actual Gobierno “se presta más para dialogar”, pero dijo que los padres no quieren eso, “queremos que se vea el avance”.
Explicó que en ese sentido pidieron que sean las recomendaciones concretas para el Estado mexicano con respecto al caso de Ayotzinapa.
Melitón Ortega añadió que ojalá que las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada influyan para que el Gobierno finalmente siga la línea de la participación del Ejército, “porque creemos que eso va a servir mucho; el Ejército puede aportar todos los elementos que lleven a saber dónde están nuestros hijos”.
Agregó que hasta ahora los detenidos todo lo niegan, hasta su participación en los hechos “y para nosotros eso es muy difícil y muy cansado porque estamos viendo otra vez lo que vivimos en años anteriores; se dice que se detiene a alguien y que es el principal responsable, pero al final no hay tal cosa, no aporta información y eso es muy doloroso para los padres porque creemos que la Fiscalía debe aportar información más concreta”.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, Melitón Ortega exigió que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de resolver ya el caso Ayotzinapa, pues recordó que lleva ya tres años en la Presidencia y no se han visto avances.
Planteó que los padres se están desilusionando y que siguen en la mesa con él sólo porque ya no tienen otra autoridad a la cual recurrir en el país.
