A través de un comunicado, la ONU y la CIDH señalaron que la lentitud en el caso del homicidio de Javier Valdez puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
México, 19 nov (EFE).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este martes preocupación por la lentitud de la investigación del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, noroeste del país.
En un comunicado divulgado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, señalaron que la "falta de celeridad" en el caso puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
"Es inadmisible que a 30 meses del cruel asesinato de Javier Valdez nadie haya sido todavía condenado por el crimen", dijo el Relator Especial de la ONU, David Kaye, en el comunicado fechado en Ginebra/Washington, las sedes de ambos organismos.
Valdez, fundador y redactor del semanario Ríodoce y autor de varios libros sobre temas del narcotráfico y crimen organizado, fue asesinado por desconocidos que le dispararon al salir de su lugar de trabajo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, noroeste de México.
Tras su muerte, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) anunció medidas para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para garantizar la prevención de agresiones y la protección de la prensa en México.
En su comunicado, los Relatores de la ONU y la CIDH hicieron un reconocimiento a los esfuerzos de la FEADLE para finalizar la investigación y establecer los hechos del crimen cometido en contra de Javier Valdez.
Señalaron que corresponde ahora al poder judicial "actuar con debida diligencia para concluir satisfactoriamente los procesos" en un exhorto para que aceleren el proceso y definan la fecha para el inicio del juicio oral.
En abril del 2018, las autoridades detuvieron en Tijuana, Baja California, a Heriberto Picos Barraza, como sospechoso del asesinato de Javier Valdez; y dos meses acusó también a Francisco Picos, quien ya estaba preso por otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México pidió en noviembre de 2018, una condena para Heriberto de 50 años de prisión la máxima sanción contemplada para este tipo de delitos en el estado de Sinaloa.
Los relatores de la ONU y la CIDH hicieron al Gobierno mexicano un recordatorio para garantizar una investigación independiente, efectiva e imparcial que permita juzgar a quienes cometieron el asesinato y a los autores intelectuales.
La dilación del proceso contribuye de "manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México", señalaron los relatores al exhortar al Gobierno mexicano a cambiar el paradigma de impunidad por uno que garantice investigación y enjuciamiento.
Los expertos señalaron que han recibido con "profunda preocupación" información sobre amenazas a la esposa de Javier Valdez, Griselda Triana, y a colegas del semanario Ríodoce.
En este sentido, reiteraron a las autoridades mexicanas "su obligación de adoptar medidas de protección integral y efectiva para los familiares del periodista y sus colegas".
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), distintas organizaciones registraron el asesinato de 47 periodistas y de cuatro desaparecidos.
