El ahora General de División Francisco Ortega Luna estaba adscrito a la Comandancia de la 22/a. Zona Militar, de donde se giró la orden a los militares que integraban la Base de Operaciones San Antonio del Rosario para “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
De ahí, entonces, salieron los militares que realizaron la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de la población San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Ejecutivo federal, con el aval del Senado de la República, ascendieron de grado militar –de General de Brigada a General de División– a Francisco Ortega Luna, una de las autoridades señaladas como parte de la “cadena de mando” involucrada indirectamente en la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
El Senado de la República ratificó el pasado 13 de noviembre un acuerdo girado por la Presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que instruye la promoción y recompensa a un total de 266 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.
“El ascenso de grado constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y la seguridad interior del país”, explica el dictamen aprobado por esa cámara del Poder Legislativo.
Entre las 266 promociones, siete generales de brigada subieron de rango a General de División, el grado más alto de los mandos superiores, y son los que están a un paso de poder ser Secretario de la Defensa Nacional, a decisión del Presidente de la República. Se estima que el lapso para que un militar pueda llegar a divisionario es de alrededor de 45 años.
Los siete generales de brigada que escalaron son: Agustín Radilla Suástegui; Miguel Hurtado Ochoa; Juan Arturo Cordero Gómez; Celestino Ávila Astudillo; Miguel Eduardo Hernández Velázquez, ascendido a General de Ala; David Rivera Medina; Homero Mendoza Ruiz, actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Francisco Ortega Luna.
El acuerdo de Presidencia plantea que las promociones surten efecto a partir de este miércoles 20 de noviembre.
No es la primera vez que elevan de rango militar a un elemento señalado por el caso Tlatlaya. Apenas el año pasado, el General de Brigada, José Luis Sánchez León –quien era comandante de la 22 zona militar cuando se cometió la masacre– fue nombrado General de División por parte del entonces Jefe del Ejecutivo federal, el priista Enrique Peña Nieto, y además recibió una condecoración durante la ceremonia del 108 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado en el Campo Marte de la Ciudad de México.
LA TRAYECTORIA DE ORTEGA
La promoción realizada en el periodo de la Cuarta Transformación al General de División Francisco Ortega Luna llamó la atención, pues se trata de un mando militar que ha sido señalado en la investigación del Centro Prodh sobre la violación de derechos humanos cometida en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México
De acuerdo con el organismo, Ortega Luna estaba adscrito a la Comandancia de la 22/a. Zona Militar, de donde se giró la orden a los militares que integraban la Base de Operaciones San Antonio del Rosario de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, que derivó en la ejecución extrajudicial.
El ascenso de Francisco Ortega Luna –de Coronel a General de División – ha sido incluso más rápido que el que tuvo el ahora Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.
Ortega Luna escaló de Coronel a General de División en 11 años: en noviembre de 2008, lo promovieron de Coronel de Caballería a General Brigadier; en 2013, fue nombrado General de Brigada, y este 2019 a General de División, de acuerdo con los comunicados de ascensos publicados por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mientras que General Crescencio Sandoval alcanzó el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor 12 años después de ser Coronel: en noviembre de 2005, pasó de ser de Coronel de Caballería a General Brigadier; a General de Brigada en 2011, y luego General de División, en 2017, de acuerdo al Curriculum y trayectoria del militar, publicada en el portal de Andrés Manuel López Obrador.
El ahora General de División, Francisco Ortega, es Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, cargo que inició en diciembre de 2018, de acuerdo a información pública y formatos oficiales para adquisición de armamento en México.
Reunión de trabajo con el Gral. de Bgda. D.E.M Francisco Ortega Luna, Dir. Gral. del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, donde trabajaremos en conjunto para lograr de manera #legal el manejo #responsable y seguro de los artificios pirotécnicos.#Trabando pic.twitter.com/mHCenUXyT3
— IMEPI (@IMEPI_Edomex) December 12, 2018
Previamente, de diciembre de 2016 a 2018, se desempeñó como Comandante de la VI Zona Militar en Saltillo, Coahuila.
Ortega Luna nació el 14 de enero de 1958 en Tepeojuma, Puebla. Es egresado del Heroico Colegio Militar como subteniente de Caballería y ahí se especializó en la Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional; tiene al menos 42 años de servicio, esto con base a información dada a conocer por medios en 2016, durante la ceremonia en que rindió protesta como Comandante de la VI zona Militar.
También fue comandante de la 19 Región Militar, en Tuxpan, Veracruz, de la Guarnición Militar en Coatzacoalcos Veracruz y de la Policía Judicial Federal Militar; fue Jefe del Estado Mayor de la XXII Zona Militar; Comandante 14/o. y 23/o de Caballería Motorizado en Múzquiz, Coahuila, y Baja California, y Jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones en diversas universidades del Ejército Mexicano.
En su experiencia académica, destaca que estudió en Panamá la Maestría en Gerencia Estratégica y Logística en Comercio Internacional en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior; la Maestría en Administración Militar para Seguridad y Defensas Nacionales, así como diplomados en Seguridad Pública y en Perspectiva Política y Formulación de Escenarios por la Universidad Iberoamericana.
TLATLAYA: RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
En junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano asesinaron a 22 supuestos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.
La versión oficial, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, establecía que los hechos se habían suscitado tras un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Además, aseguraba que supuestamente los civiles atacaron primero a los soldados que patrullaban el lugar.
El 1 de julio de 2014, el entonces Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, aseguró que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Meses más tarde, una de las tres testigos reveló que fueron los soldados quienes dispararon primero, que los presuntos delincuentes respondieron y que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y los demás se rindieron.
Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.
Fue así como las declaraciones de testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, convirtiendo la masacre en Tlatlaya en el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, ahora conocida por brindar “verdades históricas”.
El Centro Prodh, en julio de 2015, luego de cumplirse un año de los hechos, hizo público un informe donde reveló la Orden de Relevo y Designación de Mando. Dicho documento consigna que la instrucción a los militares de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El ordenamiento fue dirigido al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba cargo del personal de tropa, según el documento.
Para la organización de defensa de derechos humanos, la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad fue “un incentivo para cometer ejecuciones”. Y aclara que “si bien la propia Orden de Relevo alude al ‘respeto a los derechos humanos’ y estaba acompañada de un anexo titulado ‘Conductas que deben evitarse en operaciones’, esos elementos son contradictorios respecto de la orden mencionada y no amainan la contundencia de esta instrucción, generando en el mejor de los casos una confusión impropia de un ejército profesional”.
Desde entonces, el Centro Prodh ha solicitado que los mandos jerárquicos de las tropas que provocaron la masacre también sean investigados, pues de acuerdo con el organismo, si la orden que motivó la intervención de la Base de Operaciones incentivó graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad de los mandos debe de ser indagada.
“Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando, que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la Cadena de Mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército mexicano”, explica en su informe.
Sin embargo, el organismo también destacó que la “Sedena deliberadamente ha impedido analizar la Cadena de Mando que intervino en los hechos”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en su respuesta al informe del Centro Prodh, dijo que en las órdenes operativas que se giraron ese día al personal castrense en todo momento se privilegió que los militares actuaran con apego a la ley vigente que contempla “el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Agregó que el informe en cuestión “contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones del Rosario, Estado de México, con 38 indicaciones que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas, además de privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.
La institución argumentó que el análisis de la totalidad del documento se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
GENERAL DE BRIGADA ORTEGA LUNA
Aunque el ahora General de División, Francisco Ortega, aparentemente no tiene responsabilidad directa en los hechos; sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh –que acompaña a la sobreviviente y representa a las víctimas– lo señala y pide que sea investigado porque fue uno de los mandos jerárquicos del lugar de donde emanó la orden de la ejecución extrajudicial y en el tiempo en que se consumió.
“Dada la existencia de la Orden de Relevo, se tendría que investigar, identificar y sancionar no sólo a los responsables de lo ocurrido en Tlatlaya sino a los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos ya sea por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que llevaron a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo”, expone el documento.
En concreto, Ortega Luna aparece como “firmante en los mensajes girados por la Comandancia de la 22/a. Zona Militar generada con motivo de hechos [ejecución extraoficial]”, de acuerdo con la investigación del Centro Prodh.
“Conforme a la estructura militar, la investigación de las responsabilidades de mando supondría indagar desde al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa; luego, de acuerdo a la cadena de mando, también se deberá investigar a Coronel Raúl Castro Aparicio, Comandante del 102 batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan; al General Brigadier Diplomado y Jefe del Estado Mayor, Francisco Ortega Luna, adscrito a la Comandancia de la 22 Zona Militar; al General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, José Luis Sánchez León, Comandante de la 22 Zona Militar; y al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, hasta al General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces Secretario de la Defensa Nacional”, se lee en el documento.
El documento también pone énfasis que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la presencia en el lugar de los hechos de más de 55 militares y 21 marinos en distintos momentos del acto, sin embargo, la entonces PGR sólo citó a declarar a los integrantes de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario.
PROCESO DE ASCENSO
El pasado 30 de octubre, Presidencia de la República giró el acuerdo –firmado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, a cargo de Julio Scherer Ibarra– donde instruye a que asciendan al grado inmediato a un total de 266 elementos.
El documento fue turnado a la Comisión de Defensa del Senado de la República quien emitió el dictamen que respalda las promociones a diversos grados, el cual, fue aprobado por el pleno con un total de 109 votos a favor y una abstención.
Según el Senado, la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República “estudió de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado y, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, en la sesión donde se ratificó el ascenso, destacó que los militares a quienes se les confiere el nombramiento, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado, informó el Legislativo en un boletín de prensa.
CINCO AÑOS SIN JUSTICIA
El Centro Prodh ha insistido en su exigencia que “siendo Tlatlaya un caso de graves violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a identificar y sancionar a los autores materiales, pero también a aquellas autoridades que por sus acciones u omisiones y por su posición de mando hayan sido partícipes de los hechos”.
No obstante, el pasado 30 de junio, el organismo defensor reiteró que a cinco años del hecho y “a pesar de demostrarse las ejecuciones arbitrarias, ningún servidor público rinde cuentas por ello”.
Recordó que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la Republica (FGR) inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, mismos que fueron liberados bajo las reservas de ley, en mayo de 2016, cuando la magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz Landa, determinó que no había pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos de homicidio y alteración de los hechos.
En ese momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que la decisión del Tribunal fue debido a la “falta de elementos para procesar” a los tres presuntos responsables.
El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.
El pasado 17 de octubre, un Tribunal federal ordenó reaprehender a los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.
De acuerdo con medios nacionales, el sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, ubicado en Toluca, resolvió que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sean detenidos por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Además, los agentes Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández también enfrentan acusaciones por homicidio calificado.
Al fijar su postura sobre la solicitud de un Tribunal federal, el Centro Prodh señaló que “la resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por cinco años los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos”.
Añadió que se ratifica que “las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios”.
Para el Centro Prodh “el encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional”.
