El 5 de agosto del 2015, María de Lourdes González recibió una notificación de parte del Juzgado de Iguala. Tenía 72 horas para carearse en esa ciudad con el único detenido por el caso de David y Miguel, su hijo y el mejor amigo de él, secuestrados tres años atrás.
Lourdes alegó no contar con recursos para viajar desde la Ciudad de México. Sin la excusa legal, recomendada por un abogado, iba a ser obligada por el Juez a presentarse mediante el uso de la fuerza pública al insolicitado encuentro. “Lo que querían era desaparecerme a petición del secuestrador”, dice ella.
Este año, el detenido fue puesto en libertad. Y los jóvenes aún no aparecen.
María de Lourdes narra una lista de anomalías de parte de las autoridades, que a la luz del tiempo le llevan a concluir una sola cosa: en México, las autoridades están del lado del victimario y no de las víctimas.
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Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El 21 de junio del 2017, Patricia Bugarín Gutiérrez, Coordinadora Nacional Antisecuestros, presidía el foro “El Secuestro en México” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí sostuvo que en ocho entidades del país siete de cada 15 casos de secuestros son en realidad “autosecuestros”.
Entonces, la indignación se hizo imposible de soportar para la madre y la hermana de David Ramírez, quienes exigen el respaldo de la autoridad desde el 2012.
— No es el momento, ni el evento para mi hermano, pero va estar en todos los eventos hasta que ustedes hagan la contestación de nuestros escritos — dijo Deborah Ramírez, hermana de David.
— Sé que el caso de David y Miguel Ángel tiene tiempo, respetamos ese dolor, les pido que respetemos el espacio de los demás — contestó la funcionaria.
En los primeros nueve meses de este año, las fiscalías estatales suman 866 carpetas de investigación por secuestro; un aumento del 8 por ciento con relación a las 797 carpetas del 2015; y uno del 11 por ciento, a las de 783 del 2014.
María y Deborah exponen que las barreras para liberar un secuestrado en México no las ponen sólo los criminales, sino las más altas autoridades.
Su deambular por un mundo de oficinas gubernamentales y de gente con corbata inició después del 5 de enero del 2012, cuando David, de 19 años, junto a su mejor amigo Miguel Ángel, de 20, decidió viajar a Ixtapa Zihuatanejo a celebrar el cumpleaños de éste último.
Miguel escribió en su perfil de Facebook que habían llegando a Altamirano. Después los hechos se volvieron estrepitosos.
“El amigo se comunica con nosotros a las 10 y media de la mañana. Y me contesta [después de varios intentos] llorando David hasta las cuatro y media pidiendo ayuda. Me contesta una persona rara, les pregunto si eran policías y me dicen que no. Que es secuestro”, recuerda la hermana de David.
El año del plagio de Miguel -último año del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa- fue el segundo con más secuestros en la última década. Con mil 421 casos cerraría el sexenio del panista que propuso en el 2008 una iniciativa de cárcel perpetua para los plagiarios.
En las primeras horas del secuestro, recuerda María de Lourdes, la Policía Federal les recomendó que ofrecieran 5 mil pesos por el rescate: “Y les digo, ¿cómo vamos a decir eso? Se me hace una cantidad en la que mostramos indiferencia”. La negociación se empezó con 40 mil pesos.
Al primer desatino le siguieron una serie de irregularidades. El pagó se hizo efectivo pero David y Miguel pese a entregarse la “prueba de vida” no regresarían a casa.
“Los policías nos decían que lo más difícil era el regreso, que algunos los regresaban a los días, luego nos decían que a los meses y luego que había casos que hasta los años y llevamos 6 años”, reclama Deborah.
La Policía Federal no desplegó un operativo de inmediato, no siguió al pagador del rescate el 15 de enero, no ubicó las llamadas de un blackberry con el que se comunicaban los secuestradores, no citó al pagador a declarar de inmediato. Y nada de esto se consignó, de acuerdo con los familiares, en el reporte de esta autoridad, incluido, en la carpeta de investigación.
“Todo se hizo para en menos de un mes dar carpetazo. […] Desde el día uno hasta el día de hoy no puedo decir que la Policía Federal no ha hecho nada. Sí han hecho, pero para estropear y perjudicar la investigación”, sostiene la madre.
El compromiso del anterior comisionado antisecuestros, Renato Sales, hoy Comisionado Nacional de Seguridad no se tradujo en un arreglo de este problema.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que los secuestros pasaron de 64 mil 459 en el 2015 a 69 mil 107 en el 2016.
“Hay una colusión con los delincuentes, no veo otra razón. O sea, entre Policía Federal y Seido [de la PGR] se han presentado varias anomalías. En vez, de hacer un operativo en dónde están mi hermano y su amigo que tienen ubicaciones exactas hacen operativo entre dos árboles. Es una burla”, expone Deborah.
La madre del secuestrado señala que ha llegado a sentirse amenazada por parte de los criminales, como cuando en el 2015 una notificación por parte del juez quinto del estado de Guerrero, Ricardo Mercado Oaxaca, le pedía presentarse como testigo del caso o de lo contrario se usaría la fuerza pública.
A la madre se le dieron 72 horas para presentarse en Iguala. Pero, la familia de David justificaría falta de gastos para carearse con Christopher Palacios, quien fue detenido y ligado al caso por hallársele con el celular de Miguel.
“Era una petición totalmente improcedente, porque el teléfono era de Miguel. Pero la mamá de Miguel tampoco tenía por qué carearse, porque las imputaciones las estaba haciendo PGR”, dice María.
Lejos de buscar vías alternativas, el Juez solicitaba la presencia de la madre de David o procedería el uso de la fuerza pública, acusa María de Lourdes. “Lo que querían era desaparecerme a petición del secuestrador. Aquí era que iba venir la fuerza pública”.
Palacios fue dejado en libertad este año tras interponer diversos amparos.
FAMILIAS DEAMBULAN POR OFICINAS
El pasado 11 de noviembre, la familia de David se dio cita en el Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) junto a un colectivo de familiares de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán que exigían a esta instancia un apoyo legal para dar continuidad a sus casos.
Los familiares molestos por la falta de respuesta de la CEAV clausuraron simbólicamente las instalaciones de la dependencia. Las quejas se centraron contra su titular Sergio Jaime Rochín del Rincón. Este año el CEAV contó este año con un presupuesto asignado de 925 millones 519 mil 847 pesos.
El apoyo legal no ha llegado a la familia de David. “La ley marca que si no te dan la ayuda jurídica, que tienes el derecho de contratar a alguien y que te paguen un abogado. Nosotros quisimos hacer eso y dicen que no”, explica González.
