Al terminar su encargo como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quedó a deber varias promesas y compromisos con las víctimas de las múltiples violencias estatales que se registraron en México entre 1965 y 1990. Si bien tuvo a bien crear, mediante decreto presidencial en octubre de 2021 la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ), y como parte de esta comisión el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), al final no recibió personalmente ni brindó la cobertura necesaria para la presentación de los informes finales que elaboraron los integrantes del MEH.

Ya fuera por falta de voluntad política, porque le ganaron las prisas por inaugurar sus megaproyectos preferidos, como el Tren Maya, o por complacer al poder militar, al final de su mandato López Obrador no le dio el crédito necesario a los integrantes de la COVEHJ y del Mecanismo del Esclarecimiento Histórico. 

A pesar de las limitaciones de origen (predominio de funcionarios por sobre expertos de la sociedad civil) y de los obstáculos de acceso a la información de las fuerzas armadas, el trabajo de la COVEHJ y del mecanismo para el esclarecimiento histórico, representan un avance importante para conocer el pasado de las violencias estatales y significan una contribución relevante para identificar a los responsables del sistema represivo que dejó miles de víctimas durante el periodo de la Guerra Sucia en México. Un sistema represivo que fue clave para la reproducción del sistema político y por lo tanto del modelo económico de la modernidad capitalista mexicana. 

Las investigaciones del MEH produjeron dos investigaciones y documentos públicos relevantes para conocer ese pasado represivo del Estado mexicano. Los cuatro integrantes de este mecanismo histórico se dividieron el trabajo. Tres integrantes, David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart, presentaron el 16 de agosto el informe “Fue el Estado”, compuesto de nueve volúmenes. Por su parte, la doctora Eugenia Allier Montaño presentó el 10 de octubre su informe final “Verdades innegables. Por un México sin impunidad” donde abunda de manera detallada sobre un punto que me parece necesario destacar y entender si se quiere realmente llegar a la verdad y la justicia en este país. 

En el informe encabezado por la doctora Allier se subraya que los hechos represivos del periodo entre 1965 y 1990, conocido comúnmente como el periodo de la Guerra Sucia, no fueron hechos aislados cometidos por “malos” elementos que tomaron decisiones por su cuenta. Por el contrario, precisa que se estableció un sistema represivo contrainsurgente y coordinado e integrado por las fuerzas armadas, agencias de inteligencia y represión federales como la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, las policías estatales y grupos represivos para-estatales como Los Halcones o Guardias Blancas. 

Así se señala en el informe “Verdades innegables”: “Entre 1965 y 1990, el Estado mexicano desplegó una violencia de carácter contrainsurgente, es decir, un conjunto de políticas, programas y acciones que tuvieron como objetivo la represión y el aniquilamiento de personas y organizaciones que actuaban políticamente en oposición al régimen o en abierta disidencia. Para ello, el Estado contó con un sistema represivo coordinado desde las instancias centrales del poder”. 

Si bien algunos historiadores consideran que las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX se produjo el “Milagro mexicano” con tasas de crecimiento económico de hasta 6 por ciento del Producto Interno Bruto, se toma menos en cuenta la contraparte social y política de este periodo del capitalismo mexicano: las protestas sociales, las movilizaciones y la insurgencia de distintos sectores sociales ante las consecuencias de explotación y despojo que este modelo iba dejando en la sociedad mexicana. En paralelo al crecimiento de la economía capitalista mexicana hubo crecimiento del descontento social.  

Para proteger el modelo económico y al mismo tiempo el sistema político que lo legitimaba, los sucesivos gobiernos de ese Estado autoritario, entonces encarnadas en el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), conformó un sistema represivo nacional. Dice el informe “Verdades innegables”: “Para el Estado existía una amenaza real en las organizaciones obrero-sindicales, las movilizaciones estudiantiles, las Organizaciones Político-Militares y las comunidades que las apoyaban. Observadas en conjunto, las décadas de los sesenta, setenta y ochenta representaron una época álgida de movilización y agitación social que fue vista con temor y, por lo mismo, atacada como una amenaza por el régimen autoritario mexicano”.

Para el mantenimiento de ese sistema político y económico durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado mexicano consideró como “enemigos internos” a todas las disidencias que desde distintos sectores sociales y en distintas regiones del país reclamaban el respeto a sus derechos o la ampliación de los mismos. Se recuerda en el informe que el contexto internacional era la Guerra Fría entre la potencia capitalista y la potencia socialista que pretendía disputarle la hegemonía. Es en ese ambiente político que los distintos gobiernos de Occidente establecieron políticas de contrainsurgencia para combatir al “enemigo interno”.  Bajo estos criterios, los sucesivos gobiernos mexicano, emplearon un amplio repertorio de violencias para enfrentar a distintos sectores como campesinos, estudiantiles, sindicales, populares, hasta organizaciones político-militares. 

El informe “Verdades innegables señala”: “la característica operativa de la violencia contrainsurgente fue la coordinación establecida entre fuerzas militares y dependencias civiles de seguridad y el uso de grupos ‘especiales’ legales, e ilegales, que actuaron dentro de la estructura oficial para desarticular y aniquilar a los disidentes”.  Una evidencia contundente de la operación de este sistema represivo es la confirmación que desde las más altas esferas del Estado mexicano se idearon, aprobaron y ejecutaron distintos planes represivos. 

Esto señala el informe del MEH coordinado por la doctora Eugenia Allier: “Algunos de esos planes y operaciones, que ilustran la intencionalidad y planificación de la violencia política, fueron: Operación Galeana (Ciudad de México, 1968), Plan ‘Telaraña’ (Guerrero, 1971), Plan de Operaciones Costa Grande (Guerrero, 1972), Operación Luciérnaga (Guerrero, 1973), Operación Diamante (Chiapas, 1974), Plan Atoyac (Guerrero, 1974), Operación Cóndor (Sinaloa, Durango, Chihuahua, 1975), Plan de Operaciones No. 1, Rastreo (Valle de México, 1976-1978), Plan de Operaciones Silenciador (Oaxaca, Guadalajara y Distrito Federal, 1978), y Plan de Operaciones ‘Rosa de los Vientos’ (Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Distrito Federal, 1978).

Este sistema represivo contrainsurgente utilizó un amplio repertorio represivo: la detención arbitraria, la tortura física y psicológica, la desaparición forzada transitoria, la prisión por motivos políticos, la ocupación militar del territorio, la violencia y tortura sexual,  la ejecución extrajudicial, las masacres, el desplazamiento forzado del territorio y el exilio.  

El saldo de esta política contrainsurgente fue la detención, tortura, desaparición, ejecución o exilio de miles de personas. El informe de la doctora Allier cita al menos mil 100 personas que sufrieron desaparición forzada, son personas que desde hace décadas son buscadas por sus familiares. De otro lado, el informe “Verdades innegables” revela los nombres y responsabilidades de al menos 2,200 funcionarios y miembros de fuerzas armadas y policiales que fueron los perpetradores de estas violencias estatales. Mientras estos perpetradores sigan impunes, no habrá ni verdad ni justicia en este país. La impunidad de ese pasado explica en buena parte las causas del periodo infernal de violencia que tenemos en el presente. Estas violencias estatales del pasado y del presente nos indican que el Estado, con independencia del partido y color que lo encabece, nos es parte de la solución sino el problema mismo. La posibilidad de terminar con la violencia organizada que padece la sociedad mexicana tiene que surgir desde abajo y no desde arriba. 

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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