Colectivos de Morelos también han manifestado su inconformidad con la postulación de la comisionada de Búsqueda estatal, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, por considerar que promueve la división entre las familias, desconoce el contexto en que suceden las desapariciones en la entidad, y no garantiza el derecho de toda persona a ser buscada.
Por Aranzazú Ayala Martínez y Antonio Hernández
Ciudad de México, de octubre (A dónde van los desaparecidos).- Entre las trece personas candidatas a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) figuran las excomisionadas de Puebla, María del Carmen Carabarin Trujillo, denunciada por un colectivo del estado ante la Fiscalía Anticorrupción, y de Quintana Roo, Luz Margarita González López, acusada por familiares de personas desaparecidas de ineficacia. También compite para el cargo la actual titular en Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, señalada de falta de transparencia y de promover la división de los colectivos locales.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el 5 de octubre la convocatoria para ocupar el puesto que dejó vacante Karla Quintana tras su renuncia en agosto a la CNB, y el día 15 se dio a conocer la lista de personas candidatas. Su salida fue atribuida a un desacuerdo con el método utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), sobre el que diversas voces han advertido que podría tratarse de un intento de “rasurar” las cifras de desaparecidos, que superan las 112 mil personas.
Carabarin Trujillo, quien estuvo al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) desde enero de 2020 hasta agosto de 2023, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción del estado el pasado 10 de mayo por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla por actos de corrupción, omisión y violaciones a los derechos de las víctimas directas e indirectas. Por este proceso se abrió la Carpeta de Investigación 302/2023 FECC; hasta ahora, el colectivo no ha sido notificado de avances en el caso y la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco ha brindado información.
La comisionada, que fue la primera titular del organismo, tuvo desde el inicio una relación tensa con las familias y su gestión se caracterizó por una cerrazón a los cuestionamientos. Al menos hasta un mes antes de su renuncia se comprobaron omisiones de la CBPEP como no incluir a familiares en la planeación de las acciones de búsqueda, lo cual, de acuerdo con el colectivo, llegó a poner en riesgo a algunas familias al organizarlas en lugares peligrosos, sin vigilancia suficiente, al actuar de manera descoordinada con la FGE.
Se le acusó también de comprar equipo, como una lancha, cuatrimotos y camionetas que resultaban inservibles para las labores de búsqueda, o bien permanecían guardados porque los integrantes del organismo no salían a campo.
La comisión poblana recibió además observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en la cuenta pública de 2021 señaló un “posible daño patrimonial” de 3.5 millones de pesos por cursos de capacitación en búsqueda impartidos a personal de los 217 municipios del estado, de los cuales no presentó evidencias.
María Luisa Núñez Barojas, buscadora poblana fundadora de Voz de los Desaparecidos, dijo que la reacción de las familias fue, primero, de indignación ante su postulación a la CNB, y después de sorpresa por “el atrevimiento” de la excomisionada.
“Realmente es preocupante que este tipo de gente quiera llegar a la CNB porque es alguien que no le tiene respeto a las leyes, a las sanciones. Que en este caso, si bien es cierto que [Carabarin Trujillo] no ha sido sancionada, hay una denuncia en trámite, una investigación, y todavía no puede decir, a menos que sepa algo que nosotros no, que ya está a salvo o ya libró esa situación”.
Un funcionario que comete actos de corrupción, que no hace su trabajo, causa mucho daño, subrayó Núñez Barojas. La buscadora hizo un llamamiento a la Segob para que no se consideren perfiles como el de la excomisionada de Puebla porque, de hacerlo, “pondrían en riesgo los derechos de las víctimas de desaparición, desde el ser buscadas como el que puedan ejercer sus derechos los familiares”.
Colectivos de Morelos también han manifestado su inconformidad con la postulación de la comisionada de Búsqueda estatal, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, por considerar que promueve la división entre las familias, desconoce el contexto en que suceden las desapariciones en la entidad, y no garantiza el derecho de toda persona a ser buscada.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM), encabezada por Ruiz Ramírez desde 2018, se ha caracterizado, según afirmó el colectivo Regresando a Casa Morelos en un comunicado, por dividir a las víctimas de desaparición en “primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría”. “Opera bajo un esquema discriminatorio, intercambiando búsquedas por apoyo político, solo con quienes no critican ni comprometen a su titular”, señaló.
Esto ha generado división entre los propios colectivos de familiares, a quienes “usa políticamente a su conveniencia”, aseguró, e incluso ha llegado a boicotear las acciones de búsqueda que se realizan de manera independiente.
El colectivo, reconocido por su participación en las exhumaciones realizadas en fosas de Tetelcingo y Jojutla en 2015 y 2017, respectivamente, recordó que la CBPEM es una de las comisiones menos transparentes del país, al no tener más que un perfil de Facebook como mecanismo de rendición de cuentas, carecer de un plan de búsqueda estatal, no llevar un registro de las personas desaparecidas en la entidad, y no actualizar, en tiempo real, el RNPDNO. “No ha entendido [Ruiz Ramírez] la importancia de tener una comisión de búsqueda fuerte y autónoma que garantice el derecho de todas las personas a ser buscadas”.
La situación era similar en Quintana Roo con la excomisionada Luz Margarita González López, destituida en noviembre de 2022 a solicitud expresa de los familiares de personas desaparecidas y por instrucción de la gobernadora entrante María Elena Lezama Espinosa.
Tras la publicación de la lista de aspirantes a la CNB, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo exigió a la Segob que, “por respeto a todas las víctimas directas e indirectas” en el estado, la excomisionada no sea considerada para ocupar el cargo.
En un pronunciamiento dirigido a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, el colectivo fundado en 2021 a raíz de la doble desaparición de Diana García y Jorge Armando Kiau en Cancún, recordó que González López fue despedida “por su ineficacia, falta de compromiso y resultados, además de estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada locales”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
El proceso para designar a quien dirigirá la CNB está siendo “muy acelerado” y poco transparente, consideran familiares y miembros de organizaciones de derechos humanos.
Tras la publicación de los currículums de los trece candidatos, se desconocen los pasos siguientes. No se sabe si las entrevistas a las personas aspirantes serán transmitidas en directo por redes sociales –como en el proceso anterior–, si habrá una terna finalista y cuándo se nombrará al nuevo titular. Al ser consultada por este medio, el área de comunicación social de la CNB se limitó a decir que toda información sobre este tema se dará a conocer en la página oficial de la Segob.
En entrevista, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), comentó que el proceso de selección debería seguir la pauta del nombramiento anterior. “Si eso no ocurre, creo que legítimamente se podrían despertar preocupaciones ante la posibilidad de que se trate de un proceso que priorice más un perfil político”.
Martín Villalobos, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuestionó que se dieran tan solo nueve días –a partir de la convocatoria del 5 de octubre– para presentar propuestas de candidatos, al tiempo que consideró discriminatorio para los colectivos y organizaciones que no se encuentran en la Ciudad de México que las postulaciones tuvieran que hacerse de manera presencial.
“Nos da la sensación de que pudiera, a lo mejor, ser un proceso que se generó para dar validez a algo que ya tienen decidido”, dijo Villalobos, cuñado de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de psicología desaparecida el 14 de diciembre de 2004 en la capital del país, y coordinador de la fundación que lleva su nombre.
El mismo día en que se publicó la convocatoria para dirigir la CNB, el MNDM y el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) hicieron llegar a la secretaria Alcalde y al hoy exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un documento con recomendaciones para que el proceso de selección de lo que consideran una “alta responsabilidad pública” guarde los mínimos estándares: reglas claras, igualdad de condiciones y no discriminación, transparencia y máxima publicidad, participación ciudadana, decisión por méritos y capacidad, y rendición de cuentas.
La principal preocupación de las familias y colectivos de personas desaparecidas, pero también de organizaciones de derechos humanos, es que el perfil seleccionado responda a intereses políticos, propios de la coyuntura de final de sexenio, y no tenga las capacidades técnicas necesarias para atender la crisis humanitaria.
En un comunicado, publicado este miércoles, la Red de Enlaces Nacionales, Familiares en Búsqueda María Herrera, el MNDM y el ODP calificaron como “sumamente preocupante” que el proceso de selección se realice “de manera alejada de las familias, de manera discrecional y poco clara”. Uno de sus temores es que la falta de transparencia en la convocatoria se traduzca en que no haya una revisión “sustantiva” de los perfiles de las personas aspirantes ni un proceso de escucha que recoja las demandas de las familias de personas desaparecidas.
CANDIDATURAS QUE GENERAN DUDAS
De acuerdo con la Segob, se recibieron 140 postulaciones, de las cuales solo trece personas cumplieron con el requisito de entregar de manera presencial sus documentos. En este grupo se encuentran, además de las tres candidatas mencionadas, personas ligadas al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otras que no cuentan con la experiencia para ocupar el cargo.
Una de las aspirantes es la abogada Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, quien fue cesada en 2015 de la dirección de los centros de Reinserción Social de Puebla tras versiones de que en el penal de San Miguel operaba una red de trata de personas. Posteriormente, cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León se le acusó de nepotismo.
El criminólogo José Andrés Méndez Ñeco, de Tamaulipas, es hermano de Yazmín del Carmen, desaparecida en 2013 en Reynosa, y el ingeniero civil José Carlos Castro Gurrola busca a su esposa e hijas desaparecidas en Veracruz en 2011. También figuran en la lista el abogado Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, con una larga carrera como subinspector en la Policía Federal Ministerial y, desde 2016, investigador privado en W Wiarco Investigaciones y Defensa Penal, y el doctor en Derecho Jorge Sánchez Arellano, quien desde 2015 ha ocupado distintos cargos en la Segob.
Diana Iris García, quien busca a su hijo Daniel Cantú Iris desde 2007, dijo que las familias tienen muy poca información sobre los aspirantes a la CNB, salvo en los casos de la excomisionada de Puebla y la actual titular en Morelos. La integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y del MNDM pide que el proceso de designación sea transparente y que se garantice la igualdad de género y la participación ciudadana.
Hasta ahora, ni Fuundec ni otros colectivos de Coahuila han sido llamados a participar en el proceso de selección. Esto, dice la madre buscadora, es preocupante porque los espacios son cada vez más restrictivos; recordó que el propio Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) ha recomendado al Estado mexicano garantizar la participación de las víctimas en la implementación de acciones de búsqueda y en la armonización de las leyes sobre este delito.
“Sabemos que, dado el número de personas desaparecidas que hay en el país, la responsabilidad de este cargo es muy grande; por lo tanto, se debe seleccionar al mejor perfil y no [de modo] apresurado, sino tomándose el tiempo para leer los CV, los antecedentes. Que den una pequeña luz de que quieren dejar al menos esa parte [la selección] bien, que no se haga en lo oscurito como se han hecho otras cosas”, añadió Iris.
Esto último, que el proceso sea poco transparente, es un temor generalizado entre los familiares de personas desaparecidas entrevistados. Núñez Barojas, de Voz de los Desaparecidos en Puebla, dijo que, tomando en cuenta el contexto en el que Quintana se separó del cargo, es preocupante lo que pueda estar ocurriendo al interior de la subsecretaría de Derechos Humanos. Hay un temor de que “puedan estar en peligro de alguna manera los derechos de los desaparecidos, que se quiera rasurar el registro [RNPDNO]”.
Villalobos coincide con esta interpretación, pues ve con sospecha que, por ejemplo, una de las postulantes, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, provenga de las filas de Morena, donde ha desempeñado distintos cargos, y que, entre 2018 y 2021, haya ocupado un puesto de coordinación en la Secretaría de Bienestar, dependencia que, a través de un convenio de colaboración con la CNB, participa en la revisión del censo de personas desaparecidas; actualmente es directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
“Pareciera que esta convocatoria fue únicamente para darle paso a ella”, señaló Villalobos, quien personalmente ha recibido a los llamados servidores de la nación en su domicilio, preguntando si su familiar desaparecido ya regresó, a pesar de que sostiene reuniones periódicas con distintas fiscalías para dar seguimiento al caso.
“Sería un mensaje muy equivocado que mandaría el Ejecutivo federal a las familias de las víctimas, porque lo veríamos incluso como un insulto”, agregó. “De ser así, tendremos nuevamente, las familias, que salir a denunciar, a litigar este proceso, a lo mejor ante instancias internacionales”.
Otro candidato vinculado a Morena es el abogado Geovanni Francesco Barrios Moreno, quien destaca en su currículum su condición de miembro fundador del partido en 2013, y su vinculación a López Obrador como coordinador de sus redes juveniles en Tamaulipas en 2006. Es coordinador estatal de Consorcio 4T, la organización nacional creada hace un año para apoyar a quien aspirara a la Presidencia por Morena, hoy Claudia Sheinbaum.
Aguirre, director del Centro Prodh, consideró que la titularidad de la CNB es una “responsabilidad muy trascendente” por el alto número de desapariciones registradas en México, sobre todo ante la discusión pública generada por la actualización del RNPDNO.
Reconoció que el momento actual es “delicado” para el nombramiento, sobre todo por la manera en que la Presidencia de la República ha politizado el tema de la desaparición de personas, al insistir en que el RNPDNO tiene un sobrerregistro.
Esas declaraciones, de acuerdo con Aguirre, van a generar un entorno poco propicio para que quien sea designado titular haga un trabajo técnico, pues será difícil que no pesen en su valoración al orientar los trabajos de la CNB.
“Si este proceso desembocara en la selección de un perfil cuyos antecedentes fueran político- electorales y no técnicos en materia de búsqueda, sería un mensaje que confirma todos los temores de que estamos ante un intento de manipular políticamente el tema”.
ESTAS SON LAS CANDIDATAS:
