De los 16 ataques contra la prensa registrados de enero a septiembre de este año en el Estado de México, Artículo 19 documentó que los principales agresores son los Gobiernos estatal y municipales. Del total de las agresiones, 12 fueron cometidas por servidores públicos y cuatro por miembros de partidos, detalla la organización. Es “indignante y preocupante” nivel de violencia, alerta.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El mes de septiembre fue el más violento en lo que va del año para la prensa en el Estado de México, y los gobiernos estatal y municipal son los principales responsables, alerta un informe de la organización internacional Artículo 19.
La organización documentó un aumento de 77 por ciento durante septiembre pasado en las agresiones contra periodistas en el Edomex, un total de siete casos. En tanto, en lo que va del año, suman ya al menos 16 agresiones en contra de comunicadores. Con estas cifras, el 2016 se coloca por encima de 2015, cuando se registraron 14.
El informe, difundido este día, detalla que de las 16 agresiones documentadas en lo que va del año “se señala a funcionarios como los agresores”: 12 fueron cometidas por servidores públicos y cuatro por miembros de partidos políticos.
“La prensa en el Estado de México es blanco principal de los gobiernos estatal y municipales, quienes por medio del uso del sistema judicial, los reglamentos institucionales y la fuerza han hecho de este año el más violento para los comunicadores”, alerta Artículo 19.
El documento indica que en el Edomex la libertad de expresión se viola a través de la creación de leyes que restringen la protesta social, autorizan el uso de la violencia contra los manifestantes y omiten la responsabilidad de las autoridades en las agresiones.
La libertad de expresión, analiza el informe, es atacada desde diversos frentes en esa entidad. Entre ellos, están las agresiones perpetradas por agentes estatales o privados contra la integridad y la seguridad de periodistas. Lo anterior, a través de amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones, robo de equipo, tortura, e incluso, el asesinato, “la agresión y censura más grave”.
La organización documenta también la violencia institucional. Ella no implica daños a la integridad de las personas, pero sí genera el mismo efecto de censura contra la libertad de expresión. En este frente identifica al uso del aparato administrativos o judicial contra comunicadores o medios. Ejemplos de ello son el retiro de la pauta de publicidad oficial o la presentación de denuncias o demandas alegando daño moral.
Un tercer frente de ataque a la libertad de expresión en la entidad, detalla el informe, se da con la aprobación de legislaciones por parte de los órganos legislativos o con la emisión de reglamentos de parte de los poderes ejecutivos. Los cuales tienen como disposición limitar de “manera legítima y desproporcionada el ejercicio de la libertad de expresión, o que más allá de proteger y garantizar derechos, los dejan en un estado de vulnerabilidad por normas ambiguas o contrarias a estándares internacionales”.
Artículo 19 hace una serie de recomendaciones al Estado en las que le alerta del “indignante y preocupante” nivel de violencia contra los comunicadores en el Estado de México. Por ello, le exige que que “se garantice el derecho a informar y a recibir información por parte del Gobierno estatal”.
También pide a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que investigue lo relatado en el informe.
Además, hacen un llamado a que se refuercen los programas de capacitación y sensibilización en las corporaciones de seguridad municipales y estatales hacia la labor de los reporteros y fotoreporteros. Además instan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronuncie en torno al tema.
UNA LEY QUE RESTRINGE
El documento recuerda que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presentó ante el Congreso local una iniciativa para crear la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de México. De acuerdo con la exposición de motivos del Ejecutivo Estatal, la legislación “tiene como objeto garantizar y tutelar el libre ejercicio de la actividad periodística, de la libertad del derecho a la información y la libertad de criterio y opinión al informar”.
Artículo 19 destaca que el Gobernador del Edomex reconoce que en la entidad la inseguridad y el crimen organizado, que busca acallar la libertad de expresión e información, representa un riesgo para el gremio y atenta contra su seguridad personas. Pero, alerta el informe, “omite que también uno de los principales agresores contra periodistas son servidores públicos”.
La legislación, alerta la organización, establece disposiciones contrarias a los estándares internacionales, pues “parte de una visión restrictiva de libertad de expresión y periodismo”.
De acuerdo con el informe, en la legislación se limita la actividad periodística sólo a las personas físicas con lo que omite a personas jurídicas, como medios de comunicación públicos, privados, independientes, universitarios, comunitarios y otros.
La organización destaca la importancia de que el periodismo no debe entenderse sólo como una profesión, pues se estaría restringiendo la libertad de expresión. Recuerda que para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha referido que un periodista profesional “no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”.
Señala además que “el ejercicio del periodismo tampoco debe entenderse como una actividad necesariamente permanente, ya que quien lleve a cabo alguna actividad periodística, lo está haciendo en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de información, por lo que puede realizarlo de manera ocasional”.
La organización destaca también la importancia de que el periodismo no debe entenderse sólo como una profesión, pues se estaría restringiendo la libertad de expresión. Recuerda que para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha referido que un periodista profesional “no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”.
Por otra parte, indica que también los programas de acreditación “pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades”, debido a que éstas pueden negadas en ocasiones a medios críticos, o que éstas se conviertan en una restricción desproporcionada a la libertad de información.
“LEY ERUVIEL”
El informe recuerda también que en el Estado de México otra de las leyes que restringen el ejercicio de la libertad de expresión es la que regula el uso de la fuerza pública, la cual fue aprobada por el Congreso estatal el 17 de marzo de 2016, y que permite la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos, otorga de “legalidad o ilegalidad” las manifestaciones, entre otros, siendo este un grave retroceso a los derechos humanos, puesto que viola directamente el derecho a la protesta social.
La organización enumera diversas deficiencias de la legislación “relacionados con la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que resultan excesivamente amplias, la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual”.
Además de que representa una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, al autorizar el uso de la fuerza frente a manifestaciones “violentas”.
