La extradición de Ovidio Guzmán parece ser parte de un intento por restablecer las relaciones entre Estados Unidos y México; además, ha instado a organizaciones del crimen organizado a replantear la producción del fentanilo.
Por Steven Dudley y Victoria Dittmar
Ciudad de México, 20 de septiembre (Insight Crime).- La acelerada extradición de un importante traficante de fentanilo de México a Estados Unidos y la prohibición que durante meses ha impuesto el hampa sobre la producción de esta droga sintética indican que el Gobierno de México y algunos de los criminales más buscados de dicho país podrían estar intentando un replanteamiento de las relaciones entre Estados Unidos y México en la guerra contra las drogas.
El 15 de septiembre, el Gobierno de México extraditó a Ovidio Guzmán López, importante cabecilla de los Chapitos, uno de los grupos criminales más poderosos de México. Según múltiples imputaciones de Estados Unidos, hechas públicas en abril pasado, dicho grupo es el mayor traficante del fentanilo, un letal opioide sintético, hacia Estados Unidos.
Guzmán López enfrentará juicio en Chicago, donde las autoridades federales del Distrito Norte de Illinois le imputaron nueve cargos relacionados con tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas, lavado de dinero y la continuación de una empresa criminal.
Guzmán López, a quien se conoce como “el Ratón”, fue capturado en México en enero durante un segundo intento del Gobierno por acorralar al escurridizo hijo del legendario narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Junto con tres de sus hermanos, Ovidio es considerado un cabecilla de los Chapitos, uno de los pilares centrales de una de las redes criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa.
¿UN REPLANTEAMIENTO?
Dicha extradición se produce tras varios meses de tensas comunicaciones públicas y privadas entre Estados Unidos y México, durante las cuales el Presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha negado sistemáticamente que las organizaciones criminales mexicanas sinteticen fentanilo en México, a pesar de la fuerte evidencia en contra y de los subrepticios mensajes diplomáticos de sus propias fuerzas de seguridad.
El tráfico de fentanilo se ha convertido en piedra angular de la política de ambos países, e incluso algunos poderosos senadores republicanos han hecho llamados para que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para poner fin a dicho tráfico. Cada año, el fentanilo, mezclado en píldoras adulteradas y en fármacos de uso continuado, es responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
En ese contexto, la extradición de Guzmán López parece ser parte de un intento por restablecer las relaciones. Sherri Walker Hobson, quien se desempeñó como Fiscal asistente de Estados Unidos y procesó numerosos casos de fentanilo en California, afirma que dicha extradición se ejecutó más rápido que los casos en los que trabajó en los últimos años.
“He procesado a miembros de cárteles mexicanos que estuvieron pendientes de extradición en México durante varios años antes de ser extraditados a Estados Unidos; entonces, esta extradición acelerada de Ovidio Guzmán López es definitivamente estratégica y política”, le dijo la exfiscal a InSight Crime.
Guzmán López era un objetivo valioso para la justicia estadounidense. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y en particular su administradora, Anne Milgram, convirtió la organización de Guzmán López, el Cártel de Sinaloa, en el foco de la batalla contra las drogas sintéticas. Y en las acusaciones de Estados Unidos, los fiscales acusan a Guzmán López de desarrollar dicho comercio a partir de 2014 —una afirmación dudosa dado que el fentanilo no llegó al mercado estadounidense de manera sustancial sino hasta 2015, e incluso entonces parecía venir directamente de China— y de tratar de monopolizarlo en los años siguientes.
Llama la atención que, después de la extradición, las autoridades estadounidenses encomiaron al Gobierno mexicano.
“Agradecemos a nuestros homólogos en México por su colaboración en la labor de salvaguardar a nuestros pueblos de criminales violentos”, declaró la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la doctora Liz Sherwood-Randall, en una de las muchas declaraciones del Gobierno de Estados Unidos en las que se elogiaron los esfuerzos de México.
La declaración de Sherwood-Randall también pareció incluir un guiño para numerosos militares mexicanos asesinados durante la captura de Guzmán López en el mes de enero, en un pueblo en las afueras de Culiacán, Sinaloa, el corazón del bastión de los Chapitos. Ese arresto se produjo poco más de tres años después de un intento abortado de capturarlo en Culiacán, durante el cual varias personas murieron y decenas resultaron heridas cuando varios miembros del grupo criminal bloquearon puentes blandiendo sus armas, quemaron automóviles y amenazaron a parientes de los militares apostados en el área.
Aun así, no está claro si esta extradición aplacará a las autoridades estadounidenses, especialmente a los políticos más irascibles, que parecen dispuestos a convertir al fentanilo proveniente de México en un tema político importante durante las elecciones de 2024.
Además, algunos expertos creen que la extradición es lo menos que puede hacer el Gobierno mexicano.
“¿Es bueno que Ovidio haya sido capturado y extraditado? Por supuesto”, aseveró a InSight Crime la investigadora Vanda Felbab-Brown, de Brookings Institution, quien ha estudiado ampliamente el comercio de fentanilo. “Pero no creo que sea un replanteamiento fundamental de la relación entre Estados Unidos y México. Este es el mínimo necesario para demostrar que hay cooperación”.
LA PROHIBICIÓN DEL FENTANILO
La extradición de Guzmán López se produce en un momento en que las organizaciones criminales de Culiacán, epicentro de la producción de drogas sintéticas, han extremado medidas para detener la producción y el tráfico de fentanilo en Sinaloa, lo que puede ser un intento por reducir la presión del Gobierno.
Tres proveedores de fentanilo —el comandante de un gran grupo productor de drogas sintéticas, un proveedor y productor independiente, y un cocinero local, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato— dijeron a los investigadores de InSight Crime durante una salida de campo en Sinaloa en septiembre que ellos pararon la producción y las ventas hace varios meses. Aunque dijeron que sus jefes no explicaron las razones, la decisión se produjo tras el arresto de Ovidio en enero y la publicación de las acusaciones de Estados Unidos contra los Chapitos en abril.
Los proveedores señalan que la prohibición del comercio de fentanilo y la presión judicial sobre los Chapitos pueden haber tenido relación.
“No sé bien por qué fue el paro”, dijo el proveedor. “Pero especulo que fue un acuerdo para que los dejen en paz”.
Por su parte, el cocinero dijo que creía que la decisión tenía que ver con la presión de Estados Unidos.
“La DEA está brava con Iván y Alfredo”, dijo, refiriéndose a los hermanos de Ovidio, Iván Archivaldo y Alfredo, dúo que conforma el núcleo de los Chapitos.
Nuestro cubrimiento sigue a un artículo de Ríodoce, del 13 de junio, que decía que los productores de fentanilo en el estado recibieron orden de los Chapitos de parar toda la producción y el tráfico.
Poco después del informe de Ríodoce, las autoridades comenzaron a descubrir cuerpos en las afueras de Culiacán. Algunas de estas víctimas se hallaron esposadas, con signos de tortura y ubicadas junto a cientos de píldoras de fentanilo.
El mensaje transmitido por estos asesinatos era inequívoco: esta es la consecuencia para cualquiera que continúe produciendo y traficando fentanilo en Culiacán.
También ocurrieron otros asesinatos en la ciudad que no tenían un vínculo claro con la prohibición de fentanilo pero que fueron igualmente alarmantes para los productores locales. El 8 de septiembre, por ejemplo, las autoridades encontraron el cuerpo de Luis Javier Benítez Espinoza en frente de una clínica, con múltiples heridas de bala, reportó Ríodoce.
Benítez, conocido por su alias “el 14” era requerido por tráfico de fentanilo por la DEA, quienes ofrecían hasta un millón de dólares por información que llevara a su captura. Los proveedores de fentanilo que hablaron con InSight Crime sospechaban que Benítez fue asesinado por desafiar la prohibición.
Los proveedores también sostienen que las redes asociadas a Ismael Zambada, alias “El Mayo” —otro pilar del Cártel de Sinaloa— también estaban imponiendo este cese.
“Ahorita todo está parado. No podemos trabajar”, le dijo el proveedor independiente a InSight Crime.
INCREMENTO DE LAS DESAPARICIONES
La implementación de esta orden ha provocado una oleada de violencia y desapariciones en Culiacán y las regiones circundantes.
“Todos los que desobedecen hay que fusilarlos”, le dijo a InSight Crime un jefe de seguridad criminal vinculado a los Chapitos, quien habló bajo un estricto acuerdo de anonimato.
El jefe de seguridad estima que al menos 50 personas han sido asesinadas por desafiar las órdenes sobre la producción, el tráfico y el consumo de fentanilo. El comandante que habló con InSight Crime también dijo que pensaba que unas 50 personas habían sido asesinadas por oponerse a la orden de producción.
El jefe de seguridad dijo que maneja un grupo de 20 sicarios que pasan su tiempo identificando a quienes contravienen esas órdenes, haciendo efectivas las ejecuciones y confiscando todos los materiales de producción, incluidos los precursores químicos.
Si bien algunas víctimas han sido abandonadas en lugares públicos, las fuentes del hampa consultadas por InSight Crime dicen que la mayoría han sido asesinadas en áreas remotas y que se han desaparecido los cuerpos.
“A casi todos los cocineros los encontramos en el monte”, dijo el jefe de seguridad, lo que implica que también dejan sus cadáveres en esas áreas. “En la ciudad han sido pocos”.
Las estadísticas del Gobierno del estado de Sinaloa respaldan sus afirmaciones. Si bien el número de homicidios se ha mantenido relativamente estable en comparación con los primeros cuatro meses del año, las desapariciones han aumentado, alcanzando un pico en julio, con 53 casos denunciados.
Esto concuerda con un patrón observado en Sinaloa a lo largo de los últimos tres años, donde las organizaciones criminales emplean las desapariciones como un medio para castigar a quienes desafían las reglas relacionadas con los mercados de drogas, a la vez que se esfuerzan por mantener el control sobre los homicidios para que los políticos locales puedan alardear de sus logros en materia de seguridad.
