El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso arriesgarse y fue él el que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de México. Ahora la decisión, antes de pasar al Congreso, está en el Máximo Tribunal Constitucional del país y, de manera más precisa, en manos del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien llegó a esa instancia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- En la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el encargado de realizar la tesis sobre la procedencia o no de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, será el Ministro Luis María Aguilar Morales.
De acuerdo con abogados consultados por SinEmbargo, la carrera del Ministro sin duda marca un camino de cómo podría ser el desenlace del tema en la Suprema Corte. De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Consulta Popular, si se aprueba la constitucionalidad de la propuesta de la Presidencia de México, pasa al Senado de la República para que se discuta y se formule la convocatoria.
El mismo reglamento señala que la Corte tendrá que definir que la propuesta de consulta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no vulnere los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.
Gran parte de la responsabilidad está depositada en Aguilar Morales, quien nació en la ahora Ciudad de México el 4 de noviembre de 1949 y es Ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, postulado por uno de los expresidentes que forman parte de la lista de posibles futuros enjuiciados: Felipe Calderón Hinojosa.
Aguilar también fungió como Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, otro de los expresidentes en capilla y quien es señalado ahora por presuntos actos de corrupción.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta materia de estudio para Aguilar Morales.
El Ministro Aguilar revisará entonces que esta pregunta no sea tendenciosa, ni que evoque juicios de valor sobre los mencionados. El Máximo Tribunal Constitucional en México debe evaluar si con la sola pregunta se están dañando los derechos humanos de los expresidentes, además de los principios que consagra el Articulo 40 constitucional, los ingresos y gastos del Estado en materia electoral, la disciplina de la Fuerza Armada Permanente y la seguridad nacional.
El Ministro tiene entonces un gran paquete en sus manos, pero su trayectoria levanta dudas de analistas consultados por este diario digital.
En diversas publicaciones se la ha señalado como “amigo” de Calderón Hinojosa e incluso del priista Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y tiene casos controvertidos en su carrera de Ministro,
En especial, hay dos episodios que lo describen en esa trayectoria.
En una crónica del diario El País, publicada en enero de 2015 con motivo de su elección como Presidente de la Corte, contó con el “respaldo del grupo más conservador”. En ese texto, el periodista Luis Pablo Beauregard, recupera cómo Aguilar Morales votó en 2011 para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California: “en lugar de meterse de fondo a una discusión sobre el aborto, como hicieron muchos de sus compañeros, señaló que los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales”.
El otro caso es del proyecto sobre la violación de derechos humanos en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, por la tragedia que cobró la vida de 49 niños en el incendio de esa estancia subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“En un caso altamente politizado, el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del Gobierno”, expone el texto del diario español.
LA TRAYECTORIA INFLUYE
La maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con SinEmbargo que el documento del Presidente López Obrador sí cumple con los requisitos que solicita la Ley Federal de Consulta Popular, que son sencillos.
Sobre que la solicitud fue turnada a Aguilar Morales, dijo que sí considera que su trayectoria tendrá qué ver, “no sólo porque se trate del Ministro Luis María Aguilar, sino porque finalmente somos una persona, un ser humano y reflejamos en nuestro trabajo y maneras cotidianas esos elementos que han servido para crear la personalidad; los elementos culturales, familiares, políticos en donde se desempeña uno. Como ser humano, evidentemente sí van a influir, más aún tratándose de la forma en la que llegó a ser Ministro”.
Sin embargo, continuó, la decisión final no será únicamente de un Ministro, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte. Pero reitera en que sí van a influir en gran medida las cuestiones de ideología política que cada uno represente o con la que comulguen.
Al respecto, el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, comentó que los ministros van a ser muy cuidadosos y se van a mantener de acuerdo al texto de la Ley, a la normativa constitucional y “a todo el andamiaje de normas que existen porque hay un gran escrutinio público. Son muchos ojos de la ciudadanía los que están puestos en este proceso”.
Santa Rita Tamés añadió que para que la propuesta del Presidente López Obrador llegue a una sentencia condenatoria tiene que depurarse y llegar a una imputación por un hecho delictivo en concreto y luego que el Ministerio Público federal lo pruebe.
“Este proceso además puede durar muchos años y no se va a tener una solución en el corto ni mediano plazo. Esto hace que la responsabilidad del Ministro que tiene en sus manos el proyecto en la Corte sea mayor. Lo más fácil que pueden llevar a cabo es quitarse las presiones políticas e ideológicas y actuar conforme a la ley. Eso es lo que creo que va a ocurrir”, consideró el académico de la Universidad Iberoamericana.
Calzada Lemus, académica de la UNAM coincidió en este punto: “no se tomará una postura política pero sí legal. En ese sentido si esos hechos por los cuales el señor Presidente tiene la intención de llevar a juicio a los expresidentes, no se necesitaba propiamente de la consulta, ya que toda persona que participe en un hecho considerado como delito se le dé aviso a las autoridades, el Ministerio Público está obligado a realizar la investigación correspondiente”.
“La SCJN en general va a darle un carpetazo a esta solicitud que presenta el Presidente”, concluyó Calzada Lemus.
