Gilgardo López Astudillo fue liberado en el amanecer de septiembre, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida entonces por Jesús Murillo Karam, informó que él fue el que ordenó asesinar a los estudiantes de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Gilgardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, ordenó ejecutar a los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, refirió la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto.
“El Cabo Gil” fue aprehendido el 17 de septiembre de 2015, casi un año después de que policías municipales y supuestos integrantes del crimen organizado participaran en la desaparición de los 43 normalistas.
El sujeto, sin embargo, permaneció tras las rejas menos de 4 años. En el amanecer de septiembre de 2019, un juez lo absolvió de los cargos. La PGR obtuvo las pruebas con tortura, argumentó la autoridad.
De acuerdo con la versión de la PGR y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en aquel 2014 dirigidas por Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, respectivamente, José Luis Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala, ordenó a David Hernández Cruz, operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, de detener a los estudiantes.
Por su parte, López Astudillo, supuesto lugarteniente del grupo criminal “Guerreros Unidos”, contactó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de la agrupación delictiva, y le informó que sicarios de “Los Rojos”, el grupo antagónico, causaban estragos en Iguala. Se “avaló defender su territorio”.
PGR tuvo acceso a la conversación entre Sidronio y Gilgardo. Incluso mostró antes medios de comunicación un fragmento del enlace.
Después de que Gilgardo diera la orden, los sicarios actuaron y condujeron los restos de los estudiantes hasta el Río San Juan, en Cocula, según la PGR. De los restos sólo pudieron identificarse huesos de Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz, dos de los estudiantes desaparecidos.
En aquel 2014, la PGR ignoró testimonio de estudiantes y de padres de familia que afirmaban la presencia de soldados y policías federales en Iguala. Construyó el relató a partir de las palabras de supuestos miembros del crimen organizado.
La verdad histórica se obtuvo tras 487 dictámenes, incluidos en 85 tomos y 13 anexos del expediente, según la AIC y la PGR.
“El Gobierno federal no dejó de buscar a los estudiantes ni un día”, relató Karam. Además aseguró que comprendía el rechazo de los padres hacia la “verdad histórica”.
“Es obvio y natural que reaccionen con incredulidad, yo haría lo mismo”, dijo. Y concluyó: “Sin lugar a dudas, los normalistas fueron privados de la vida. Es la verdad histórica”.
Su “verdad histórica” se desvaneció ya.
