La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado participaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy, a casi cuatro años de distancia, un Tribunal de Tamaulipas determinó que no hay imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para que atienda el caso de los estudiantes.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala.
Los magistrados subrayaron que sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán cuatro años desde que estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en calles de Iguala de la Independencia, Guerrero, por policías municipales.
En la resolución se dejó en claro que el Tribunal Colegiado atendió en todo momento la litis que fijó el propio Ministerio Público de la Federación al momento de interponer el recurso de revisión, y como en el caso se revocó la determinación del Tercer Tribunal Unitario, la Ley de Amparo obliga al Tribunal Colegiado a reasumir jurisdicción y atender la litis del juicio de amparo de primera instancia.
Al analizar el artículo 21 constitucional conforme a diversos métodos de interpretación, se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En relación a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarían delitos, sino que investigarán hechos, en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los normalistas fueron privados de la vida. Es la verdad histórica”, dijo Jesús Murillo Karam. Sin embargo, sus palabras se sostienen en una investigación que contiene tortura, irregularidades y nada de credibilidad.
Por eso es que los padres y madres aún esperan verlos volver. Porque la versión oficial no los convence, y porque el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) demostró que la historia oficial no tenía sustento.
