Andrés Manuel López Obrador exageró al decir que México está en “bancarrota”, coincidieron especialistas consultados. Sin embargo, dijeron que la economía nacional es muy “delicada” debido a la mala gestión y a las irresponsabilidades cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A nivel macroeconómico México parece “estable”, aunque en el fondo corremos el riesgo de endeudarnos más y con ello detener el flujo de dinero que podría ser invertido para sacar al país del atolladero en el que se encuentra.
Según las cifras del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, la deuda histórica de México es equiparable al 51 por ciento del PIB nacional. El tipo de cambio en los últimos dos años (de entre 19 y 20 pesos por dólar) es el peor de la última década. Sólo de 2013 a 2018, el dólar aumentó en 50.54 por ciento.
Para los especialistas, los “grandes retos” de AMLO serán reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, además de fortalecer el Estado de Derecho. También tendrá que mantener la estabilidad macroeconómica y hacer frente al déficit fiscal que hemos arrastrado durante los tres últimos sexenios.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- México no está en bancarrota como dijo esta semana Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero las condiciones económicas actuales –explicaron analistas consultados– sí ponen al país en una situación “delicada” que reducirá el espacio de operación fiscal de la nueva administración.
“Fue una declaración un poco desafortunada que muestra una frustración [porque] más que una bancarrota, el país sí tiene un espacio fiscal muy reducido. Esto quiere decir que, dado el estado de nuestras finanzas públicas, una vez que pagas todos los compromisos –participaciones a entidades, servicio de deuda, pensiones y nóminas a maestros [entre otros]– el margen de maniobra que te queda para hacer política pública es muy pequeñito”, dijo a SinEmbargo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Para el doctor en economía Luis Foncerrada Pascal, AMLO exageró. Pero lo que sí es cierto, “es que el manejo de las finanzas públicas de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray Caso y de Jose Antonio Meade Kuribreña, estos dos últimos ex titulares de Hacienda, fue muy irresponsable. El endeudamiento que llevaron a cabo en estos años es brutal” y evitó que México tuviera un mayor desempeño económico.
A finales de 2012, la deuda histórica total de México fue de 6.3 billones de pesos (equivalentes al 39 por ciento del PIB). Este año, el país tiene una deuda acumulada de 11.5 billones –incluida la deuda de estados y municipios– que equivalen al 51 por ciento del PIB.
Ello a pesar de que el año pasado el Gobierno federal pagó 200 mil millones de pesos de deuda, con una transferencia del Banco de México (Banxico) de 320 mil millones en utilidades no realizadas (es decir, con dinero “inexistente” que implicó la contracción de más deuda por parte del Banco Central).
Según Foncerrada, este nivel de deuda es “excesivamente alto para un país como México” porque reduce su tasa de crecimiento del PIB. En los países emergentes como el nuestro, cuando la deuda es del 40 por ciento del PIB, su tasa de crecimiento se reduce medio punto porcentual, explicó. Y cuando alcanza niveles como el de México, la reducción aumenta a uno 0 1.5 puntos al año.
Para que México esté en graves problemas, el endeudamiento tendría que ser equiparable al 60 por ciento del PIB (con reducciones estimadas de dos a 2.5 puntos porcentuales).
Por su parte, el PIB en los últimos 18 años tuvo una tasa promedio de aumento de 2.52 por ciento anual, de acuerdo con cifras del Banxico. Pero el país requiere un crecimiento superior al tres por ciento para salir adelante. Empero, con el nivel de deuda –que resta crecimiento– y la falta de inversión pública, la posibilidad de más desarrollo nacional se estancó.
“La falta de inversión fue un error muy serio del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto” y es la más baja en los últimos 80 años (a excepción del periodo 1997-1998), comentó Foncerrada.
Las consecuencias de la mala gestión también se verán reflejadas en los próximos años, cuando la economía crecerá a un ritmo de 2.3 ó 2.5 por ciento. Si queremos crecer a un promedio anual de 3.8 o cuatro por ciento –como lo prometió AMLO en campaña– tendríamos que tener una inversión total equivalente al 24 ó 25 por ciento del PIB, explicó.
En la actualidad, México invierte entre el 19 y el 20 por ciento de su PIB (el 13-14 por ciento lo pone el sector privado, tres el gobierno y tres más los inversionistas extranjeros). Con este nivel de inversión, el mayor crecimiento económico al que nuestro país puede aspirar es del dos por ciento.
Si México estuviera en bancarrota, sucederían catástrofes económicas como las que padece Venezuela, donde la crisis actual ha generado pérdidas en el PIB de 35 por ciento en los últimos cuatro años. O como ocurrió en Bolivia entre 1981 y 1985, cuando su PIB decreció 9.5 por ciento. O Argentina, cuyo PIB decayó en más de 18 por ciento con la crisis de 1998 a 2002.
Hoy, México no atraviesa una crisis tan grave como las de 1982, 1985, 1993 y 1994. Ello se debe –según Foncerrada– a dos cuestiones. Porque tenemos 133 mil millones de dólares de reservas internacionales y 86 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de contar con un tipo de cambio flexible. Estos elementos permiten a México “hacer frente a cualquier tipo de movimiento especulativo”.
Sin embargo, “hay síntomas –además de la deuda– de que podemos caer en una terrible crisis” como en el caso del proceso de devaluación del peso que viene ocurriendo desde 2012, señaló Alfredo Bravo Olivares, profesor de economía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las cifras del Banxico arrojan que el tipo de cambio ha fluctuado de manera paulatina y no de manera estrepitosa (lo que anunciaría un posible desplome del valor del peso mexicano).
La paridad de los últimos dos años (de entre 19 y 20 pesos por dólar) ha sido la peor de los últimos 10 años. Sólo de 2013 a 2018, el tipo de cambio peso-dólar aumentó en 50.54 por ciento a favor de la moneda norteamericana. Y aún, para organismos internacionales como el FMI, los indicadores macroeconómicos del país son “estables”.
A pesar de todo, México no está libre de caer en bancarrota porque “estamos al borde del colapso económico y la economía se mantiene con alfileres”, lamentó Olivares. Y en la opinión de Héctor Villarreal del CIEP, la falta de recesión y de precios fuera de control hacen que, al menos desde el punto de vista de la macroeconomía, no haya crisis.
“Tenemos un margen en las finanzas públicas muy estrecho que sí hay que arreglar. Los pagos que se nos vienen en pensiones, los compromisos con el servicio de deuda, el asunto de que nuestro sistema de salud público no le podemos dar un fondeo, todas son señales de mucha debilidad y cosas de qué preocuparse. Pero no es una crisis macroeconómica en el sentido clásico”, explicó.
LA ECONOMÍA MEXICANA
Luego de la declaración de AMLO sobre la “bancarrota” de México, integrantes del sector empresarial lo contradijeron diciendo que el país ha cumplido con sus compromisos económicos en el interior y en el exterior.
Empero, figuras como Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconocieron esta semana que nuestra nación enfrenta situaciones complicadas en materia de violencia, de impartición del Estado de Derecho y en la eficiencia del gasto público (para pensiones, seguridad social, etcétera), además de la falta de mayor inversión y de mayores esfuerzos en el combate a la pobreza y a la informalidad laboral.
Mientras que la falta de crecimiento económico significa “bancarrota” para AMLO, para instituciones como el Banco Mundial y el FMI implica una situación de insolvencia financiera o monetaria. Es decir, cuando un Estado es incapaz de pagar los intereses de su deuda o cuando es incapaz de contraer deuda porque los organismos internacionales u otras naciones desconfían de su situación económica.
“Declarar una bancarrota tiene que ver con la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos. Si un país no tiene capacidad financiera para cumplir con sus compromisos, en ese momento es un país en bancarrota […]. México tiene los mecanismos establecidos presupuestalmente a través de la Ley de Ingresos para ser cubiertos. Puede haber desequilibrios, que se gaste de más en ciertos rubros, que se tenga que endeudar más todavía”, pero no hay bancarrota aunque sí una “terrible crisis económica y social”, recalcó Alfredo Bravo Olivares de la FES Aragón.
Por ejemplo, en 2008, cuando la crisis financiera y la burbuja de vienes raíces en Estados Unidos, Islandia se declaró en quiebra. Como resultado, nadie le prestaba dinero. Para convencer a los demás de que lo hicieran, elevó su tasa de interés preferencial hasta en un 18 por ciento (Venezuela, otro de estos casos, lo hizo en 20 por ciento).
Con este tipo de alza, el riesgo de falta de pago aumenta y la calificación crediticia de los países decae. Asimismo, la inflación aumenta y los mercados financieros se desploman con la caída del valor de bonos y acciones (como le ocurrió a Argentina en 2001, tiempo en que el Gobierno empezó a congelar cuentas bancarias para evitar un colapso monetario).
En México, la situación económica es “delicada”. Y de acuerdo con los analistas, “cualquier país, para tener estabilidad macroeconómica tiene que tener finanzas públicas responsables y equilibradas, porque si no provocas inflación, que es lo que provocó la administración de Peña Nieto”.
En la actualidad, la inflación subyacente (la que no incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno) es de 8.8 por ciento. El año pasado, la canasta básica alcanzó una tasa de 9.8 por ciento (lo que quiere decir que la capacidad de compra de la gente se redujo en casi 10 por ciento). Y al cierre del año pasado, según el Banxico, la inflación general tuvo uno de sus niveles más altos (6.77 por ciento) desde la crisis financiera de 2008 (cuando fue de 6.53 por ciento).
De esta manera, la inflación actual ha sido una de las más altas en los últimos 17 años y no alcanza el objetivo establecido por el Banxico (de dos a cuatro por ciento). Sin embargo, dista de ser la de una situación de bancarrota (como en Venezuela, que según el FMI, cerrará este año con una crisis inflacionaria de 1 millón por ciento).
EMPLEO PRECARIO Y BAJOS SALARIOS
AMLO aseguró esta semana que la situación de “bancarrota” que ha vivido el país durante los últimos 30 años no permitirá que su administración cumpla con “todo lo que se está demandando”. Sin embargo, prometió que sí cumplirá “todo” lo que ofreció durante el periodo de campaña política.
Para el tabasqueño, la política neoliberal “fracasó”. Y la bancarrota nacional se debe –en su opinión– al incremento de la deuda pública de los últimos 18 años, a la precaria inversión en el país y a la caída productiva del sector energético nacional. Estos elementos, dijo, han abonado al ensanchamiento de la población en situación de pobreza y al incremento de la desigualdad entre mexicanos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), las condiciones de empleo durante el sexenio peñanietista no fueron ideales. La tasa de ocupación decreció (pasó de 60.70 en 2013 a 59.80 en 2018) y la tasa de desempleo, aunque parece de las más bajas del mundo (3.2 por ciento ó 1.8 millones de personas), se agrava si consideramos a las personas que no buscan empleo (14.6 por ciento u ocho millones de individuos) y a quienes están subempleados (6.8 o 3.7 millones de personas).
En el caso de los salarios (cuyo mínimo diario pasó de 64.76 a 88.36 pesos) el aumento registrado sigue siendo insuficiente. Según el reporte Pobreza persistente en México, mercados laborales con salarios bajos de la Universidad Iberoamericana (2018), el salario mínimo diario debería de ser de 353 pesos. Es decir, cuatro veces mayor al mínimo actual.
Con los niveles salariales de hoy en día, es entendible que la pobreza en México, en los últimos 10 años, apenas haya dado marcha atrás (pasó de 44.40 a 43.60 por ciento de la población entre 2008 y 2016, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Para los economistas consultados, los “grandes retos” de AMLO serán reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, además de fortalecer el Estado de Derecho. También tendrá que mantener la estabilidad macroeconómica y hacer frente al déficit fiscal que se ha mantenido en números rojos desde el año 2000 –salvo por el periodo de 2006 a 2007– y que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha mejorado (en 2017 fue 36.28 por ciento menor que en 2012).
“En un país donde el campo no produce lo que se necesita para comer, donde no tenemos una industria propia, donde no tenemos un aparato productivo porque se desarticuló para permitir que las grandes trasnacionales se beneficiaran, ¿cómo generas empleo? Es el reto más grande de la historia de este país y si no se tiene una perspectiva de transformación social de fondo, simple y sencillamente no se va a lograr”, sentenció el economista Alfredo Bravo Olivares de la UNAM.
Entre las medidas recomendadas para que México salga de su atolladero, los especialistas recomendaron la eliminación y sustitución de programas sociales y gubernamentales que no han logrado reducir la desigualdad y la pobreza en México; considerar la asociación con empresas nacionales y extranjeras (porque eso le puede dar recursos adicionales al Gobierno por la vía del pago de derechos) y diseñar una nueva reforma fiscal a lo largo de todo el sexenio, con énfasis en impuestos indirectos (como el IVA o el IETS) e impuestos al flujo (como el IETU, para simplificar el cobro y la fiscalización de impuestos).
“Me llama la atención que [aún] cuando [AMLO] tiene un espacio fiscal tan reducido, salga con una propuesta como la de reducir impuestos en la frontera norte. Es un gasto fiscal potencialmente muy alto. Le está abriendo un hueco al espacio fiscal para evasión y los beneficios de dicha medida son dudosos”, dijo Héctor Villarreal del CIEP, al respecto de las necesidades fiscales.
Para los analistas, el meollo para la siguiente administración será la priorización de recursos (por el reducido espacio fiscal), que además de subsidios en programas sociales, requerirá de una gran inversión –como en el caso de la infraestructura nacional– para impulsar el desarrollo y evitar perder el costo de oportunidad de los recursos, como sucedió durante el sexenio que está por concluir.
