¿Recuerdan la quema de la puerta de palacio nacional durante una protesta en 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa?

Cuando el diálogo con las autoridades se cierra, las puertas del espacio público se abren. La gente sale a las calles y exige lo que el gobierno o los poderosos les han negado. La apropiación del espacio cívico es una forma de mostrarle al gobierno a quién se debe y por qué se debe. Las protestas aún cuando impliquen la desobediencia cívica o las acciones directas no violentas son legítimas. No podemos esperar que ante la ira y el enojo que implica el desamparo, la manifestación sea siempre inofensiva.

La protesta, aunque chocante para algunos, es muchas veces una demostración de la insatisfacción social, una forma de llamar la atención sobre algo a lo que el Estado ha querido dar la espalda. Las protestas pueden ser perturbadoras y, aunque a veces nos incomodan, promueven el cambio e, incluso, provocan verdaderas transformaciones sociales. ¿Recuerdan cuando quemaron la esfinge de Peña Nieto en el Zócalo capitalino?

A lo largo del tiempo, en México hemos visto protestas que van desde escalar el asta bandera del Zócalo para colocar una manta con una exigencia directa al gobierno hasta atacar páginas de Internet de ciertas instituciones del Estado o partidos políticos a través de DDoS. También hemos visto miles de personas marchar y exigir justicia por las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en nuestro país (la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, el incendio de la guardería ABC, los múltiples feminicidios, etc.)

En estos contextos, hemos sido testigos, de la manera en la que diversos actores – a veces gubernamentales y a veces actores no estatales – buscan criminalizar y estigmatizar las protestas para desvirtuar el mensaje y desdibujar las demandas sociales. Además, estos actores echan mano de diversas herramientas que son efectivas para una caracterización negativa de la protesta que detone la posibilidad de represión. Como ocurrió en San Salvador Atenco en mayo 2006, cuando la violencia perpetrada contra un elemento de seguridad y difundida masivamente por los medios de comunicación, fue la justificación del Estado para reprimir y torturar sexualmente a un grupo de mujeres que se estaban manifestando en contra de la construcción del aeropuerto.

El viernes pasado las mujeres salimos a las calles porque el Estado nos ha dado las espalda, porque hemos cumplido y obedecido las reglas sociales y, sin embargo, las reglas no han sido aplicadas con justicia para nosotras. Por el contrario, han sido utilizadas para excluirnos, estigmatizarnos y criminalizarnos. Salimos a exigir seguridad y justicia, acciones concretas y compromisos puntuales. No obstante, actos aislados que se tornaron violentos fueron utilizados para estereotipar la protesta y sus reivindicaciones por parte de las autoridades e, incluso, por la misma sociedad.

Lo cierto es que, como el caso de la quema de la puerta de Palacio Nacional, las demandas se mantienen vivas a pesar de los intentos de acallarlas o desvirtuarlas. En aquél momento fue la exigencia de justicia por la desaparición de los 43 de Ayotizinapa, hoy es por la justicia, verdad y seguridad para las mujeres que vivimos en esta Ciudad. Con el tiempo, los gobiernos se van y cambian por otros pero la sociedad sigue, mantiene la resistencia y protesta.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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