El informe preliminar del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimientos alerta que existen denuncias de la colusión entre autoridades y organizaciones delictivas en la consecución de crímenes de lesa humanidad.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- En México persiste un contexto generalizado de violencia de Estado, en el que autoridades actúan en colusión con el crimen organizado, señaló el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimientos (TICPM) luego de una serie de audiencias con víctimas (y familias) de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, torturas, feminicidios, entre otros casos.
En un informe preliminar de las audiencias que se llevaron a cabo en Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, del 11 al 18 de agosto, el TICPM determinó que “el Estado mexicano en todos sus niveles carece de un diagnóstico y de una estrategia adecuada para frenar una combinación de violencia generaliza e institucional”.
“Es hora de la justicia, la verdad y la memoria de los pueblos”, puntualizó Camilo Pérez Bustillo, miembro del TICPM.
Entre los hallazgos, los expertos destacan: denuncias de la colusión entre autoridades y el crimen organizado en el desplazamiento forzado, feminicidio y desapariciones; además de la impunidad en todos los niveles.
James F. Smith, del gremio nacional de Abogados y miembro del jurado del TICPM, resaltó que “una docena de víctimas han hablando con toda la valentía de expresar los horrores que han sufrido y aquellos que tienen problemas en sus propias comunidades como el lema de ‘el que no tranza, no avanza’, piden ayuda de la comunidad porque del Gobierno no viene”.
Por otra parte, derivado de las audiencias, el Tribunal señaló la persistencia de casos de presos políticos y de conciencia donde la tortura es una constante.
“Se trata de ver cuáles son las condiciones sistemáticas que desde varios años viven estas comunidades. Es una crisis humanitaria que se manifiesta en diferentes formas (desde la desaparición forzada, criminalización, ejecuciones extrajudiciales hasta la fabricación de culpables). Es un sistema que se tiene que tratar en el próximo Gobierno”, señaló David Verte, de la organización Vero y miembro del jurado.
De acuerdo con más referencias del Tribunal, las violaciones que se cometieron en la época de la guerra sucia siguen sin resolverse. “Este deber ser un elemento integral del marco del proceso de justicia tradicional que ha iniciado con la realización de los foros de consulta y reconciliación, y que tendrá que culminar con mecanismos efectivos como una ley de Amnistía”.
“Las víctimas existen y exigen justicia y en esto el Estado mexicano ha fallado. Existe la preocupación con el Gobierno entrante que se trabaje con políticas públicas enfocadas a las víctimas”, dijo Sergio Reynoso, coordinador de Amap y miembro del Jurado.
El Tribunal concluyó con tres exigencias que fueron los que permanecieron en cada una de las audiencias y testimonios: acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la falta de reparación del daño.
“Es imperativo que el Estado cumpla con su responsabilidad de promover y garantizar los derechos humanos, con el objetivo de asegurar un ambiente sin violencia para el libre ejercicio de la expresión popular, sin factores de intimidación, falsificación de hechos, inhibición o coerción de la búsqueda de la justicia”, enfatizaron representantes del TICPM.
