Decir que la sociedad mexicana tiene severos problemas de acceso a servicios de salud es un lugar común. De hecho, durante la reciente campaña electoral los cuatro candidatos a la presidencia insistieron –con diferente énfasis— en la necesidad de transformar de raíz nuestro sistema público de salud y alcanzar una cobertura universal.
A pesar del gran avance de los últimos años, la situación actual todavía es –por decirlo suavemente– dramática. Una tercera parte de los mexicanos declaran carecer de cualquier tipo de protección sanitaria: casi cuarenta millones.
Aquellos que sí tienen acceso, deben enfrentar un sistema absurdo. El estatus laboral –si eres desempleado, trabajador formal o informal, del sector público o privado– va a determinar en buena medida a qué institución se accede y los derechos con los que se cuenta. No es lo mismo estar afiliado al IMSS o al ISSSTE que al seguro popular. El gasto público per cápita en los dos primeros casos, por ejemplo, es cincuenta por ciento más elevado que en el seguro popular (y por lo tanto se tiene derecho a mayores prestaciones y mejores servicios).
El IMSS y el ISSSTE benefician a los sectores sociales con mayores recursos. En el caso del IMSS, por ejemplo, más de la mitad de los afiliados se encuentra entre el cuarenta por ciento de la población con mayor ingreso; uno de cada cuatro derechohabientes pertenecen al quintil más rico del país; y el noventa por ciento de sus usuarios habitan en ciudades.
Dentro del veinte por ciento de la población más pobre, solamente uno de cada ocho personas está afiliado al IMSS y una de cada ochenta y tres al ISSSTE. En conjunto, poco menos del catorce por ciento –uno de cada siete— de los mexicanos con menos recursos tiene acceso a este tipo de instituciones.
La desigualdad territorial es igualmente marcada. El lugar en el que se nazca determina en buena parte la suerte que correrá nuestra salud (y nuestra vida).
Mientras que un capitalino se beneficia de un gasto público superior a los 7,300 pesos, los chiapanecos solamente perciben poco más de mil ochocientos. La disparidad es de más de cuatro veces. Si en algunos estados prácticamente todos los nacimientos son atendidos por profesionales capacitados, en otros –como Chiapas– este tipo de atención únicamente alcanza al cuarenta por ciento de partos. La mortalidad materna de Guerrero, por ejemplo, es cinco veces mayor que la de Nuevo León.
Del mismo modo, en algunas entidades todavía continúan muriendo niños por enfermedades fácilmente curables. Un niño chiapaneco tiene ocho veces más posibilidades de morir debido a una infección respiratoria que uno de Tamaulipas; cincuenta y un veces más probabilidades de fallecer por enfermedades diarreicas que uno de Zacatecas; o cuarenta veces más que uno de Coahuila, debido a desnutrición.
Invertir mayores recursos y reestructurar todo el sistema de salud no es una cuestión de mera equidad, sino también de eficacia. Es evidente que la salud es un componente fundamental para explicar el bienestar de los seres humanos y el desarrollo económico de las sociedades. Hay estudios que demuestran que aproximadamente entre un tercio y la mitad del crecimiento de un país se puede explicar por la salud de su población y el impacto que tiene en la productividad. Más aún, “un año de incremento en la esperanza de vida se traduce en un incremento de entre uno y cuatro por ciento del PIB”.
Nuestro rezago en esta materia es incuestionable. El acceso a servicios de salud es profundamente desigual –y discriminatorio– La transformación y ampliación del sistema es urgente. Esperemos que –como ha anunciado– esta sea una de las grandes prioridades del nuevo gobierno.
No hay dinero mejor invertido.
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