Durante 2022, se denunciaron a nueve servidoras públicos de los Congresos estatales ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en ejercicio de sus funciones: 66.7 por ciento correspondió a hombres y 33.3 por ciento, a mujeres.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de servidoras públicos de los congresos estatales aumentaron 133.7 por ciento durante 2022, en comparación con el año 2020, así lo dio a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el CNPLE, que se publicó el pasado 11 de julio, en el 2022, “los congresos estatales recibieron 769 denuncias que derivaron del incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas”, mientras que en el año 2020, estas denuncias sumaron sólo 329, lo que se traduce en un incremento de más del cien por ciento en dos años.
Además, señala que también se registró un aumento en el número de auditorías que se aplicaron a los congresos estatales. Esto, debido a que en 2022 se aplicaron 377 de este tipo de inspecciones, y en el 2020, estas sumaron 286, lo que significa una alza del 31.8 por ciento.
Respecto a las investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas de los congresos estatales, en el 2022, se iniciaron mil 094, de las que se concluyeron 863 investigaciones. Asimismo, en ese mismo año, los procedimientos de responsabilidad administrativa que se iniciaron fueron 412, de los cuales se concluyeron 403.
Del total de los procedimientos concluidos, y derivado de los mismos, se ejercieron sanciones contra 270 personas servidoras públicas de los congresos estatales, cifra que representó un aumento de 11.1 por ciento con respecto a 2020, cuando las sanciones sumaron 243.
Al ahondar en el tipo de falta administrativa asociada, el CNPLE indicó que “270 personas servidoras públicas sancionadas cometieron faltas administrativas no graves” y al detallar sobre el tipo de sanción, expuso que 189 personas servidoras públicas, lo que corresponde al 69 por ciento, tuvieron amonestación privada.
En este sentido, el Censo destacó que la sanción administrativa [amonestación privada] presentó un aumento del 52.4 por ciento en 2022, cuando se ejercieron 189 de estas acciones, con respecto al 2020 cuando este tipo castigo se ejerció en 124 casos. En tanto, la inhabilitación temporal presentó una disminución del 27.8 por ciento, ya que en 2020, se ejerció en 72 casos y en 2022, en 52.
Asimismo, la Amonestación pública se mantuvo igual ya que tanto en 2020 como en el 2022 se ejercieron 24 veces, respectivamente; la sanción económica incrementó, ya que en 2020 se aplicó una sola vez y en el 2024, cuatro veces; la destitución disminuyó 72 por ciento, ya que en 2020 se ejerció 11 veces y en 2022, tres; la suspensión del empleo, cargo o comisión en 2020 se aplicó tres veces y en 2022, dos veces.
El CNPLE también expuso que “durante 2022, se denunció a nueve personas servidoras públicas ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en ejercicio de sus funciones: 66.7 por ciento correspondió a hombres y 33.3 por ciento, a mujeres”.
También señaló que en 2022, el Órgano Interno de Control (OIC) o su homólogo participó en el ejercicio de la función de control interno de 31 congresos estatales, en los que contaron con 333 personas adscritas.
El OIC es el encargado “de prevenir, detectar y sancionar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas”, según lo que señala el Portal de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Para ello, deben de llevar a cabo “la investigación de las denuncias, la substanciación y la resolución de los procedimientos administrativos de responsabilidades de su competencia”, con el objetivo de promover la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y el apego a la legalidad de los servidores públicos”, añade la SFP.
