Las órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y de sus cómplices que se dieron a la fuga se están tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes para obtener, en su caso, la extradición que procede.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que Felipe Calderón Hinojosa “no quiere ayudar” en el caso de Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en su sexenio y ahora se encuentra a la espera de su condena en Estados Unidos, donde fue declarado culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico.
Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por más detalles del anuncio que hizo ayer la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la reactivación de tres órdenes de aprehensión contra García Luna; su esposa, Linda Cristina Pereyra; y hermanos, por delitos cometidos en México, a fin de lograr su extradición.
“Hace como dos o tres días aquí se preguntó si se tenían denuncias contra García Luna en México y tengo entendido que ayer la Fiscalía dio a conocer que sí hay denuncias presentadas contra García Luna”, dijo el mandatario mexicano.
Desde Palacio Nacional, recordó que los recurso están relacionados con el operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México para rastrear a delincuentes durante el sexenio de Felipe Calderón.
“El caso de ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo concertado entre los gobiernos de ese entonces. Era Presidente o detentaba en la Presidencia Felipe Calderón. Entonces se pusieron de acuerdo con una agencia en Estados Unidos para introducir armas. El plan era que esas armas tenían sensores para darles seguimiento y como iban a llegar esas armas a manos de la delincuencia con esos sensores, iban a poder detectar a estos grupos y actuar en contra de ellos”, detalló López Obrador.
“¿Qué sucedió? Pues que esas armas sí llegaron a manos de la delincuencia, no detuvieron a nadie y sí las usaron para cometer asesinatos, tanto de mexicanos como de estadounidenses”, lamentó.
Con el operativo “Rápido y Furioso”, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Estados Unidos ingresó más de dos mil 500 armas de fuego a territorio nacional.
El impacto de dicho operativo ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Pero imagínense en un narco-Estado, que eso fue el Gobierno de Calderón porque García Luna era el Secretario de Seguridad y el brazo derecho de Calderón, si estaban coludidos con la delincuencia”, agregó hoy el Jefe del Ejecutivo federal.
Desde Palacio Nacional, señaló que se llegó a abrir una investigación en Estados Unidos, pero que “también le dieron ‘carpetazo’ allá”. “Entonces ese es uno de los asuntos y lo otro, pues es todo el dinero de procedencia ilegal y los bienes: departamentos, vehículos, muchos bienes de lujo en Florida”, recapituló.
De acuerdo con el político tabasqueño, las y los integrantes de esa trama de corrupción “se llevaban todo el dinero para allá”, por lo que ahora el Gobierno mexicano está “buscando que regrese”, pues “se calcula un daño patrimonial de 700 millones de dólares”.
“No quiere ayudar Calderón, prefiere guardar silencio. Debería de hablar; decir que es falso todo; que fue un invento del Gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA; y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna; defenderlo o decir: ‘Cometí un error’ -que en política los errores son como crímenes-. ‘Y lo invité a participar, y le di mi confianza y me engañó, pero yo no supe’. O: ‘Como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento, y me pongo a disposición de la justicia’. Que diga algo, algo, algo. Él mismo”, insistió.
Posteriormente, el Presidente de México subrayó que se comprometió a no perseguir a nadie en su Gobierno y sólo investigar a los exmandatarios si así lo decidía la gente en la consulta ciudadana que se realizó el 1 de agosto de 2021.
“Nosotros dijimos: ‘No vamos a perseguir a expresidentes, sólo que la gente así lo decida’. Se hizo una consulta. Muchos dijeron que sí se abra una investigación, la mayoría de los que participaron en la consulta, pero los del bloque conservador llamaron a no votar en la consulta y no se llegó al porcentaje que exige la Ley para que la consulta fuese vinculatoria. El porcentaje es el 40 por ciento y creo que participó como el 20 por ciento porque el bloque conservador en los medios de manipulación pues no iban a promover una consulta”, acusó.
Sin embargo, el Jefe de Estado mexicano reiteró que Felipe Calderón podría colaborar con las autoridades para resolver estos casos, sin importar que actualmente radique en España.
“Él está en España, pero está muy atento de todo lo que pasa en México porque casi diario está poniendo mensajes [en sus redes sociales]. No, no hace falta que venga aquí, nada más que escriba un texto o grabe video, que diga algo. ¿Por qué el silencio y hablar de otras cosas?”, cuestionó.
El pasado 21 de febrero, García Luna fue encontrado culpable de colaborar con los cárteles de la droga mientras era el Secretario de Seguridad Pública del Presidente Felipe Calderón, según determinó el jurado de 12 personas que deliberó y encontró la evidencia suficiente para responsabilizar al “súper policía” mexicano de los cinco cargos que pesaban en su contra.
“García Luna, que alguna vez estuvo en lo más alto de la seguridad en México, vivirá ahora el resto de sus días habiendo sido desenmascarado como un traidor a su país y a los honrados miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, declaró en un comunicado el Fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.
Será el próximo 27 de junio a las 11:00 horas del Este cuando el Juez Brian Cogan rinda la sentencia, que podría ser de 20 años a cadena perpetua por cada cargo relacionado con el narcotráfico, más los cinco años como máximo por mentir a las autoridades migratorias en su proceso de naturalización.
Este caso tuvo como eje la evidencia proporcionada por los testigos cooperantes, además de agentes de la DEA, el FBI y la Guardia Costera, así como expolicías federales mexicanos.
