Por si el final de este sexenio no estuviera cargado de incertidumbre, gracias a la actitud de bravuconería y desprecio a la legalidad del Presidente y su empeño por garantizar la continuidad en el poder de su coalición, cueste lo que cueste, si en la presente legislatura no impera el sentido común, el 1 de agosto del próximo año viviremos una crisis constitucional, resultado de la contrahechura de la reforma que en 2014 modificó el calendario de elección y toma de posesión del Presidente de la República y del Congreso.

Si a todos nos quedó claro desde entonces que este sexenio sería más corto de lo habitual y que el actual Presidente cesará en su cargo el 30 de septiembre de 2024, porque quien resulte electo en junio del próximo año tomará posesión el 1 de octubre, el tema se oscurece por lo que toca a la legislatura en funciones, por una omisión legislativa ridícula, producto de un error que, además, le pasó inadvertido a tres legislaturas desde entonces.

Resulta que, según la reforma de 2014, el año en que haya toma de posesión de nuevo Presidente, el primer período de sesiones de la legislatura comenzará el 1 de agosto, en lugar del 1 de septiembre. El problema es que en los transitorios de la reforma Constitucional no se estableció el final anticipado del encargo de los senadores electos en 2018 y de los diputados que entraron en funciones en 2021. Por si fuera poco, el error no se corrigió tampoco con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Nueve años han pasado, diputados y senadores han llegado y se han ido, algunos han sido reelectos y ninguno advirtió el pequeño problema, hasta ahora que se acerca el plazo.

El sentido común indicaría que los legisladores asumirían sin problema el error, atribuible, más que a los propios legisladores, atentos al día a día del trabajo parlamentario y no a cuestiones técnicas de esta índole, a la burocracia del Congreso –sobre todo a Servicios Parlamentarios. Sin embargo, resulta que ahora la mayoría no se quiere ir en julio y muchos insisten en que fueron electos por seis y tres años completos. Para acabarla de fastidiar, el INE no especificó en las constancias de mayoría entregadas a los senadores y diputados electos la fecha del final del encargo, lo que habría facilitado las cosas.

El hecho es que ya se armó un embrollo que se presta para todo tipo de grilla, en un clima que ya de por sí se corta con cuchillo de lo denso que está. Imaginemos un escenario de conflicto postelectoral en el que, por si fuera poco, los integrantes de la actual legislatura no quieren dejar sus cargos, en plena temporada de calificación de la elección presidencial por el Tribunal, porque, según ellos, les falta un mes.

¿Tendríamos mil diputados, menos los que se logren reelegir, y 256 senadores durante un mes? ¿En cuál de las dos legislaturas en funciones recaería la soberanía popular? El lío está como para alquilar palcos, sobre todo si la actual coalición hegemónica pierde la mayoría en la elección del próximo año: podrían alegar ser una legislatura legítima, frente a la espuria, resultado del fraude. De esta runfla política se puede esperar lo peor, por no hablar de su líder iluminado, dispuesto siempre a poner ejemplo de desmesura.

El asunto se resolvería con buena voluntad y sentido común, pero ya sabemos que ese es el menos común de los sentidos en la política, donde todos los actores pretenden sacar provecho de los momentos turbulentos. Ni siquiera se hubiera necesitado una reforma constitucional, con su complejo proceso de aprobación por las legislaturas locales. Hubiera bastado con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que estipulara el final de la actual legislatura el 31 de julio y estableciera que la nueva comienza el 1 de agosto, pero los legisladores, ya advertidos del problema, dejaron pasar la oportunidad y ahora ya no se puede ir por la vía sencilla, porque la reforma tiene implicaciones electorales y ya se ha agotado el plazo constitucional para cambiar leyes relacionadas con los comicios. Ahora solo queda la reforma a la Constitución para que los próximos legisladores entren en funciones el 1 de septiembre y los actuales se salgan con la suya hasta el 31 de agosto.

Las cosas se complican cuando estamos a punto de la estampida en las Cámaras para buscar nuevos cargos o la reelección. Viene una época de escaños ocupados por suplentes, llegados a tratar de sacar el mayor provecho posible de los meses con fuero que les caen. Así, pueden vender caro su amor para lograr un ajuste legislativo que debería ser trivial.

Si los legisladores no se ponen serios en este tema, el asunto podría acabar en el Tribunal Electoral el próximo año, en plena temporada de sobrecarga de asuntos, para convertirse en un punto más de litigio en unas elecciones que se antojan tempestuosas, gracias al clima de polarización y crispación al que ha llegado la política nacional.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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