Al cierre de 2020, la población internada se conformó por 211 mil 169 personas. De ellas, el 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento, mujeres.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– El 37.9 por ciento de las personas que se encuentran internadas en un centro penitenciario en México no cuentan con una sentencia, refiere el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta situación ha quedado evidenciada con los casos de Israel Vallarta, detenido en diciembre de 2005 durante el montaje de un operativo implementado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), que entonces encabezaba Generado García Luna —actualmente detenido por narcotráfico—, acusado de supuestamente pertenecer a la banda de secuestradores, Los Zodiaco. Desde hace 16 años, él se encuentra preso sin que haya sido procesado.
Un caso similar —igual de polémico— es el que enfrenta Brenda Quevedo, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, a quien el Instituto Federal de Defensoría Pública ha demandado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificación de pruebas y tortura en relación, precisamente, al caso de Quevedo, quien en los próximos días podría quedar libre si el juez que lleva su caso resuelve a favor una petición que hizo el Grupo de Trabajo de la ONU, luego de permanecer 14 años en prisión sin sentencia.
Ambos casos son un botón de muestra de una práctica que ha sido denunciada y que persiste en el país: el de personas que son detenidas y a quienes se les dicta prisión preventiva debido a los señalamientos que se les imputan son graves. De esta manera permanecen por años privados de su libertad sin que sean procesados. Estas circunstancias se agravan si se toman en cuenta las deficiencias que existen en el sistema de impartición de justicia.
Un factor que también puede influir en que 4 de cada 10 personas no tengan sentencia, puede deberse a la falta de recursos de los internos. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 —la más reciente a la fecha— señala que el 72.1 por ciento de los reos tiene estudios de educación básica, esto es, preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada.
Esto lleva muchas veces a que no puedan costearse una asesoría o defensoría legal, y que recurran a defensores públicos, quienes lidian con una importante carga de trabajo, según dio a conocer México Evalúa en su informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, el cual refiere que en promedio, durante 2019, cada defensor público representó a 163 imputados.
“Estas cargas de trabajo, claramente excesivas, ponen en duda que los defensores puedan dedicarle suficiente tiempo a cada asunto para su preparación”, se lee en el reporte.
La misma ENPOL arroja otros datos que pueden dar una tela de muestra de los perfiles de quienes están en prisión con un 21.5 por ciento de detenidos que fueron sustraídos de un lugar sin una orden de detención de por medio, y con 46.9 de los reos señalando haber sido encarcelados luego de ser acusados de cometer un delito, y de un 41.9 por ciento que fue recluido tras haber declarado la comisión de un delito. Esto último se presta a autocinculpaciones, como ocurrió en el caso de Brenda Quevedo, quien tras haber sido sometida a tortura declaró haber participado en el crimen del que se le acusa.
EL CENSO DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Al cierre de 2020, refiere la CNSIPEE-F, conjuntamente en el ámbito federal y estatal, la población internada se conformó por 211 mil 169 personas. De ellas, el 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento, mujeres.
Con respecto a 2019, indican los mismos datos, se registró un aumento de 6.2 por ciento en las personas privadas de su libertad que se encuentran en uno de los 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
Del número de internos, 194 mil 841 correspondieron al ámbito estatal (lo que representó 92.3 por ciento) y 16 mil 328 (7.7 por ciento) al federal. Del total reportado, 95 por ciento eran hombres y 5 por ciento eran mujeres.
El Censo elaborado por el Inegi señala que los internos cometieron presuntamente un total de 294 mil 392 delitos al cierre de 2020; de estos, 277 mil 762 (94.4%) fueron perpetrados por hombres y 16 630, por mujeres. En comparación con 2019, hubo una disminución en el total de delitos cometidos de 6.6 por ciento.
Respecto al tipo de delitos cometidos por los hombres privados de la libertad en los centros penitenciarios federales, 4 mil 348 (21.0 por ciento) correspondieron a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos.
En cuanto a los delitos cometidos por los hombres internados en los centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento, el principal fue robo con un total de 84 mil 755 (33.0 por ciento).
INCIDENTES Y CASOS COVID
De acuerdo con el Censo, durante 2020 ocurrieron dos mil 383 incidentes de inseguridad en los centros penitenciarios federales, estatales y en los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Esta cifra representó 19.5 por ciento casos menos que en 2019.
Los mismos datos dan cuenta que en dichos incidentes estuvieron involucradas seis mil 84 personas; además, se reportaron 140 personas fallecidas y 839 heridas en dichos incidentes.
Del total de incidentes, 45.5 por ciento fueron riñas, además 27.5 por ciento ocurrieron en los centros penitenciarios federales y 20.6 por ciento en los centros penitenciarios estatales y especializados de estado de México.
Recientemente, SinEmbargo informó cómo el pasado 1 de julio los internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 en Gómez Palacio, Durango, fueron vejados y torturados durante un operativo de seguridad en presencia de la Guardia Nacional e incluso de personal de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Durango.
En cuanto a los casos de COVID registrados en los centros de reclusión, el Censo indica que durante 2020 se reportaron 199 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales 96.5 por ciento eran hombres y 3.5 por ciento, mujeres.
