Toda democracia digna de ese nombre se basa en reglas electorales para acceder al poder, que deben ser estables, justas y de aplicación general. La ley que puede ser violada por algunos sin que haya una sanción hacia el infractor, deviene en una norma parcial en favor de un grupo y es, por lo tanto, una afrenta a los ideales democráticos.

Desgraciadamente, estamos siendo testigos de una versión novedosa y escandalosa de la violación de las leyes electorales a través de un fraude burdo a la ley.

En efecto, el partido Morena ha decidido iniciar su proceso para definir al candidato presidencial de la coalición que encabeza, cinco meses antes de lo ordenado por el artículo 194 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Resulta paradójico que el mismo partido que en el pasado reclamara a otros desplegar campañas antes de tiempo, se encuentre ahora repitiendo con agravantes, las prácticas que combatió discursivamente.

Un paréntesis para decir, que aunque podrían haber voces de buena fe que aconsejaran a la oposición no quedarse atrás y realizar su propio proceso similar al del oficialismo, anticipado y en fraude a la ley, para elegir a su candidato o candidata presidencial antes de lo establecido por la Ley, eso no sería una buena idea.

La oposición tiene que enviar el mensaje inequívoco a la ciudadanía de que, a diferencia de sus contrincantes del oficialismo, sí respeta la Ley. Estoy convencido de que los votantes valorarán el respeto al estado de derecho, como valor esencial de la convivencia democrática.

El fraude a la ley electoral, no importa quien la realice, es a todas luces una violación al principio de equidad en cualquier competencia electoral. Si este principio es letra muerta, contar con elecciones auténticas es imposible.

Para eludir la Ley, el partido oficialista ha recurrido a la simulación de que las campañas de los diversos candidatos es para elegir a la “coordinación de defensa de la 4T”, un cargo que ni siquiera existe en sus estatutos.

Es desconcertante que recientemente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE haya sido tibia en aplicar la normatividad con exhaustividad, evitando las violaciones actuales y latentes a la Ley electoral por parte de Morena. En los hechos, esta decisión equivale a dar permiso para que se hagan campañas anticipadas. Esperemos que pronto se rectifique.

Todo esto ocurre en un contexto desafortunado en cuanto hace a la actuación del árbitro electoral. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) es el área encargada de revisar el origen y el destino de los recursos que administran los Partidos. Sin embargo, debido a presiones de sectores cercanos al Gobierno, la UTF se encuentra sin titular y la dirige un encargado de despacho. Con esta debilidad institucional, su necesaria labor de fiscalización se ha hecho más difícil. No sólo eso, sino que de las 16 unidades técnicas del INE sólo una cuenta con titular. Lo mismo sucede con la Secretaría Ejecutiva.

Parecería que la estrategia utilizada por el régimen para debilitar a otros organismos autónomos, es ahora utilizada en el INE, sin que los Consejeros (nuevos y previos) del órgano electoral busquen los consensos para evitarlo.

Es clara la intención para descabezar oficinas cuyo trabajo es esencial, con el fin de obstaculizar el trabajo eficiente y evitar así labores de fiscalización.

Quizás haya cierta esperanza de algo mejor en el futuro del órgano electoral. Sin duda, la reunión celebrada por el Presidente de la República y los Consejeros del INE constituye un paso en la dirección adecuada para normalizar la relación institucional entre el Poder Ejecutivo Federal y el órgano autónomo del Estado. Que el restablecimiento de ese vínculo sirva a la democracia, y que bajo ninguna circunstancia se sacrifique la autonomía del INE.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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