La política panista destacó que el acuerdo “contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad públicas a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad debe ‘coordinarse’ con el Secretario de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina“.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que presentará una controversia constitucional para que revise el acuerdo del Ejecutivo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Mediante un comunicado, la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que existen razones para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CJN) revise la constitucionalidad del acuerdo.
“Lo anterior, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 233 párrafo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados para cumplir mi deber de respetar y hacer respetar las decisiones legislativas de la Cámara de Diputados”, puntualizó.
Rojas detalló que la controversia expone las razones por las que el acuerdo se aleja de los parámetros establecidos en la Constitución, ya que deja de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.
La política panista destacó que el acuerdo “contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad públicas a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad debe ‘coordinarse’ con el Secretario de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina“.
Añadió que pese a que el texto constitucional establece que las fuerzas armadas están sujetas a los órganos civiles competentes, el acuerdo firmado por el Ejecutivo “deja la supervisión y control de las tareas de las fuerzas armadas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente”.
Rojas aclaró que la controversia no busca cuestionar la facultad del Presidente de disponer de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad público, sino “sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”.
Finalmente, enfatizó que “el propósito de esta controversia, así como de otras acciones legislativas que propondré en breve, buscan generar el marco jurídico que merecen y necesitan para alcanzar el fin último de un México con paz y seguridad”.
