Por Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner, Alejandra Macías y Ana Saiz

Las y los mexicanos somos herederos de una larga tradición de brindar protección a quienes se ven forzados a salir de sus países, huyendo de la guerra, el hambre, las dictaduras y la violencia. Hemos demostrado nuestra generosidad con el mundo al abrir nuestras puertas a gente que ha solicitado asilo. Hoy, son personas refugiadas que han encontrado en México un lugar para reiniciar sus vidas y que han contribuido con su talento, su capacidad y sus ideas para que nuestro país supere las adversidades.

Ante la pandemia por COVID-19 y las políticas migratorias adoptadas por el acuerdo entre México y Estados Unidos, esa tradición está en riesgo. Entre enero y mayo del presente año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha reconocido a más de cuatro mil personas como refugiadas, en su mayoría, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, existen aún miles de personas más que se mantienen en espera de sus procedimientos, ya que, por la contingencia sanitaria, la COMAR ha suspendido los plazos de manera indefinida para procesar sus solicitudes.

A esta situación se suma la falta de atención médica preventiva e integral ante un virus que no conoce fronteras, el coronavirus. Las personas solicitantes de asilo y refugiadas que hoy se encuentran en situación de calle y sin acceso a los servicios básicos de salud, se han vuelto invisibles. No existen, ni siquiera, datos públicos oficiales sobre cuántas personas se encuentran en esta situación. De acuerdo con los últimos datos, se estima que hasta el mes de marzo, habían sido devueltas 64 mil 934 personas de distintas nacionalidades a México para esperar meses de audiencia en el juzgado de asilo. Pero ante la falta de datos oficiales, la realidad es que no sabemos con certeza cuántas personas esperan en nuestro país y en qué situación se encuentran (1).

No podemos seguir cooperando con Estados Unidos para abandonar a las personas solicitantes de asilo y refugiadas a su suerte, debemos contar con mecanismos eficientes que permitan cuidar su integridad. Debemos verles como lo que son: personas como cualquier otra, con derechos y obligaciones. La única diferencia es que ellas y ellos no migraron por elección, sino porque no tuvieron otra opción.

Lamentablemente, los problemas que obligan a las personas solicitantes de asilo y refugiadas a dejar sus países no van a desaparecer. Por esa razón, debemos estar a la altura para seguir brindándoles nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en el pasado.

El primer paso es reconocer que ya están aquí, que son personas con derechos. Tenemos que voltearlos a ver. Tanto el gobierno, como las empresas y la sociedad podemos hacer mucho para brindarles nuestro apoyo. El gobierno debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluyendo el derecho a la atención médica. Hoy, más que nunca, deben de promover mecanismos para prevenir y detener la xenofobia y la discriminación. Las empresas y la sociedad debemos verles como personas, como aliados y aliadas de México. Ellos y ellas son parte fundamental para que logremos superar la pandemia y la crisis económica.

De acuerdo con los últimos datos, en 2018, México se encontraba en el lugar 123 de los países que reciben personas refugiadas. Únicamente recibimos 0.96 por cada 10 mil habitantes. Esta cifra es incomparable con la cantidad de personas refugiadas que recibieron países como Líbano, Jordania o Turquía, que se encuentran en los primeros lugares de la lista con más de cientos de refugiados recibidos bajo el mismo parámetro.

La realidad es que México puede recibir a más gente, como lo ha hecho a lo largo de los años. En el pasado hemos recibido a personas refugiadas que llegaron a convertirse en artistas, científicos, escritores, deportistas y emprendedores. Ésta no puede ser la excepción.

A partir de este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, comencemos a verles como son: personas que contribuyen a hacer de México un país más fuerte.

Hoy #YoElijoVerles.

*Ana Lorena Delgadillo es Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gretchen Kuhner es Directora General del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Alejandra Macías es Directora de Asylum Access México. Ana Saiz es Directora General de Sin Fronteras IAP.

(1) Datos de TRAC Imigration Transnational Records Access Clearinghouse

Sin Fronteras

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